El Gobierno pronostica que el paro caerá al 11% y logrará superávit en 2021

El Gobierno de Rajoy parece ajeno a las crecientes incertidumbres internacionales, la guerra arancelaria y los efectos del proteccionismo, sobre el que ya ha alertado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El plan de estabilidad 2018-2021 dibuja un escenario optimista, sin nubarrones, aunque con una evolución más prudente que la anterior proyección enviada a Bruselas hace un año. "Tenemos una senda de crecimiento económico robusta con fuerte crecimiento y sostenida. Ha cambiado el patrón de crecimiento de la economía española, está más basada en el sector exterior y con estabilidad de precios", ha explicado el ministro de Economía, Román Escolano, tras el consejo de ministros. 

En sus previsiones, el Ejecutivo dibuja un escenario en el que la economía española crecerá un 2,7% este año; un 2,4% el próximo ejercicio y a partir de 2020 prevé que la actividad se estanque en un 2,3%. Hace un año esperaba un crecimiento del 2,5% en 2020. Las proyecciones revelan también una paulatina recuperación de los precios de la mano de la normalización monetaria del BCE. Esta combinación refleja un PIB nominal (incluida la inflación) del 4,3% durante todo el periodo de análisis. De cumplirse, el crecimiento sería sólido, robusto y equilibrado.  "Es un periodo de ocho años de crecimiento sin señales de desequilibrios que puedan ser objeto de desaceleración. En el pasado, se presentaban tensiones inflacionistas en periodos de crecimiento largos. A pesar del fuerte crecimiento que tenemos no estamos viendo tensiones de precios", ha remarcado Escolano.

Revisa a la baja crecimiento y empleo

Las proyecciones del Gobierno también muestra que el déficit público no desaparecerá completamente hasta 2021. Ese ejercicio, las administraciones públicas españolas registrarán un ligero superávit de una décima del PIB. Un año antes, en 2020, la Seguridad Social mantendrá unos números rojos de más de 6.500 millones de euros. "España no tendrá déficit. Hemos tardado 14 años en eliminar completamente el déficit de nuestras administraciones públicas", ha insistido el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la conferencia de prensa tras el consejo de ministros.

Montoro también ha desvelado que el Estado central asumirá los incrementos de las pensiones, como el acordado con el PNV, mientras persista el déficit en la Seguridad Social. "El déficit que hay que hacer desaparecer es el de la Seguridad Social y hasta que eso ocurra será la Administración General del Estado la que atienda los incrementos de pensiones como los que hoy se están programando", ha remarcado. Montoro ha precisado que la mejora de las pensiones de este año, 3% para pensiones bajas y alrededor del 1,5% para el resto, supondrá un coste de 1.500 millones de euros. Y vincular las pensiones a los precios costará unos 1.800 millones el próximo ejercicio.

Nuevo impuesto para grandes empresas

Para afrontar esa mejoras el ministro avanzó que creará un nuevo impuesto sobre las ventas de las grandes tecnológicas. "Hay una nueva fiscalidad que es de ámbito europeo Y esa nueva fiscalidad la propondremos y llevaremos al Pacto de Toledo", ha precisado Montoro, que ha explicado que se trataría de un impuesto sobre determinados servicios digitales, que gravaría las transacciones electrónicas. El ministro ha precisado que no es un impuesto sobre consumidores ni usuarios de esos servicios, sino un impuesto a grandes empresas "que no pagan lo suficiente en Estados donde consiguen un importante volumen de negocio". Y ha añadido: "Habrá que ir actualizando impuestos, no sobre el consumo, sino sobre actividades económicas que hoy no están pagando suficientes impuestos. Es lógico que vayamos a nuevas fórmulas de gravamen".

Montoro también ha explicado que la mejora de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo se encajarán sin problemas en los Presupuestos que actualmente se tramitan en el Congreso. Además del nuevo impuesto, el ministro explicó que el gasto en intereses para pagar la deuda será inferior a lo programado en los Presupuestos. "Hay margen", insistió Montoro, que también apuntó que las sentencias por el rescate de las radiales supondrán un coste inferior a lo previsto inicialmente.

Estas cifras presupuestarias permitirán a España salir en los próximos meses del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), el brazo corrector de Bruselas para los países con un déficit superior al 3% del PIB. Pero tras levantar la tutela por este desequilibrio presupuestario, las autoridades comunitarias ponen en marcha otro procedimiento corrector por la deuda pública elevada. Eso obligará a España a reducir sus compromisos financieros. En las proyecciones que el Gobierno remitirá a Bruselas la deuda pública bajará al 89,1% del PIB en 2021, casi 10 puntos menos de PIB que actualmente.

Aunque los ministros de Economía y Hacienda apenas han ofrecido detalles sobre qué politcas concretas o reformas aprobarán en los próximos tres años, han explicado que los ingresos públicos se mantendrán en una cota de alrededor del 38,7% hasta 2021, un nivel muy inferior a la media europea. Por el contrario, el gasto público bajará desde el 45,3% de 2011 al 38,6% del PIB en 2021, según la senda de reducción esbozada por el Ejecutivo. Estas proyecciones situarán a España entre los países europeos con un estado de bienestar más reducido.

El Gobierno no tiene previsto hacer nuevos recortes de gasto o grandes ajustes en partidas presupuestarias. La vía que planea Montoro es que el gasto público crezca menos de lo que hace el PIB. De esta forma, cada vez representará menos en la tarta. Solo así se explica que el conjunto del gasto público pueda alcanzar el máximo histórico dentro de tres años, 530.157 millones de euros, pero en términos de PIB se reduzca a niveles de los años noventa.