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Un nuevo impuesto a empresas como Amazon, Apple y Google ayudará a financiar la subida de las pensiones

Montoro avanza que propondrá en el ámbito del Pacto de Toledo crear el gravamen sobre las ventas de los gigantes como Amazon, Google o Apple

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este viernes tras el consejo de ministros la creación de un nuevo impuesto sobre las ventas de las grandes tecnológicas, como Google, Apple o Amazon, para ayudar a financiar las pensiones. Montoro precisó que planteará el gravamen en el ámbito del Pacto de Toledo para contar con el respaldo del resto de los grupos políticos. Además, cifró el coste de la subida de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en 1.500 millones este año y otros 1.800 millones el próximo. El Gobierno también aprobó ayer el Plan de Estabilidad 2018-2021, donde proyecta que el paro bajará al 11% y España registrará superávit dentro de tres años. El pronóstico oficial sitúa el crecimiento en el 2,3% en 2021.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EL PAÍS

El Gobierno de Rajoy sorprendió el pasado miércoles al anunciar que subirá las pensiones este año y el próximo en función del IPC y no limitará la mejora al 0,25%, como había previsto inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró el coste que tendrá la medida en 1.500 millones de euros en 2018 y otros 1.800 millones en 2019.

Para encajar este coste en los Presupuestos que actualmente se tramitan en el Congreso anunció un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas. "Estamos planteando, en el Pacto de Toledo, llevar adelante iniciativas que son de naturaleza europea, y que se va a abordar en el Ecofin —reunión de ministros de finanzas del euro— de este fin de semana", dijo el ministro. Se trata del impuesto sobre determinados servicios digitales que gravaría las transacciones electrónicas de las grandes empresas como Amazon, Facebook, Apple o Google. Está por ver si le da tiempo al Gobierno aprobar y empezar a recaudar este nuevo impuesto en los meses que resta de año.

Impulsado por Bruselas

Este nuevo tributo está impulsado por la Comisión Europea. Bruselas lleva tiempo buscando fórmulas para que estas corporaciones paguen más impuestos. Las autoridades comunitarias apuntan a estos gigantes digitales que se benefician de los resquicios legales de los estados miembros para pagar tasas impositivas muy inferiores a las del resto de empresas. La propuesta de Bruselas pasa porque los grupos tecnológicos que facturen más de 750 millones paguen un 3% sobre sus ingresos —en realidad deja margen para fijar la tasa entre el 1% y el 7%—. La Comisión calcula que el gravamen aportaría unos 5.000 millones al año a los socios europeos. España podría rascar alrededor de 500 millones de euros de este pellizco.

"No es un impuesto sobre los consumidores, ni sobre los usuarios de esos servicios. Es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde realizan un importante volumen de negocios", abundó Montoro. Como el Gobierno no puede usar los Presupuestos para crear nuevos impuestos llevará la propuesta para crear el tributo al Pacto de Toledo. "Es un gravamen sobre grandes compañías digitales, son grandes empresas. Eso permitirá financiar mejor al Estado y desde el Estado financiar las propuestas de otros grupos políticos en el Pacto de Toledo", remarcó el ministro.

Menos gasto en intereses

Además, de este tributo el responsable de Hacienda también reveló cómo hará hueco en los Presupuestos para incluir la subida de las pensiones pactada con el PNV a cambio del apoyo. "Tenemos un margen cada vez mayor", expresó. Por un lado, detalló, el gasto en intereses de la deuda será inferior al programado en las cuentas públicas. La ejecución presupuestaria hasta marzo indica que habrá margen en ese partida. En segundo lugar, el ministro espera que las sentencias por el rescate de las radiales supongan al Estado un menor coste del que había estimado inicialmente. Los fondos acreedores de las ochos autopistas de peaje en quiebra y rescatadas por el Estado reclaman unos 4.500 millones, pero el coste final para la Administración podría rondar los 2.000 millones.

El ministro insistió en que el Estado dará cobertura a la Seguridad Social mientras presente números rojos. "El déficit que hay que hacer desaparecer en España prioritariamente es el de la Seguridad Social. Y mientras eso ocurra será el Estado, el que atienda los incrementos de pensiones", concluyó.