Acciona cifra en 308 millones el reembolso de ATLL
La empresa reclama la cantidad abonada por la adjudicación que el Tribunal Supremo revocó la semana pasada
La empresa Acciona ya ha empezado a tomar medidas después de la anulación que hizo el Tribunal Supremo de privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor llevada a cabo en Cataluña. Un consorcio liderado por Acciona consiguió la adjudicación en 2012 por 1.000 millones a pagar en 50 años, de los cuales casi 300 millones se pagaron en aquel momento. Acciona calcula que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, la Generalitat deberá reembolsarle 308,3 millones de euros: 268,8 millones corresponden al reembolso de la parte no amortizada del canon de la concesión, y 39,5 millones a la devolución de la parte no amortizada de obras, instalaciones y otras inversiones, según una comunicación remitida ayer por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El conflicto por la adjudicación de ATLL empezó justo después de que esta recayera sobre Acciona. La otra empresa en concurso, Aigües de Barcelona, recurrió la decisión de la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que consideró que la sociedad liderada por Acciona había conseguido el contrato sin ceñirse a las condiciones de la adjudicación.
Recurso de Acciona
La semana pasada, el Supremo ratificó esta resolución, y consideró que, en el proceso de adjudicación, la Generalitat generó confusión entre los dos concursantes por una serie de explicaciones ofrecidas a Aigües de Barcelona (sobre plazos que no estaban en los pliegos) y que perjudicaban a esta.
Paralelamente, el TSJC apartó a Acciona del concurso como respuesta a los recursos de Aigües de Barcelona, lo que fue recurrido por la primera empresa al Tribunal Supremo. En el comunicado a CNMV, Acciona detalló ayer que el Tribunal Supremo todavía no ha notificado la sentencia sobre este recurso. No obstante, la empresa señala que si el fallo tiene unos fundamentos similares a los ya emitidos en el caso del recurso de la Generalitat, el efecto económico-financiero al cierre de 2017 para la Administración catalana por la anulación de la adjudicación sería de 308,3 millones, sin contar las cantidades que se reclamen por daños y perjuicios.
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