Bruselas rebaja el crecimiento de España y eleva el déficit previsto por el Gobierno

Tras cinco años consecutivos de crecimiento, el informe que la Comisión Europea presenta este jueves aprecia ya “signos de una leve desaceleración”, en especial por la pérdida de fuelle de las exportaciones. En línea con lo que ocurre en el conjunto de la zona euro, Bruselas prevé que España crezca este año dos décimas menos que en su último informe de perspectivas. Esa dinámica, además, se irá confirmando en los dos próximos ejercicios. "La economía europea aguanta bien, con un crecimiento que se va a reducir respecto al año pasado pero todavía con una disminución del desempleo, de la deuda y del déficit público", resumió el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

Los tiempos de llegada a meta, pues, se irán reduciendo a medida que halle más obstáculos en el camino. La Comisión Europea señala dos: la subida de los precios del petróleo y la desaceleración del consumo privado. Pero eso no llevará a España al furgón de cola de la zona euro: todavía seguirá expandiéndose por encima de los miembros de la moneda única, que en su conjunto crecerán el 2,1% en 2018 y el 1,9% en 2019, y no hay visos de que lo haga por debajo del 2%, al menos, hasta 2020.

A pesar de las trabas que encontrará en el camino, la Comisión señala varios factores que apuntalarán ese incremento del PIB. En concreto, se seguirán creando puestos de trabajo de forma “robusta” y los salarios crecerán “aceleradamente”, también “debido a la subida planeada del salario mínimo profesional”, que permitirá sostener el consumo y aumentar el ahorro. Sin embargo, la Comisión valora con precaución ese incremento de más del 20% en un año: si bien estima que la masa salarial crecerá alrededor del 0,35%, también opina que supondrá que dejen de crearse alrededor de 70.000 empleos en dos años, según han explicado fuentes comunitarias.

Sobre 2018, Bruselas sí cree que España va a cerrar este año con el déficit que ya contempla la ministra de Economía, Nadia Calviño, del 2,7% del PIB. Es más de lo que hubiera deseado en principio la Comisión Europea, de ahí que lance una pulla al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, ya que considera que supone una lenta reducción, en buena medida debido a las medidas de gasto que adoptó el PP en cuanto a pensiones y salarios de funcionarios para este mismo año. Y la Comisión Europea opina también que el Ejecutivo de Pedro Sánchez corre ese mismo riesgo. La principal discrepancia, en todo caso, está vinculada con la cifra de déficit que maneja el para 2019, donde Sánchez prevé terminar con el 1,8% frente al 2,1% que estima Bruselas.

Esa desviación en 2019 pone en duda si el ajuste que hace el Gobierno es suficiente. Tras salir del brazo correctivo (quedarse bajo el 3%), la Comisión valora sobre todo el ajuste estructural que hace un país (los recortes de déficit que se consiguen sin tener en cuenta el crecimiento de la economía). Los ministros de Finanzas de la zona euro pidieron a España un esfuerzo equivalente al 0,65% del PIB, que admite una flexibilidad del 0,5% durante los dos primeros años. Pues bien, la Comisión Europea considera que, de acuerdo con el borrador de Presupuestos, el ajuste en 2019 estaría entre el 0% y el 0,1% del PIB. Es decir, si no hay correcciones, España se arriesga a una reprimenda dentro de dos semanas.

Moscovici no ha querido ensañarse con España y ha afirmado que las "diferencias" entre las cifras de la Comisión y las de Calviño son "normales" y las ha atribuido a la cautela con la que examina los borradores la Comisión. Aun así, ha desgranado esas discrepancias: Bruselas rebaja los ingresos que se obtendrán con la tasa digital, con las medidas de lucha contra el fraude y con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En este último caso, Calviño previó un aumento de la recaudación de 1.500 millones de euros por las cotizaciones sociales. La Comisión, sin embargo, apunta que los ingresos subirán alrededor de 1.000 millones.

Además, la Comisión señala otro riesgo: la decisión del Supremo de declarar nula la concesión de la Generalitat de la empresa ATLL, que podría disparar los números rojos de la Administración catalana. Este conflicto se remonta a 2012. La justicia anuló ese año el concurso público que le adjudicó a Acciona el servicio de Aguas Ter Llobregat (ATLL). Esta es la compañía pública que se encarga de potabilizar el agua en la región metropolitana de Barcelona y venderla a las suministradoras. La constructora exige a la Generalitat de Cataluña un total de 1.036 millones de euros por el fiasco de aquella adjudicación. De esa cuantía, 305 millones corresponden a la liquidación del contrato y otros 769 millones a la demanda por daños y perjuicios.