Acciona pedirá 1.036 millones a la Generalitat por el fiasco de ATLL
El Gobierno catalán con sidera "desproporcionadas" las cuantías del informe de la constructora
Acciona ha concluido los informes para calcular cuánto le reclamará a la Generalitat por la anulación judicial del concurso público que le adjudicó Aguas Ter Llobregat (ATLL) en 2012. En un comunicado a la CNMV, la constructora demandará un total de 1.036 millones de euros por el fiasco de la adjudicación. De esa cuantía, 305 millones corresponden a la liquidación del contrato y otros 769 millones a la demanda por daños y perjuicios, cifras a las que se debería reducir 38 millones en concepto de deducciones por provisiones.
El Gobierno catalán ha considerado a través de un comunicado que las cuantías que demanda Accions "son desproporcionadas, no se ajustan a la sentencia y no tienen en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo". Asimismo, afirma que está elaborando el informe para determinar todavía qué cuantía considera lógico pagar al consorcio que actualmente controla la compañía, aunque fuentes consultadas explican que están elaborando un inventario para determinar la liquidación del contrato, conclusión que estará lista "en las próximas semanas".
La constructora controlada por la familia Entrecanales es la mayor accionista de la concesionaria que se creó para explotar ATLL, la compañía pública que se encarga de potabilizar el agua en la región metropolitana de Barcelona y venderla a las suministradoras para que estas la lleven a hogares e industrias. Es la propietaria del 76,05% del capital.
La cifra calculada por Acciona, avanzada hoy por Expansión, supera los 1.000 millones por los que la Generalitat adjudicó la compañía por un periodo de 50 años.
Tras un largo periplo judicial, el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo revocó el concurso al considerar que un técnico de la Generalitat generó confusión al ofrecer una información adicional a la del pliego de condiciones ante una duda mostrada por las empresas que pugnaban por el concurso. Desde entonces, y fruto de un acuerdo con la CUP, el Gobierno catalán plantea que ATLL vuelva a ser gestionada por la Administración. Está descartado, si no hay cambios, volver a sacar a concurso la compañía.
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