El ‘Govern’ admite por primera vez que puede perder el litigio de ATLL

El Gobierno catalán ha admitido por primera vez la posibilidad de perder el litigio por la adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Así consta en las alegaciones formuladas por la interventora general de la Administración catalana al informe sobre las cuentas de la Generalitat de 2014 de la Sindicatura de Cuentas. En la réplica a esa auditoría, la interventora afirma que el Ejecutivo catalán provisionó 380,29 millones de euros en la Cuenta General de 2015 ante el “riesgo” de que los tribunales decidan resolver el contrato.

Hasta ahora, el Ejecutivo catalán ha defendido siempre la legalidad de la adjudicación de la empresa de aguas, la mayor privatización realizada por la Generalitat, a un consorcio liderado por Acciona, que hoy tiene el 78% de las participaciones de la compañía. El exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell acudió al Parlamento catalán para dar explicaciones sobre la adjudicación y entonces insistió en que el proceso “acabaría bien” y en que había “bases jurídicas fuertes” para creer que, en caso de que el Tribunal Supremo acabe tumbando la adjudicación, la indemnización no debería ir más allá de los 300 millones de euros.

Al contrario de lo que viene defendiendo la Generalitat, el informe de la Sindicatura de Cuentas advierte de que “si la Administración tuviera que resolver el contrato con la actual concesionaria debería hacer frente a posibles indemnizaciones por daños y perjuicios”. La interventora general, Rosa Vidal, en una de sus alegaciones sostiene que “respecto a los riesgos derivados de las reclamaciones judiciales presentadas contra la resolución de la adjudicación del concurso de gestión” de ATLL, en la Cuenta General de 2015 —el mismo año en el que Mas-Colell acudió al Parlament— se provisionaron 380,29 millones de euros por este concepto, equivalente a los “ingresos efectivamente percibidos por la Generalitat”. La estimación que formuló la Generalitat, de hecho, es superior a la que hicieron tanto Mas-Colell (un máximo de 326 millones) como Acciona (296 millones sin tener en cuenta los daños y perjuicios).

Sin impacto en el déficit

Fuentes del Departamento de Economía y Hacienda, que dirige el vicepresidente Oriol Junqueras, aclararon que esa provisión no tuvo ninguna consecuencia a efectos de presupuesto ni de contabilidad nacional. Según estas fuentes, la Cuenta General es el equivalente a las cuentas de pérdidas y ganancias de una empresa, en la que deben provisionar todo riesgo que pueda impactar sobre el balance. Al considerar que ese riesgo existía, la Generalitat realizó esa provisión que, insistieron esas fuentes, no tiene impacto sobre el déficit de ese ejercicio.

La Sindicatura de Cuentas también se detiene que su informe en la venta de inmuebles que llevó a cabo el Ejecutivo de Artur Mas para conseguir ingresos extraordinarios y reducir el déficit público. Según el organismo, la venta de un lote de 12 edificios públicos en 2014 generó pérdidas en las arcas públicas.

En concreto, la sindicatura sostiene que, tras analizar las operaciones inmobiliarias efectuadas, llega a la conclusión de que “por razones de coyuntura económica y de mercado” y “para obtener ingresos extraordinarios” se vendieron “por debajo del precio de adquisición” doce de los 18 edificios, adjudicados mediante subasta o de forma directa. Una vez cancelados los censos enfitéuticos, según la Sindicatura, la Generalitat tuvo que reconocer “una pérdida neta de 38,58 millones”.