El Supremo dictará la suerte de ATLL cinco años después

El Tribunal Supremo ha empezado a deliberar esta semana sobre los recursos presentados a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la adjudicación del contrato de concesión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El fallo del Supremo pondrá punto y final a una batalla judicial que empezó en 2012, cuando el gobierno de Artur Mas realizó la mayor privatización jamás efectuada en la Administración catalana para reducir el déficit en 1.000 millones de euros.

En los primeros cinco años de concesión, el consorcio que gestiona ATLL, liderado por Acciona, ha contratado el 51% de las obras de inversión comprometidas con la Generalitat por un importe de 71 millones. La concesión fue tumbada por el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), primero, y el TSJC, después, y llega ahora al Supremo.

La operación ha estado en los tribunales desde el comienzo, pero también en la mesa de negociación de todos los acuerdos de gobierno. La reversión de la concesión es una de las exigencias que la CUP ha formuladoa Junts per Catalunya y ERC para apoyar a su candidato a la investidura como president. El coste de recuperar esa concesión, no obstante, ascendería al menos a los 380 millones, según la provisión que realizó el Gobierno catalán en 2014 pese a negar que hubiera reservado cantidad alguna ante un eventual varapalo del Supremo. Según fuentes del sector, a esa suma deberían añadirse posibles reclamaciones por daños y perjuicios.

El pliego de cláusulas del contrato fijaba que la concesionaria debe invertir 139 millones de euros en los primeros diez años. Según fuentes de ATLL, en el primer lustro se presentaron a la Agencia Catalana del Agua (ACA) 30 proyectos por 84 millones, el 60% de todas las inversiones previstas. De ese paquete, se han finalizado obras por 28,5 millones, entre las que hay la rehabilitación de dos depósitos de la planta del Ter, la adecuación de desguaces y la mejora de abastecimientos. Según las mismas fuentes, si se suman las obras en ejecución y aprobadas, el monto llega a los 71 millones.

En el primer semestre de este año, ATLL prevé ejecutar, entre otras, las obras de la rehabilitación de la arteria general de la planta del Ter-Trinitat, por un importe de 20,5 millones de euros, y presentará cinco nuevos proyectos por valor de 12,3 millones de euros. Además, según recuerdan esas fuentes, la ACA debe pronunciarse sobre la alternativa que prefiere para la remodelación de la planta potabilizadora del Ter, ubicada en Cardedeu, que prácticamente dejará completado el plan de inversiones.

La adjudicación de ATLL provocó protestas de movimientos sociales y partidos de izquierdas, en especial la CUP. Entendieron que la Generalitat perdía con esa operación el control sobre la distribución del agua en alta en el área metropolitana de Barcelona y que ello supondría una subida de la tarifa del agua. ATLL defiende que ocurre justo la contrario, que la ACA tiene una mayor supervisión sobre la empresa. Esas fuentes añaden que el suministro ha ganado en calidad, rendimiento y continuidad. Además, agregan desde la empresa, el contrato supuso la creación de un fondo contra la sequía al que se han destinado 6,25 millones de euros anuales y que ha llegado a acumular 31 millones en cinco años. La ACA ha tirado por primera vez de esa cantidad para financiar los sobrecostes derivados del incremento de producción de agua potable en las plantas desalinizadoras de El Prat y Blanes.

Las entidades sociales y municipalistas han criticado las subidas de la tarifa del agua. En especial, la que en diciembre del año pasado se aprobó para este ejercicio, del 11,8%. El precio en 2012, según la compañía, era de 0,62 euros por metro cúbico. Tras dos años, se estabilizó alrededor de los 0,70-0,71 euros. Este año, sin embargo, subió un 11,8%, hasta los 0,79 euros por metro cúbico, lo que suscitó las quejas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Alianza contra la pobreza energética o el propio Ayuntamiento de Barcelona.

Esa subida se debe, en parte, a que ha tenido que computarse en la fórmula de la que resulta el precio la parte del canon que el año pasado se dejó fuera para mantener el precio congelado. La empresa justifica que esa tarifa sigue por debajo de los 0,85 euros por metro cúbico que el contrato consideraba como el más viable para prestar el servicio. En diciembre, la Generalitat alegó que pudo paliar la subida al no haber un consejero al frente por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero las entidades sociales recordaron que el Ejecutivo cesado tuvo tiempo para revisar el contrato con ATLL hasta octubre.

Otra de las críticas es la retribución financiera que la Generalitat satisface a ATLL, del 9,33%. El Consejo de Administración apoyó en diciembre la propuesta de revisar el contrato para ajustarla a los tipos actuales de mercado, puesto que la adjudicación se hizo en plena tormenta financiera, con una prima de riesgo elevada y sin la asistencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Pero esa negociación dependerá, en todo caso, de que el Supremo avale la adjudicación.