La Banca Privada d'Andorra obvió los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relajó su vigilancia sobre políticos que cobraron sobornos de la constructora, según la Policía
La Banca Privada d’Andorra (BPA) obvió los protocolos de prevención de blanqueo para permitir que decenas de sus clientes cobraran millonarias comisiones ilegales de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América.
La entidad andorrana permitió que altos funcionarios, políticos y cargos de la administración de ocho países de Latinoamérica recibieran transferencias millonarias de Odebrecht “pese a los indicios que desaconsejaban estas transacciones o la falta de soportes justificativos”, según un informe confidencial de la Policía de Andorra al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Tras el rastro de 62 millones
La Policía de Andorra quiere saber quién se amaga tras una decena de cuentas en la BPA que canalizaron un total de 62 millones de dólares (53 millones de euros) de la madeja de sociedades de Odebrecht. Los investigadores han reclamado al banco, que fue intervenido en 2015, información sobre estos depósitos.
El documento, fechado el pasado 11 de abril, forma parte de la investigación de la juez andorrana Canòlich Mingorance, que rastrea 200 millones de dólares (173 millones de euros) en sobornos a 145 clientes de este banco.
Los investigadores sostienen que, cuando la macrotrama afloró en junio de 2015, la entidad permitió que los clientes vinculados a la contratista “retiraran sus fondos”.
La BPA “no denunció” y “enterró el tema”, según un informe que atribuye al banco “obviar parámetros importantes y de seguridad por lo que respecta a la procedencia del dinero”.
La Policía se muestra así de tajante tras examinar decenas de actas confidenciales del departamento de compliance (cumplimiento), la unidad de la BPA dedicada a prevenir el blanqueo. Y concluye que solo a partir de 2013, la entidad extremó las cautelas sobre las operaciones controvertidas vinculadas a Odebrecht.
El banco aprobó antes de 2013 transferencias de la contratista a clientes que debieron estar bajo vigilancia por su nexo con la adjudicación de obra pública, principal fuente de ingresos de Odebrecht. Es el caso de los 780.000 dólares (660.000 euros) que recibió en Andorra desde cuentas pantalla de la constructora Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo público que gestionó en Perú la carretera Interoceánica, una obra que ejecutó Odebrecht de más de 1.400 millones de dólares (1.184 de euros).
La Policía resalta que la firma brasileña contactó con la BPA a través del antiguo responsable del banco en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo. “La BPA actuó deslumbrada por tener como cliente a una de las principales empresas de Latinoamérica”, precisan los investigadores.
"LA BPA enterró el tema" tras estallar la trama de sobornos, según la investigación
Betingo colaboró presuntamente en la madeja societaria que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para abonar sobornos sin dejar rastro. “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, afirma la Policía, que acusa a Sanguinetti Barros de “participar en la apertura de las cuentas facilitando la entrada en la entidad de los investigados, gestionando sus recursos y la tramitación de los fondos….[...]". Y resume: "Creemos que [Betingo] era perfecto conocedor de las operaciones”.
El exabogado de Odebrecht detenido en Madrid en 2016, Rodrigo Tacla, también apuntó a Betingo en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción española al relacionarle con el pago de una comisión de un millón de dólares (863.000 euros) al exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera.
Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo. Y la juez Mingorance reclamó su extradición para desgranar su papel en la alambicada arquitectura de blanqueo.
También han puesto el foco los investigadores en la exdirectora de la filial del banco andorrano BPA Serveis, Cristina Lozano. Atribuyen a esta directiva la creación de empresas panameñas que se colocaron después en las cuentas andorranas para enmascarar a los verdaderos beneficiarios. “Odebrecht recurrió a BPA Serveis para pagar comisiones en B o, mejor dicho, en negro”.
Lozano figuró también como representante de Lodore, una fundación utilizada por Odebrecht para ocultar la trastienda de la compra de la petroquímica Quattor-Unipar. El gigante brasileño y Petrobras desembolsaron en 2010 en esta operación más de 500 millones de dólares (425 millones de euros).
“Tanto Norberto Sanguinetti como Cristina Lozano tuvieron una colaboración capital y participaron plenamente en la logística, formulación y construcción de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a través de BPA”, concluyen los agentes, que precisan que ambos no tenían poder jerárquico y señalan, además, a tres de sus superiores.
investigacion@elpais.es
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