El campo ve insuficientes las medidas del Gobierno para impulsar los precios

El Consejo de Ministros aprobó este martes la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria con la esperanza de atajar el descontento del campo. “Un buen primer paso, aunque insuficiente”, respondieron las organizaciones agrarias. “Se mantienen las movilizaciones”, agregaron. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció que los contratos entre agricultores y ganaderos y la industria deberán incluir los costes de producción “para que no se pueda pagar menos de esa cantidad”. Estos costes, cuya cantidad se pactará entre vendedor y comprador, incluyen entre otros gastos en salarios, maquinaria y semillas.

El Gobierno trata de equilibrar la relación entre las partes en un intento de apaciguar la crisis del campo, un conflicto que el Gobierno teme que se convierta en la versión española de los chalecos amarillos franceses. “Reforzamos la posición negociadora de los productores”, insistió Planas. Sin embargo, la medida se acerca más a una recomendación que a una prohibición expresa. Uno de sus objetivos es que se generalice el uso de contratos escritos entre las partes, con el coste de producción fijado.

Agricultura ha encargado al observatorio de la cadena un estudio sobre estos gastos mínimos para dar una referencia a los productores (que sin embargo no será de obligado cumplimiento). Planas dejó claro que su departamento no será el árbitro: “Son las partes las que tendrán que decidir”. El ministro reconoció asimismo tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que hace falta más que una ley para que el sector mejore, aunque alabó el avance: “Es un paso hacia delante tras años de reivindicaciones”. En esto coincidieron las organizaciones agrarias: “Es una conquista histórica de las manifestaciones”, concluyeron este martes tras reunirse durante más de tres horas con Planas. Pese a ello, demandaron al Ejecutivo un plan de choque para contrarrestar la subida de los costes.

Pese a las buenas intenciones, existen dudas sobre la efectividad de la norma, que emite señales contradictorias. Por un lado, el Gobierno anunció la prohibición de la venta a pérdidas (algo que ya estaba prohibido) y mayor transparencia en la formación de precios para que no se pueda pagar por debajo de los costes. Y por otro, Planas reconoció que los costes de producción se determinarán entre comprador y vendedor. Es decir, el efecto que tendrá la reforma dependerá del mercado.

Sobre la venta a pérdidas, el ministro dijo que su intención es acabar con la destrucción de valor de los productos en toda la cadena. “Nunca un bien se podrá vender por debajo de lo que ha costado”, dijo. Aunque habrá una excepción con el vendedor final de productos perecederos al tratarse de materiales con fecha de caducidad.

El decreto prohíbe asimismo las promociones en las que el Gobierno entiende que se devalúa el valor de los productos. Planas puso como ejemplo ofertas comerciales en las que se regala aceite de oliva virgen extra por la compra de otros productos. El texto indica que no se podrán realizar acciones que induzcan a error sobre el precio de los productos, a lo que añade: “En ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público”.

Pese a esta idea, que se entiende como un intento de control de precios total, Planas insistió en que el Gobierno respetará las decisiones comerciales. “España no es una economía planificada”, dijo. De esta forma, el efecto de este apartado queda también a expensas del mercado.

Difusión de los infractores

Una medida de presión para obligar al cumplimiento de la norma es la difusión de las empresas infractoras. “La Administración pública competente para la imposición de sanciones publicará de forma periódica las resoluciones sancionadoras impuestas por infracciones graves y muy graves”, recoge el borrador. También habrá sanciones económicas, aunque estas son las recogidas en las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de agosto de 2013. Estas contemplan multas de hasta 3.000 euros para las leves, hasta los 100.000 euros para las graves y hasta un millón de euros para las muy graves.

La nueva sanción afectará por tanto solo a la reputación de los compradores de las materias en origen. Estos suelen ser distribuidores o intermediarios, por lo que su señalamiento público no repercutirá directamente en la decisión de compra de los consumidores.

El texto recoge otras normas, como la relativa a la tributación de los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad productiva. Hasta ahora, las ayudas públicas a los nuevos productores se tenían que imputar en una sola vez. Pero con la reforma se podrá hacer en cuatro ejercicios fiscales, en un intento de impulsar la entrada de trabajadores.