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La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna

La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda

Sede de la BPA en Andorra en marzo de 2015
Sede de la BPA en Andorra en marzo de 2015

La Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad financiera elegida por el clan Pujol para ocultar su fortuna, manejó una caja b. Un sistema de pagos secreto que permitió abonar más de 46 millones de euros en comisiones a 120 directivos, empleados e intermediarios del banco. El esquema se ideó para burlar al fisco y los controles de prevención de blanqueo, según los últimos datos de la investigación que dirige la magistrada andorrana Canòlic Mingorance.

El circuito de pagos paralelo funcionó entre 2007 y 2015, cuando las autoridades del Principado intervinieron la entidad por un presunto delito de blanqueo. Y operó a través de una sociedad panameña participada en un 50 % por el que fuera director general y consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel.

Aunque sobre el papel, la mercantil panameña se dedicaba a asesorar a la entidad bancaria -su único cliente-, la finalidad real de esta empresa era mover el dinero de primas y comisiones de directivos, empleados y comerciales.

Las transferencias de la caja b se ordenaron a espaldas del Consejo de Administración del banco. Y ni siquiera los miembros de este órgano de gobierno conocieron que, tras la mercantil panameña, se amagaba el máximo ejecutivo de la BPA, según la investigación judicial.

Miquel, el ejecutivo que blindó su patrimonio

El exdirector general y exconsejero delegado de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel maniobró para proteger su millonario patrimonio de las garras de la Justicia tras ser arrestado, según la Policía de Andorra.

Siete meses antes de que las autoridades del Principado intervinieran la BPA y detuvieran a Miquel, en marzo de 2015, el directivo donó todas las acciones de su sociedad panameña Feyman Investment Corp. a su esposa e hijos. La firma registró una ampliación de capital de 13,7 millones de euros en noviembre de 2015, cuando Miquel llevaba ocho meses en prisión.

Los investigadores sospechan que esta secuencia se ejecutó para permitir a la esposa del exconsejero delegado de la BPA controlar el patrimonio inmobiliario y los fondos que el exejecutivo manejó en una cuenta en el Rothschild Bank de Suiza. “Una vez intervenida la entidad bancaria y detenido, [Joan Pau Miquel] habría realizado una maniobra de ocultación de su patrimonio en beneficio de su esposa e hijos”, señala un informe de la Policía de Andorra.

La sociedad utilizada para los pagos opacos, Landstreet International, aparece en las pesquisas de la Operación Bonus. Una causa judicial que indaga los presuntos delitos de abuso de posición dominante, administración desleal, falsedad de cuentas sociales y blanqueo de capitales.

La investigación revela que la BPA pagó desde 2007 a través de Landstreet International 35 millones de euros a 27 directivos y empleados del banco. Entre los beneficiarios figuraron el exconsejero delegado Joan Pau Miquel, que percibió 12,7 millones de euros; el exdirector general adjunto Xavier Mayol González (1,3 millones); y el que fuera accionista mayoritario de la entidad, Higini Cierco (648.500 euros).

La conexión chavista

La caja b se utilizó también para retribuir las comisiones de comerciales. Uno de ellos fue Luis Alejandro Rivero, gestor de las cuentas en la BPA del empresario Diego Salazar, primo del exministro de Energía de Venezuela Rafael Ramírez, y presunto miembro de la red que expolió la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La BPA abonó 3,4 millones de euros a Rivero, según las pesquisas.

El financiero Gabriel Guillermo Salas Ely, de la agencia de fondos de inversión venezolana Inveramerica e intermediario que “facilitó la ocultación de dinero a PDVSA y Eléctrica de Caracas”, cobró 1,2 millones de euros de Landstreet International, según la Policía de Andorra.

2,9 millones para el asesor del presidente de Azerbaiyán

Y el abogado suizo Olivier Leon Georges Mestelan recibió -según las pesquisas- 2,9 millones de euros del sistema opaco. Los investigadores se refieren a Mestelan como “asesor” del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

La caja B de la BPA también transfirió en septiembre de 2008 un total de 603.382 euros a Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya y hermano del exconseller Felip Puig. La Policía de Andorra considera que este dinero que percibió Oriol Puig “no se justificó”.

Landstreet International manejó cuentas en la BPA donde figuró como titular Josep Maria Frases Homedes, un andorrano de 50 años tildado por la juez de “testaferro”.

Por otra parte, junto al director general de BPA, propietario del 50% de la sociedad utilizada para los pagos opacos, figuraron en Landstreet International los gestores de fondos Javier Escoda y Daniel García, que controlaron, respectivamente, el 35% y 15% de las acciones de la firma panameña, según la Policía de Andorra.

El contrato de asesoramiento de Landstreet International fue acordado en junio de 2007 por el Consejo de Administración del banco. Durante su declaración judicial, Escoda y García aseguraron que desconocían que la mitad de la sociedad panameña era propiedad del director general de la BPA. Creían, dijeron, que las acciones estaban controladas por la entidad financiera. Y justificaron que figuraron como empleados de la BPA “por razones administrativas para poder cotizar a la Seguridad Social andorrana y obtener la residencia en el Principado”.

Los dos gestores y socios minoritarios de Landstreet indicaron a la juez desconocer que la sociedad se utilizó, también, para el pago de primas a directivos y comisiones.

Comisiones a través de Suiza

Del rastreo de las cuentas de la sociedad panameña, se ha podido determinar que Miquel ingresó 12,7 millones de euros; Javier Escoda, 8,3; y Daniel García, 4,4. Los gestores cobraban sus comisiones en la BPA y en el Rothschild Bank de Suiza.

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Miquel, que permaneció en prisión preventiva entre marzo de 2015 y enero de 2017.

Las autoridades andorranas intervinieron en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo. Los dueños del banco, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones. Andorra suprimió el pasado año el secreto bancario.

investigacion@elpais.es

Puente de sobornos de tramas corruptas

El exdirector general y exconsejero delegado de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel empleó la sociedad panameña Landstreet International, que operó como caja B del banco, como un “puente” para abonar primas y dádivas “en casos de corrupción”, según un auto de la juez andorrana que instruye la denominada Operación Bonus, Canòlic Mingorance.

Junto a la fortuna de la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, la BPA fue la entidad elegida por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, implicado en la mayor trama de sobornos de América, y por la red de blanqueo de Gao Ping.

“Mediante facturas falsas se obtenían ingresos de BPA de millones de euros y posteriormente se retribuían mediante pagos en efectivo con primas no pactadas ni declaradas a ciertos directivos de la entidad a su arbitrio”, recoge la juez.

“[Landstreet] también se empleó para retribuir a ciertos prescriptores que no querían figurar en la entidad bancaria por motivos de compliance (prevención de riegos), y para pagar dádivas en casos de corrupción”.

“Aprovechando que Landstreet era una sociedad off shore y que sus cuentas eran titularidad de un testaferro, la firma se convirtió en una sociedad pantalla, con cuentas puente, para cometer diversos ilícitos penales”, indica la juez.

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