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Los contratos agrarios tendrán que incluir los costes de producción

El Gobierno modifica la ley de la cadena alimentaria y podrá publicar el nombre de las empresas infractoras

Luis Planas, en el Congreso de los Diputados. En vídeo, Planas anuncia las reformas tras el Consejo de Ministros de este martes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación de la ley de la cadena alimentaria con la que intenta rebajar la tensión de la crisis agraria. Y lo hace dando respuesta a una de las grandes reivindicaciones del campo, que reclama tener unos precios justos. “Se van a incluir los costes de producción en los contratos entre agricultores y ganaderos y la industria y la distribución”, ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Estos costes incluyen semillas, salarios a empleados y maquinaria, entre otros, que "se han incrementado en los últimos tiempos", ha explicado Planas.

Esta medida pretende equilibrar la relación entre las partes. “El precio de venta no podrá ser inferior a los costes de producción. De esta forma, reforzamos la posición negociadora de los productores”, ha insistido Planas. Sin embargo, a falta de la publicación del decreto en el BOE, parece que la medida se acerca más a una recomendación que a una prohibición expresa y uno de sus primeros objetivos es que se generalice el uso de contratos escritos. El ministerio ha encargado al observatorio de la cadena un estudio sobre los costes en los sectores para dar referencias a los productores, aunque Planas ha insistido después de la rueda de prensa en que el ministerio no desempeñará un papel arbitral: "Son las partes las que tendrán que decidir".

Hasta el momento hay varias lagunas sobre la efectividad de la norma. Por una parte, como ha asegurado el ministro, los costes de producción los determinarán libremente entre comprador y vendedor. Por tanto, dependerá de la capacidad de negociación de las partes. Para dotar de una referencia a los productores, se publicarán unos índices oficiales con los costes por sectores, aunque no serán de obligado cumplimiento. Así, el mínimo al que se podrán comprar los productos será una parte más de la negociación entre las partes.

Además, sobre las sanciones que acarrearía el no cumplimiento de este mínimo a pagar por la ley de la cadena alimentaria, Planas ha dicho que la ausencia de contratos escritos será una falta grave: “Las faltas graves y muy graves serán efecto de difusión de los que no cumplan”. Por tanto, la sanción que ha detallado es simplemente una medida disuasoria, ya que solo afectará a la reputación de los compradores de las materias de agricultores y ganaderos. Estos, en muchos casos, se tratan de distribuidores, por lo que su señalamiento público tampoco repercutirá directamente en la decisión de compra de los consumidores, al tratarse de un intermediario.

Las sanciones económicas que tendrán que hacer frente los incumplidores son las ya recogidas desde agosto de 2013 entre las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Estas recogen multas de hasta 3.000 euros para las leves, hasta los 100.000 euros para las graves y hasta un millón de euros para las muy graves.

Incremento de precios

Sobre la posibilidad de que al final estas medidas provoquen un aumento del precio final y no un reequilibrio entre las partes, el ministro ha defendido que cree que esto no va a ocurrir. “Si todos asumen su responsabilidad los precios no tendrían que incrementarse”, ha afirmado Planas. De esta forma, el Ejecutivo se pone en manos del mercado y espera que los operadores actúen de forma que se reequilibre sin repercutirlo en el precio final.

En cuanto a la venta a pérdidas, algo que no se permitía previamente, el ministro ha detallado que la reforma busca que se acabe con la destrucción de valor de los productos. “Nunca un bien se podrá vender por debajo de lo que ha costado producirlo”, ha dicho. Aunque existirá una excepción para el vendedor final de productos perecederos que estén próximos a su caducidad "para evitar el despilfarro alimentario". Una excepción que depende en parte, según ha reconocido Planas, de una sentencia europea que no lo permite.

Asimismo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros prohíbe las ofertas en las que se devalúe el valor de productos. Sobre este punto, Planas ha colocado como ejemplo ofertas comerciales de grandes cadenas en las que se “regala” aceite de oliva virgen extra por la compra de otros productos, como detergente. Pese a este posicionamiento, tras la rueda de prensa ha insistido en que el Gobierno respeta las decisiones comerciales de cada cadena, por lo que en este punto también queda a expensas de las políticas comerciales de cada establecimiento. Aunque falta por ver cómo se detallan las sanciones y la posibilidad de que con la reincidencia aumente y tenga un efecto disuasorio.

El texto recoge otras normas, como la relativa a la tributación de los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad productiva. Hasta ahora, esta tributación se tenía que realizar en una sola vez, mientras que a partir de ahora se podrá hacer en cuatro ejercicios fiscales. Así, el ministerio pretende ayudar a la entrada de nuevos trabajadores al sector.

En materia de Trabajo, el Gobierno ha reducido el número de peonadas (de 35 a 20) que tienen que hacer los trabajadores para tener acceso al subsidio agrario. Una medida que se incluye tras la constatación de un descenso de la producción en el pasado año y de las dificultades que han añadido los aranceles impuestos por EE UU. También habrá una bonificación a los contratos temporales que pasen a ser fijos discontinuos o indefinidos. Y se modificará la ley de Inspección de Trabajo para poder supervisar los alojamientos que los empleadores ofrecen como parte del salario a sus trabajadores.

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