La Comisión Europea defiende la reforma de las pensiones que Rajoy acaba de aplazar

Hace unos meses Mariano Rajoy alertaba de la salud de las cuentas de la Seguridad Social y aconsejaba a los ciudadanos que ahorraran para poder complementar sus pensiones. También defendía la reforma de 2013 que limitaba la revalorización anual de las prestaciones y vinculaba las pensiones a la esperanza de vida en 2019. Sin embargo, la semana pasada pareció olvidarse de esas advertencias al abrir la mano para ofrecer nuevas subidas en víspera de año electoral y aplazó hasta, al menos 2023, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

La decisión supondrá una nueva decepción para la Comisión Europea, que este lunes publicó un informe sobre las pensiones en el que defiende el "factor de equidad intergeneracional", que vincula las pensiones a la esperanza de vida y su entrada en funcionamiento en 2019. "Es una buena forma de conciliar la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas de pensiones en el contexto del envejecimiento de la población", sostiene.

La decisión de Rajoy se produjo la semana pasada tras lograr el apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos. A cambio, se comprometió a revertir, en parte, la reforma de las pensiones que aprobó en 2013. También subirá las prestaciones al mismo ritmo que el IPC este año y el próximo. Esta decisión compromete la corrección del déficit público de la Seguridad Social, que asciende a cerca de 18.000 millones.

El pacto entre PP y PNV supone retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023. Este mecanismo, que vincula las pensiones a la esperanza de vida y sirve para ajustar el gasto de la Seguridad Social, tenía que aplicarse a partir de 2019.

Bruselas ve con buenos ojos ese instrumento corrector, que hará que los nuevos pensionistas que se jubilen a partir de su entrada en vigor reciban una prestación menor si la esperanza de vida sube. Lo más probable. Pero advierte que este mecanismo "tiene un fuerte componente generador de desigualdad, entre las pensiones de los jubilados antes de la aplicación de la reforma y los que se jubilan a partir de 2019".

A pesar de que Rajoy aparca la reforma, la Comisión pide a España que aborde cuanto antes el saneamiento del déficit de la Seguridad Social. "Las reformas recientes del sistema de pensiones tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema", sostiene el informe. "En el contexto de los déficits presupuestarios a corto plazo de la Seguridad Social, el gobierno debería pensar en cómo reequilibrarlos al tiempo que aborda las cuestiones de sostenibilidad, considerando medidas para garantizar un aumento de los ingresos y medidas para garantizar pensiones eficientes y efectivas gasto", aconseja.

Bruselas echa un jarro de agua fría a las demandas de los jubilados. Recuerda que "los pensionistas españoles han mantenido en gran medida su nivel de vida relativo durante la crisis". E insiste en que los estos tienen uno de los mayores índices de reemplazo —el porcentaje que supone la pensión respecto de los últimos salarios, está en alrededor del 80%— de la UE. Eso se traduce en que los mayores de 65 años tienen en España una renta media equivalente al 102% del poder adquisitivo de la población más joven. España es el cuarto país europeo donde la renta media de los pensionistas es mayor que la del resto de los trabajadores. Entre las mujeres este porcentaje es ligeramente inferior y se sitúa por debajo del 100%. Es decir, que las jubiladas ganan de media menos que el resto de la población.

Brecha de género

Esta circunstancia evidencia la brecha de género en el sistema de pensiones español. El número de mujeres que perciben pensiones es un 22,1% inferior al de los hombres, un porcentaje muy superior a la media comunitaria. Además, las mujeres reciben en España un 33,8% menos de pensión que los hombres. En el conjunto de Europa la situación es peor. La media de la brecha de género en el continente supera el 37%.

Bruselas recomienda mejorar la conciliación laboral para atajar este problema. "Con el fin de reducir la brecha de género en las pensiones, se deben implementar otras medidas dirigidas a garantizar el acceso de las mujeres a todos los niveles de educación; mejorar las medidas para conciliar el trabajo y la vida familiar; aumentar la oferta de servicios para el cuidado de niños hasta los tres años; y remuneración para el cuidado de familiares, entre otros".