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Agricultura investiga prácticas abusivas en el mercado del vino

Las bodegas estarían incumpliendo la exigencia de compra de uva bajo contrato y a precios fijados y retrasando los pagos

Comienzo de la vendimia en Vilachá, municipio de Sober (Lugo).
Comienzo de la vendimia en Vilachá, municipio de Sober (Lugo). Nacho Gómez

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Inspección y Control de la Cadena Alimentaria, ha iniciado una investigación sobre la situación del mercado del vino para detectar si existen irregularidades y prácticas abusivas en las políticas de contratación en la compra y en el pago de la uva. Esta actuación se ha puesto en marcha por la existencia varias denuncias por parte de organizaciones agrarias sobre el desarrollo de una vendimia con ausencia generalizada de contratos, en contra de lo que contempla la Ley sobre la Cadena Alimentaria.

Para el responsable de la división vitivinícola de la organización agraria COAG, Alejandro García-Gasco, las bodegas están incumpliendo de forma generalizada la exigencia de comprar la uva bajo un contrato, a unos precios y plazos fijados con anterioridad en medio de la indefensión de los viticultores y simplemente con la información sobre los precios que figura en las tablillas de las bodegas.

Desde el sector se denuncia también el retraso abusivo de los pagos con aplazamientos de varios meses. García-Gasco señala que el hecho de estar ante una campaña elevada y la existencia de excedentes están propiciando mayores abusos por parte de las bodegas sobre unos viticultores muy necesitados de vender la uva.

La Administración investiga también a 55 firmas del sector hortofrutícola

El director de la Agencia, José Miguel Herrero, reconoce haber recibido informaciones y denuncias generales sobre la existencia de prácticas abusivas en este mercado en varias denominaciones de origen, pero sin que se hayan documentado las mismas sobre una empresa en concreto. A la vista de esta situación, un primer trabajo de la Agencia se está centrando en la investigación general de ese mercado donde los contratos eran muy reducidos, antes de pasar a realizar un seguimiento de las políticas llevadas a cabo por cada empresa. Desde el organismo público se recuerda que existe la posibilidad de realizar las inspecciones hasta dos años después de la operación y que las empresas están obligadas a mantener la documentación. Estas exigencias no afectan a las bodegas cooperativas en las relaciones con sus socios, donde se entiende que ya existe un contrato entre las partes.

La Agencia recibió una consulta de la Federación del Vino sobre los plazos exigibles para el pago de la uva. Desde la Agencia se ha respondido señalando que la uva es un producto perecedero, por lo que la misma se debe pagar en un plazo de 30 días. Igualmente se insiste en la exigencia de que las operaciones, a partir de los 2.500 euros, se deben hacer siempre bajo contrato y fijando claramente el precio y las condiciones de pago.

Por otra parte, la Agencia ha llevado a cabo en las últimas semanas un total de 125 inspecciones en 14 comunidades autónomas sobre empresas del sector de frutas y hortalizas por si hubieran cometido actuaciones abusivas en materia de precio y respeto de las condiciones pactadas en contrato con motivo de la crisis de cotizaciones provocada por el veto ruso a las importaciones. También se han revisado las condiciones en que se han realizado las subastas electrónicas. Tras estas investigaciones, la Agencia ha requerido información escrita a 55 de esas empresas del sector como paso previo a la apertura de un expediente sancionador.