La nueva ATLL será pública y arrancará en enero de 2019

Después de la sentencia del Tribunal Supremo, que anuló en febrer de este año la privatización de 2012 de Aigües Ter-Llobregat, la Generalitat ya ha comunicado la anulación del contrato al consorcio al que le fue adjudicado, y que estaba liderado por Acciona. La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, anunció ayer que la Generalitat creará una nueva entidad de gestión pública del agua que se pondrá en marcha en enero de 2019.

La comunicación de la anulación del contrato, según Artadi, “abre la puerta a iniciar los trámites para poner en marcha la nueva entidad de derecho público” que prestará el servicio de abastecimiento de agua en alta a Barcelona y su área metropolitana. La privatización de ATLL no solo estuvo bajo los focos de los tribunales desde su inicio, sino que también ha estado en el debate político. La vuelta a la gestión pública del agua que va de las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales era una de las reivindicaciones de la CUP para apoyar la investidura de Quim Torra. El Govern ha aprovechado su primera reunión para poner en marcha el proyecto de la gestión pública del abastecimiento del agua.

La privatización de ATLL fue polémica desde el inicio, cuando el expresidente Artur Mas adjudicó el contrato a un consorcio liderado por Acciona por 1.000 millones de euros, a pagar en 50 años, de los que unos 300 millones se pagaron en el momento. Era la privatización más grande llevada a cabo en Cataluña, y la otra empresa en concurso, Aigües de Barcelona, recurrió de inmediato la adjudicación, ya que consideró que la sociedad liderada por Acciona había conseguido el contrato sin ceñirse a las condiciones.

Tras cinco años de recursos y procedimiento judicial, el Supremo desestimó en febrero el recurso presentado por la Generalitat, y ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaró nulo el procedimiento de adjudicación. Según los cálculos de Acciona, la Generalitat debe reembolsarle 308,3 millones, aunque esta cantidad no incluye daños y perjuicios. Aún así, el Govern no detalló el estado de las negociaciones con Acciona.