El Gobierno lanza este martes un paquete de medidas para aliviar la crisis agraria
La reforma busca precios más transparentes y dar más margen de negociación a los productores
La crisis del campo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones políticas del Gobierno, inquieto por la posibilidad una revuelta en España como la de los chalecos amarillos en Francia. Después de semanas de reuniones y negociaciones, salpicadas con protestas masivas por todo el país, el Ejecutivo va a lanzar un paquete importante de medidas que aprobará este martes en el Consejo de Ministros. “Intentamos que los agricultores y ganaderos sean rentables y sostenibles económicamente. Para que tengan presente y futuro”, aseguró el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo se ha visto en una encrucijada con la crisis del campo. La calle presiona. Y de ahí la premura de Agricultura para lanzar este martes la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, la primera medida del Gobierno para aliviar la situación. Esta iniciativa pretende forzar a que se mejoren los precios en origen o, al menos, a que se cubran los costes para evitar la venta a pérdidas. “La reforma permitirá un refuerzo de la posición negociadora de los productores agrícolas y ganaderos, así como un mayor equilibrio en la cadena alimentaria”, resaltó este lunes Planas.
Para lograr una formación de precios más transparentes se buscarán mecanismos de presión. En especial a las grandes superficies y otros conglomerados que negocian a la baja los precios con unos productores que en España apenas están agrupados en cooperativas que tengan fuerza para imponer sus condiciones.
Planas, que confirmó en el Congreso la nueva norma, rechazó dar más detalles pese a la insistencia de la oposición. Se limitó a explicar que el texto pretende controlar de alguna forma los precios que los distribuidores y las grandes cadenas pagan. Esto es, para evitar que se le impongan condiciones, pagando por debajo de los costes. “No creo en las medidas de arriba abajo. Los agricultores y ganaderos son gente adulta y se les puede aconsejar, pero no imponer nada”, incidió el ministro.
Para conseguir esto, el Gobierno se encuentra con una maniobra de difícil ejecución. Por un lado, no puede regular los precios por ley. Y tampoco puede obligar a los distribuidores y grandes cadenas a pagar un precio mínimo por los productos. Para ello, según adelantó este lunes Efe, el borrador recoge que los costes de producción deberán estar incluidos en los contratos y que el Gobierno podrá hacer pública la identidad de las empresas que no respeten estos términos como medida disuasoria. Desde el ministerio no confirmaron estos detalles, ya que aseguran que el texto ha tenido nuevas modificaciones.
Recorte de la PAC
En la cumbre europea celebrada el pasado fin de semana, España luchó para que no se redujeran las ayudas agrarias y rechazó el recorte previsto (del 14%, según la propuesta del Consejo), por lo que no hubo acuerdo. Al finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas que tuvo al campo y la PAC como gran protagonista, Sánchez ya confirmó que esta reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros de este martes. El presidente habló abiertamente de “control de precios”. Pero Planas ha insistido en varias ocasiones en que el control de precios es inviable y no sería permitido por la UE. Las medidas que ultima el Gobierno van destinadas a nadar en el equilibrio de forzar subidas de precios en origen pero sin regularlos directamente.
En el Gobierno ha triunfado la tesis de los que creen que hay que intervenir en el mercado porque la situación es insostenible y muy desigual en contra de los productores. En La Moncloa y en los ministerios afectados son conscientes de que para cambiar el mercado hace falta tiempo, y lograr que los productores se asocien en cooperativas y se modernicen, algo que llevará años. Pero de momento quieren aprobar esta primera reforma para lograr una incidencia rápida aunque sea menor, sobre todo para dar una respuesta política y aplacar la crisis del campo. El ministro incidió este lunes en que habrá cambios más adelante con un proyecto de ley sobre esta materia tomando como base la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además de esta norma, que será la estrella del Consejo de Ministros, habrá otras medidas paliativas de efecto más inmediato para los trabajadores del campo, que están sufriendo un año durísimo, con sequía, crisis de aranceles con EE UU y además el desplome de los precios. Entre ellas, Planas adelantó que se va a ampliar la dotación del seguro agrario, otra de las peticiones principales de las protestas del campo español del último mes. “Vamos a reforzar e incrementar de forma significativa la cifra que se destina a los seguros agrarios”, añadió.
Asimismo Planas se refirió, sin mencionarlos, a los líderes políticos —tanto de la oposición como de su propio Gobierno— que se han subido al carro de las protestas. “Que los políticos se unan a las manifestaciones no arregla nada”, concluyó.
Menos peonadas para el subsidio
El Gobierno modificará de forma extraordinaria, por la sequía y la crisis de los aranceles, la regulación del acceso al subsidio agrario para reducir el número mínimo de peonadas para tener derecho a la ayuda. Esto permitirá que la reciban la práctica totalidad de quienes suelen solicitarla.
El Ministerio de Trabajo también impulsará bonificaciones para la conversión de los contratos eventuales a fijos en el sector agrario. Además, se cambiará el sistema de inspección para controlar más las condiciones de las viviendas que se ofrecen en algunas explotaciones a estos empleados.
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