México pierde la ‘guerra del atún’ con EE UU

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha puesto punto final a la eterna guerra del atún entre México y Estados Unidos. Ambos países han mantenido por más de dos décadas una disputa por los límites de acceso de este producto mexicano al mercado estadounidense. En la penúltima batalla, en octubre del año pasado, la OMC había dado la razón a Washington y este viernes, a un año de que el Gobierno mexicano presentara un recurso de apelación, el organismo con sede en Ginebra ha confirmado su fallo a favor de la parte estadounidense.

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La batalla entre ambos países es por el etiquetado dolphin safe (seguro para los delfines), que impedía a la producción atunera mexicana vender en territorio estadounidense. Los requisitos para los productos de las aguas tropicales del Pacífico oriental, donde trabajan los pescadores mexicanos, eran más estrictos que para otras latitudes en las que los delfines y los atunes no suelen nadar juntos. México aseguró que había disminuido a niveles mínimos las muertes de delfines y acusó a su vecino de trato discriminatorio por negarle la certificación a través de la etiqueta.

Los atuneros mexicanos se han quejado desde entonces de pérdidas millonarias por las restricciones en un mercado que está valorado en cerca de 700 millones de dólares. Un 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos y tienen un valor aproximado de 200 millones de dólares. Con una pesca promedio de 144.000 toneladas al año, el país latinoamericano es el cuarto productor y el duodécimo exportador de atún en el mundo, de acuerdo con datos oficiales. 

El Ejecutivo elevó por primera vez el caso en 1991, cuatro años antes de que el GATT se convirtiese en la actual OMC y el conflicto llegó en octubre de 2008 al máximo órgano mundial de resolución de disputas comerciales. Un primer fallo dio la razón a México en 2013 y obligó a Estados Unidos a cambiar sus reglas de etiquetado. La nueva regulación estadounidense no satisfizo a la OMC y pidió otro cambio normativo en 2016, además de que permitió a México imponer sanciones comerciales a Estados Unidos por más de 163 millones de dólares al año por el incumplimiento de la medida. 

El Gobierno mexicano perdió ese privilegio un año después, con un nuevo fallo del órgano a favor de Estados Unidos en octubre de 2017 y tras haberse comprometido a retirar las sanciones si perdía esa fase del litigio. Ese capítulo de la guerra del atún llegó en un momento delicado en las relaciones bilaterales, en pleno inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una semana después de que los representantes estadounidenses presentaran sus propuestas más duras. El conflicto atunero tensó los ánimos, pero se mantuvo completamente ajeno al proceso de negociaciones que creó el rebautizado T-MEC, el nuevo pacto comercial que se firmó el pasado 30 de octubre en Buenos Aires y que sustituye al anterior.

El recurso contra el fallo se presentó en diciembre del año pasado ante el Órgano de Apelación de la OMC, que lo desechó definitivamente esta semana al considerar que la versión más reciente de la etiqueta dolphin safe está justificada por razones medioambientales y de conservación. El fallo será enviado ahora al Órgano de Solución de Controversias para que se adopte de manera formal en los próximos 30 días y se dé carpetazo definitivo a la disputa, de acuerdo con las agencias EFE y Reuters.

"Este resultado nos obliga a continuar la defensa y promoción de nuestra industria atunera y un método de pesca altamente sostenible", ha respondido la Secretaría de Economía de México en un comunicado conjunto con la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural. El Gobierno ha lamentado que no se reconozca las adecuaciones y los "altos estándares" que se ha fijado para sus actividades pesqueras, y ha defendido que la pugna ha ayudado a que se mejoraran los requisitos para el resto de las pesquerías, no solo las que usan las naves mexicanas. "México espera que más allá del fallo, Estados Unidos reconozca el efecto que tienen los métodos de pesca utilizados por su flota y la de otros países en el ecosistema marino", se ha agregado. 

Andrés Manuel López Obrador, que asumió la presidencia de México el pasado 1 de diciembre, aseguró en su discurso de protesta que el fomento a la actividad pesquera sería uno de los 100 puntos prioritarios de su Gobierno, con una ley de Pesca y Acuacultura, promoción del consumo y una línea que tiende a la seguridad alimentaria, así como el compromiso de mejorar los precios que se pagan a los pescadores mexicanos de atún y sardina. La promesa de la nueva Administración es convertir a México en una "potencia pesquera", pese a que no se encuentra entre los 10 principales productores del mundo.