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Manuel Chaves con su hermano y su hijo Iván
La delicada situación que atraviesa el PSOE andaluz, acosado por el caso de los ERE fraudulentos y en plena digestión de la crisis interna causada por la dimisión del histórico dirigente Luis Pizarro como consejero de Justicia por discrepancias con José Antonio Griñán, tiene un nuevo capítulo.
A la vista del apoyo sin fisuras del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, aunque se siente en el banquillo acusado de cohecho impropio, el PP valenciano ha decidido que lo que es bueno para uno es bueno para todos.
La economía y el paro son, de largo, los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, pero no deja de crecer mes a mes la opinión de que la clase política forma parte del problema y no de la solución. Lo ve así el 27,3% de los encuestados en marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Un plantón. Esa fue la estrategia de defensa escogida por el ex secretario general del PP y ahora candidato del Foro Asturias a la presidencia del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en la causa por injurias que sigue contra él el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid por llamar a los agentes que investigan el caso Gürtel "camarilla de la policía judicial".
No solo los representantes del Gobierno en el proceso de diálogo con ETA en 2006 y 2007 -Jesús Eguiguren, Manuel Gómez Benítez y Javier Moscoso- cuestionan la veracidad de las actas del dirigente de ETA Javier López Peña, Thierry. También lo hacen organizaciones neutrales en aquel diálogo, como la asociación ciudadana por la paz Lokarri.
El último juicio de los GAL, en el que se juzga al que fuera jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, por su supuesta financiación de los ametrallamientos de los bares Batxoki y La Consolation, en el sur de Francia en 1986, y por los que en 1991 ya fueron condenados los policías José Amedo y Michel Domínguez, quedó ayer visto para sentencia.
Como un coronel que se dispone a espolear a una tropa desorientada, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se esforzó ayer en trabar un relato que explicara el porqué de unos recortes sociales que amenazan con incendiar el clima social en Cataluña y siembran nubarrones en el horizonte electoral de Convergència i Unió.
Las dilaciones indebidas en los procesos judiciales, así como la escasez de medios humanos y materiales para administrar justicia constituyen sendas fuentes de quejas ante la Oficina del Defensor del Pueblo, como consta en su informe correspondiente al año 2010, que se presentó ayer.
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