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El Supremo revoca la privatización de la gestión del agua en ATLL de la Generalitat

El Tribunal desestima el recurso del Gobierno catalán y anula la adjudicación de la ATLL

Estación de bombeo de ATLL en Fontsanta.
Estación de bombeo de ATLL en Fontsanta.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló el contrato de concesión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) porque el sistema de adjudicación no fue adecuado. El fallo del Supremo es el último episodio de una batalla judicial que empezó en 2012, cuando el gobierno de Artur Mas realizó la mayor privatización jamás efectuada en la Administración catalana. Adjudicó la gestión del agua a un consorcio liderado por Acciona, durante 50 años, por 1.000 millones (300 millones de pago directo y el resto, a través de un canon anual) que iban destinados a reducir el déficit.

El Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Generalitat, con lo que queda revocada la concesión al consorcio que lidera Acciona. El concurso para la privatización de la empresa distribuidora de agua fue polémico desde el primer momento, por los recursos que presentó la otra empresa que competía por el contrato, Aigües de Barcelona. Esta compañía lo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque entendía que la sociedad liderada por Acciona había conseguido el contrato sin ceñirse a las condiciones de la adjudicación. Acciona fue apartada del concurso. Pero eso tampoco debía haberse producido, dado que el error lo había generado el sistema de concurso tal y como lo llevó a cabo la Generalitat.

El problema en la adjudicación que observa el Supremo es que la Generalitat generó confusión durante el proceso de concurso entre las empresas licitadoras, por una serie de explicaciones ofrecidas a Aigües de Barcelona (sobre plazos, que no estaban en los pliegos) y que perjudicaban a esta. Por tanto "que violaban la igualdad de condiciones en que ha de producirse la licitación". Esta intervención de la Generalitat introdujo, según el Supremo, "un elemento de confusión que vicia la licitación al afectar al contenido de las ofertas". De ahí, señala, que deba mantenerse la nulidad de la adjudicación a favor de Acciona.

"Una chapuza" del Gobierno de Mas

Aigües de Barcelona ha mostrado este miércoles su satisfacción por la resolución del Tribunal Supremo, que llega después de cinco años de recursos. La compañía, según ha asegurado un portavoz, emplaza ahora a la Generalitat a cumplir y ejecutar la sentencia del Supremo "lo antes posible". Por su parte, el PSC ha exigido responsabilidades al Gobierno de Mas por la "chapuza" de la adjudicación, tal como lo ha calificado el portavoz en materia de infraestructuras del grupo PSC-Units en el Parlament, Jordi Terrades.

La operación ha estado en los tribunales desde el comienzo, pero también en la mesa de negociación de todos los acuerdos de gobierno. La reversión de la concesión es una de las exigencias que la CUP ha formulado Junts per Catalunya y ERC para apoyar a su candidato a la investidura como president. El coste de recuperar esa concesión, no obstante, ascendería al menos a los 380 millones, según la provisión que realizó el Gobierno catalán en 2014 pese a negar que hubiera reservado cantidad alguna ante un eventual varapalo del Supremo. Según fuentes del sector, a esa suma deberían añadirse posibles reclamaciones por daños y perjuicios.

Críticas por la subida de precios

La adjudicación de ATLL provocó protestas de movimientos sociales y partidos de izquierdas, en especial la CUP. Entendieron que la Generalitat perdía con esa operación el control sobre la distribución del agua en alta en el área metropolitana de Barcelona y que ello supondría una subida de la tarifa del agua. ATLL defiende que ocurre justo la contrario, que la ACA tiene una mayor supervisión sobre la empresa. Esas fuentes añaden que el suministro ha ganado en calidad, rendimiento y continuidad. Además, agregan desde la empresa, el contrato supuso la creación de un fondo contra la sequía al que se han destinado 6,25 millones de euros anuales y que ha llegado a acumular 31 millones en cinco años.

Las entidades sociales y municipalistas han criticado las subidas de la tarifa del agua. En especial, la que en diciembre del año pasado se aprobó para este ejercicio, del 11,8%. El precio en 2012, según la compañía, era de 0,62 euros por metro cúbico. Tras dos años, se estabilizó alrededor de los 0,70-0,71 euros. Este año, sin embargo, subió un 11,8%, hasta los 0,79 euros por metro cúbico, lo que suscitó las quejas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Alianza contra la pobreza energética o el propio Ayuntamiento de Barcelona. Después de conocer la decisión del tribunal, Aigües de Barcelona ha pedido a la ACA que anule el aumento del precio del agua. 

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