El fiscal pide siete años de cárcel para dos exalcaldes socialistas

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años y seis años y medio de prisión respectivamente para los exalcaldes socialistas del municipio de Ciempozuelos (Madrid) Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, por delitos continuados de blanqueo, cohecho, y falsedad documental. El escrito por el que solicita la apertura de juicio sostiene que una serie de constructoras (Bitango, Sanedi y Edificaciones Tifán...) les pagaron a ambos 7,6 millones de 1999 a 2007 para "asegurarse sus intereses urbanísticos en Ciempozuelos permitiendo una pronta construcción de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana pero consiguiendo acelerar los trámites".

Tales cohechos se abonaban a firmas tapadera que simulaban facturar servicios a las constructoras, y, después, hacían llegar el dinero a sus destinatarios reales. "El dinero que llegó a las mercantiles controladas por los acusados Torrejón y Tejeiro fue reintegrado en efectivo a los administradores de las mismas y, una vez detraída su participación, trasladado en efectivo, o mediante transferencias a Torrejón y Tejeiro, quienes lo invirtieron en su beneficio, por ejemplo en la adquisición de inmuebles a su nombre o de las mercantiles controladas por ellos".

Cuentas en Andorra

El escrito da por acreditado que "en febrero de 2006, Torrejón y Tejeiro viajaron a Andorra con la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares en consideración a los cargos públicos que ocupaban, en el caso de Torrejón, y había ocupado, en el caso de Tejeiro. (...) El 27 de junio de 2006, cancelaron sus respectivas cuentas cifradas, retirando el primero 806.302 euros y el segundo, 104.672 euros, todo ello en billetes de 500 euros".

Tal información sobre sus cuentas opacas en Andorra llegó a la policía española por sospechas de blanqueo; y, en paralelo, a personas próximas al Gobierno de Esperanza Aguirre, que promovió el consiguiente escándalo mediático y jurídico. La noticia se solapó con la difusión por EL PAÍS de pelotazos urbanísticos dados por parientes de Aguirre en Madrid con la presunta complicidad de su ex director general de Urbanismo Enrique Porto, cuya gestión investiga la justicia a partir de una denuncia ante Anticorrupción del PSOE.