Los papeles secretos del mayor escándalo de América

Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.

Los sabuesos andorranos bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.

El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presión internacional, renunció el pasado año al secreto bancario.

EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó.

La revelación contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo. También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba política que ha aflorado sobornos en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.

La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.

La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de dólares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban después un plan de obras públicas multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de dólares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.

La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.

Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares (173 millones de euros).

La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales.

Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.

Lo que sigue son los papeles secretos del mayor escándalo de América:

Transferencia de dos millones a los padres del exministro panameño Papadimitriu

Odebrecht abonó 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campaña del presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), según documentos confidenciales.

La constructora recurrió a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del político, María Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Belice.

Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro depósitos que movieron cerca de diez millones de dólares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco podían conocer que, tras códigos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli.

Un alto cargo de Alan García planeó ocultar 10 millones

El exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera planeó ocultar hasta diez millones de dólares (8,5 millones de dólares) en Andorra.

Este exdirectivo designado por el gabinete del elexpresidente Alan García (2006-2011) recibió en la BPA 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.

Los papeles secretos del banco andorrano confirman también que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), planeaba ocultar en el pequeño país de Europa entre 600.000 y un millón de dólares (entre 520.000 y 863.000 euros). Y que solo durante el primer año barajaba transferir 800.000 dólares (690.000 euros) a su depósito andorrano.

Las revelaciones señalan además que el exmiembro del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin Luyo Barrientos, manejó –al menos- dos cuentas en Andorra.

A su depósito en la BPA ya conocido, se sumó otro en el Crèdit Andorrà que el 24 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de dólares (un millón de euros).

Soborno del exministro colombiano García Morales

La Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abonó el exministro de Transporte de Colombia Gabriel García Morales. Un informe confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Canòlic Mingorance acredita esta comisión ilegal.

El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc “fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario”.

El beneficiario del depósito fue el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García Morales, que concedió a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol, Sector II.

El exmandatario, que reconoció su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. También ha admitido su participación en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen libanés Enrique Chisays Manzur.

La Policía de Andorra pone, también, el foco en Paulo César de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que participó en una reunión en las oficinas de este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trató presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utilizó la constructora para abonar sobornos, según la declaración a la Justicia brasileña de dos testigos.

Los agentes examinan una cuenta a nombre de Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas Vírgenes el 25 de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Raúl Barrios Icaza, que después se dio de baja. El depósito llegó a tener en julio de ese año un saldo superior a 12 millones de dólares (10,3 millones de euros).

Un directivo movió 200 millones en Andorra

El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarrolló un papel “clave” en los pagos de la constructora a través de la BPA, según un informe de la Policía de Andorra dedicado a Brasil.

Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía condenado a 19 años de prisión, Rodrigues fue para los investigadores “el responsable de los pagos de sobornos a políticos, directivos de empresas y corporaciones públicas, a través de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en paraísos fiscales”.

El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y también representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad constituida por la BPA para el pago a políticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues también figuró tras Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron pagos secretos.

Dinero negro en una obra argentina de 3.000 millones

Odebrecht pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares (2.572 millones de euros), según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017.

La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10%, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento.

Uruguay: una casa de cambios bajo sospecha

Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Policía señala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.

Carday Capital tenía abierta una cuenta en la BPA para “recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina”. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad panameña de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abonó a Carday Capital.

Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, “Ricardo Fontana”. Sostienen que se trata de Ricardo José Fontana Allende, empresario implicado en una operación de blanqueo.

Los informes policiales sobre Chile citan a Andrés León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta  un saldo de 400.103 euros. Y recibió tres millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Mozes.

Exministro de Ecuador e ingeniero mecánico

Odebrecht también abonó sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Raúl Endara, según la Policía de Andorra.

“Las aportaciones realizadas a sus cuentas no están justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestación de servicios y consultoría con escasa o nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”, sentencian los investigadores.

Tres empresas panameñas de Endara movieron un millón de dólares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utilizó la constructora brasileña para el pago de sus comisiones ilegales a través de la BPA.

Para lograr la apertura de su depósito en la entidad andorrana, Mosquera se presentó ante el banco como un ingeniero mecánico al rellenar el 18 de enero de 2011 el cuestionario confidencial de cliente.

En la BPA recibió de Odebrecht un presunto soborno de un millón dólares (860.000 euros). A la pregunta de si era o no una Persona Políticamente Expuesta (PEP), el exministro de Rafael Correa marcó ambas casillas: la del sí y la del no.

‘Betingo’, el actor clave

La conexión de la BPA con Odebrecht pasa –según los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.

La Policía del Principado califica el papel de este exfinanciero de “clave” y le sitúa como partícipe de la alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. “Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes.

Betingo fue además la “persona de contacto” –según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones.  “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, concluye la Policía de Andorra. investigacion@elpais.es

ESPECIAL