España acepta renunciar a fondos de cohesión a cambio de blindar la PAC

España llegó a la última cumbre europea dispuesta a sacrificar parte de los fondos regionales que recibe de Bruselas en aras de mantener a toda costa el mismo nivel de subsidios agrícolas, según las fuentes europeas consultadas por EL PAÍS. En plena escalada de protestas en el campo, España pretende rebajar el conflicto. Pero la estrategia del Ejecutivo puede provocar tensiones en las comunidades autónomas que se vean afectadas por el posible recorte de los fondos de cohesión que perciben en la actualidad.

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Ayudas agrícolas intactas y algo menos de cohesión. Con esa consigna aterrizó el jueves en Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a la cumbre extraordinaria encargada de negociar el marco presupuestario de la UE 2021-2027. “El campo es la prioridad”, aseguró la titular de Exteriores, Arancha González Laya, ante el ruido procedente de las protestas. Sánchez había dejado en España a unas asociaciones de agricultores y ganaderos indignadas por la situación del sector y dispuestas a seguir manifestándose y cortando carreteras. Con el campo en plena tensión, el Gobierno da máxima prioridad a la defensa de la Política Agraria Común (PAC) en una negociación que parece condenada a recortar el presupuesto de la UE.

España defiende el mantenimiento de la PAC al nivel del presupuesto 2014-2020, pero se limita a “proteger” la financiación de la política de cohesión, según las fuentes consultadas por este diario. De esta forma, se marca como objetivo el blindaje de la PAC en el nivel actual (382.500 millones de euros), mientras que se limita a buscar una “protección” de los fondos estructurales para la cohesión (367.700 millones en la actualidad). Ello puede provocar tensiones con las autonomías, que concentraron el grueso de los recortes en España durante la Gran Crisis. Una rebaja en los fondos de cohesión podría ser muy perjudicial para un puñado de ejecutivos autónomos.

La Moncloa negó anoche que vaya a renunciar a fondos de cohesión para proteger las ayudas agrarias. Pero tanto Exteriores como Sánchez han enfatizado durante los últimos días la importancia de mantener estable el dinero recibido a cuenta de estas ayudas. “No vamos a aceptar una propuesta que consolide los recortes”, dijo el presidente la semana pasada en Bruselas en relación a las políticas de cohesión y, sobre todo, a la PAC. “Hay que garantizar el mantenimiento de las ayudas al campo”, añadió.

Las fuentes consultadas admiten que se trata de una línea de negociación poco audaz pero racional en la coyuntura actual, marcada por el Brexit y el fuerte recorte que persiguen los países del norte. A diferencia de los presupuestos anteriores, España hace números bajo la amenaza casi inevitable de convertirse por primera vez en contribuyente neto de la UE. El objetivo del Gobierno es maximizar una política como la agrícola, que no está vinculada a la renta nacional de cada país, aun a costa de perder cohesión.

El plan de Sánchez pasaba por buscar a Francia e Italia como aliados. Ambos Estados son contribuyentes netos y reciben más fondos agrícolas que estructurales. Sánchez sondeó un pacto con el francés Emmanuel Macron y el italiano Giuseppe Conte en la lucha por abolir los cheques de rebaja que disfrutan Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca. Además, España es partidaria de vincular los fondos estructurales a la estricta observación de las reglas del Estado de derecho, frente a los excesos de algunos países del Este.

La lógica de país en transición entre receptor neto y contribuyente neto también se adivina en el objetivo negociador de España, firme defensora de crear nuevas fuentes de financiación para la UE desvinculadas de la renta nacional bruta (RNB) de cada país. España está abierta a considerar nuevos recursos propios que cumplan con los requisitos mínimos de suficiencia, equidad, justicia y estabilidad, como un impuesto en frontera sobre el carbono.

La negociación arrancó en mayo de 2018 con una posición relativamente cómoda para España. La Comisión Europea propuso un presupuesto equivalente al 1,11% de la riqueza de la UE. España secundaba esa cifra. El proyecto de la Comisión, mucho más ambicioso de lo que quieren los países ricos, mantenía casi intacto el nivel de fondos estructurales para España, que pasarían del 0,39% de la renta bruta española al 0,38%. El tajo era más considerable, en cambio, en subsidios agrícolas, con una caída del 0,57% al 0,44%: esos porcentajes suponen decenas de millones de euros.

Pero la tijera siguió cortando. Y la última propuesta antes de la cumbre del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, rebajaba el gasto al 1,07%. Esa cifra se intentó bajar aún más durante la reunión de la semana pasada. La propuesta de Michel solo blindaba una parte de los fondos estructurales, al fijar que ningún país podría recibir en el próximo período menos del 76% de los fondos que recibe ahora.

En el caso de España ese umbral pone en peligro 10.000 millones de los 40.000 asignados entre 2014-2020. Esa pérdida coincide con un deterioro del PIB per cápita de la mayoría de las comunidades en relación con la media de la UE. La media española ha pasado del 94% en 2013 al 92% en 2017. Hace siete años, solo Andalucía, Extremadura y Melilla estaban por debajo del 75% de la media. Ahora también están Castilla-La Mancha y Ceuta, con Canarias y Murcia a punto de caer por debajo del umbral de regiones que necesitan ayudas para la convergencia económica. Esa batalla política tendrá enormes consecuencias sobre varias regiones en los próximos tiempos.