Cuestión de prioridades

La Ley de Economía Sostenible que ayer aprobó el Consejo de Ministros expone con claridad las dificultades del Gobierno para dar respuesta a la crisis. Las medidas de la ley son todas ellas defendibles y beneficiosas a medio plazo. Está bien reducir el fárrago de trámites necesarios para crear una empresa (¿por qué no se hizo antes?), obligar a través de la Ley del Mercado de Valores a que las empresas cotizadas sean más transparentes, gravar con precisión los bonus de los directivos o reservar para las rentas más bajas la desgravación fiscal por la compra de vivienda. Es verdad que la economía española tiene que ampliar su especialización productiva e incentivar la creación de empresas más competitivas; pero esos objetivos no deben distraer la atención de los problemas inmediatos de la recesión: el paro, la destrucción de empresas y la solvencia financiera del Estado. Cuestión de prioridades.

El Gobierno tiene un serio problema de gestión de la crisis a corto plazo y tiende a disimularla ofreciendo "profundas reformas transversales" para "modernizar la economía española", como dijo ayer el presidente del Gobierno. La tasa de paro ronda el 19%; el Estado soporta un déficit del 11,4% del PIB, un desbordamiento que le ha causado advertencias severas de parte de los inversores que tienen que comprar la deuda española; y el sistema financiero no acaba (ni empieza) de recapitalizarse, pendiente de fusiones dudosas o directamente disparatadas de cajas de ahorros.

Si el Gobierno quiere un mapa de la recesión, aquí tiene uno: como consecuencia, aunque no sólo, del crash inmobiliario, el crédito para las pequeñas y medianas empresas solventes ha dejado de fluir, las pymes desaparecen y no hay creación de empleo. Además, está pendiente un plan de estabilización financiera, que incluye un plan de reducción del gasto de considerables proporciones, y una reforma del mercado de trabajo que debería facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Sin menospreciar la Ley de Economía Sostenible, laudable intento de acabar a medio plazo con el crecimiento a base de ladrillo y especulación, parece oportuno recordar que la economía probablemente mejorará deprisa si el Gobierno se centra en dos o tres asuntos capitales. La primera es concluir el saneamiento del sistema financiero, retrasado por multitud de motivos que se han convertido en excusas, y que constituye la amenaza más peligrosa contra la recuperación económica.

La segunda es negociar con las autonomías un acuerdo general de reducción del gasto público. El camino está abierto por el pacto para bajar el coste sanitario, aunque el ahorro que supondría limitar el coste de las Administraciones públicas sería muy superior. Es decisiva en este punto la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo lunes. Y, por fin, el Gobierno ha de urgir el cambio en el mercado de trabajo. Sería deseable que la brillantez de la Economía Sostenible no distrajera al Gobierno de enfrentarse a lo más urgente y más desagradable.