Canarias también planea un impuesto sobre las bebidas y otros alimentos azucarados

Canarias es la única comunidad autónoma que planea establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas como el que entró en vigor este lunes en Cataluña. El Ejecutivo canario va más allá y estudia extender el gravamen a alimentos con alto contenido en grasa y azúcar, como la bollería industrial.

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, explica que ya ha anunciado la medida en el Parlamento insular. "Estamos inmersos en un proceso de revisión y actualización del sistema tributario de Canarios. Hemos encargado a una comisión de expertos que diseñen una propuesta de reforma. Nuestra intención es seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de gravar determinados productos con alto contenido en azúcar para combatir la obesidad".

Dávila descarta que el nuevo gravamen vaya a tener un carácter recaudatorio. "Es un impuesto con un fin disuasorio para desincentivar estos productos que fomentan la obesidad y favorecer el consumo de alternativas más saludables". La consejera de Hacienda canaria lo justifica con datos. Explica que cuatro de cada diez canarios mayores de 18 años padecen sobrepeso u obesidad. Y entre los menores de edad, el 10,6% de los niños y jóvenes tiene obesidad. Un problema que desencadena enfermedades como la diabetes u otras enfermedades coronarias, abunda Dávila, que añade que el impuesto también gravará otros alimentos con alto contenido en azúcar y grasas como la bollería industrial.

El resto de comunidades no se plantea un tributo de estas características. En unos casos, porque creen que perjudicaría su economía regional y en otros, porque va en contra de su proyecto político. La mayoría, con independencia de las siglas del partido que gobierne, lo rechaza porque cree que no es el momento cuando está previsto aprobar este año la reforma del sistema de financiación, que previsiblemente incluirá una reforma del sistema tributario regional.

Sector de la remolacha azucarera

En el primer caso está Castilla y León, una de las comunidades mas contrarias a este tributo. El sector de la remolacha azucarera tiene una gran presencia en esta comunidad y genera una importante actividad económica para la región. "Es uno de los sectores agrícolas con más peso en la comunidad, genera un impacto económico y social muy importante y contribuye a la sostenibilidad de las áreas rurales fijando población", aseguran fuentes de la consejería de Agricultura de Castilla y León. De hecho, la consejera, Milagros Marcos, firmó un manifiesto contra el impuesto a las bebidas azucaradas que pretendía establecer el Gobierno central.

Madrid es otra de las autonomías que se opone al tributo, pero, en su caso, por motivos políticos. Desde la consejería de Hacienda del Gobierno de Cristina Cifuentes recuerdan que en el programa electoral del PP se comprometieron a bajar los impuestos y no a subirlos o establecer nuevas figuras.

El Ejecutivo vasco, por su parte, no se plantea seguir los pasos de Cataluña y descarta, por ahora, aprobar un impuesto sobre las bebidas azucaradas. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, afirmó ayer que no contempla crear el nuevo tributo "ni por motivos fiscales ni por razones de salud". Erkoreka explicó que el impacto económico del impuesto a los refrescos azucarados sería "muy limitado" y tendría un efecto recaudatorio "poco relevante". Además, indicó que el consumo de bebidas azucaradas en el País Vasco "no tiene apenas influencia" en los problemas de obesidad en esta comunidad.

Reforma de la financiación

En Baleares tampoco está sobre la mesa un impuesto sobre este tipo de bebidas. Desde el Gobierno de Asturias explican que no hay ningún plan para implantar un impuesto de estas características. Pero IU regional en Asturias ha presentado una propuesta en el Parlamento asturiano, aunque no cuenta con el apoyo del PSOE. El Gobierno del Principado aprecia que existe "incertidumbre juridíca" y considera que "no es el momento de poner nuevos tributos sobre la mesa", teniendo en cuenta que está abierta la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, esgrime las mismas tesis que Asturias. Recuerda que la ley impide que los tributos autonómicos recaigan "sobre hechos imponibles gravados por el Estado" y defiende que el impuesto a las bebidas azucaradas entraría en esta categoría porque fue incluido por el Gobierno central en su plan presupuestario para 2017. No obstante, el Ejecutivo ya ha anunciado que no aprobará el impuesto sobre bebidas azucaradas salvo que se desvíe del objetivo de déficit público.

La Junta de Andalucía tampoco se plantea, de momento, un gravamen de esta naturaleza sobre las bebidas con alto contenido en azúcar. Aplazan cualquier decisión para el próximo año, cuando estudiarán si es pertinente el impuesto al elaborar los presupuestos.

La Junta de Extremadura también lo descarta. Explica que "Extremadura no está trabajando sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. Hemos de tener en cuenta que el gobierno regional no tiene mayoría en la Asamblea, con lo cual el establecimiento de un tributo propio debe ser por Ley y consensuado con el resto de partidos políticos con representación en la misma".

Otras comunidades como La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón, la Comunidad Valenciana tampoco tienen previsto establecer un tributo de esta naturaleza.

Información elaborada por Mikel Ormazabal, Lucía Bohórquez, Sonia Vizoso, Virginia Vadillo, Javier Martín-Arroyo y María Josep Serra.