Argentina juzga a sus torturadores

Lejano entonces el juicio contra los 19 represores argentinos actualmente procesados, el guardabosques Alfredo Chávez protestó contra la larga impunidad de Alfredo Astiz con una patada en la entrepierna del ex teniente de navío que le acomodó las criadillas. Aquel puntapié de septiembre de 1995 en San Carlos de Bariloche, seguido de un puñetazo que fracturó la dentadura postiza del militar, demostró el descrédito de las leyes e indultos que beneficiaron a los servidores más crueles de las Juntas Militares (1976-1983). Desde el pasado 11 de diciembre, un tribunal de Buenos Aires juzga a 19 ex marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), patíbulo de 5.000 personas, previamente torturadas.

Astiz y Acosta coordinaron los 'grupos de tareas' que secuestraron e hicieron desaparecer a detenidos

Militares y civiles siguen escondidos en España y otros países europeos por miedo a ser juzgados por sus delitos

El reo Alfredo Astiz, de 58 años, conocido como El Ángel Rubio durante los años de la picana y el horror, escuchó los cargos de la fiscalía en la primera vista oral del juicio leyendo El proceso, de Franz Kafka, y no manifestó gesto alguno de contrición. Siempre fue altanero, incluso la mañana del inesperado quebranto testicular en la costanera de Bariloche. "¿Vos sos Astiz?", le preguntó el guardabosques de 36 años. "Sí. ¿Y vos quién sos?". "Soy el que te va a cagar a trompadas. Vos sos un reverendo hijo de puta, asesino de adolescentes". Llovieron los golpes. "¡Paren a este loco de mierda!", pidió a gritos la chica que acompañaba al ex oficial. Chávez justificó la paliza. "¡El hijo de puta que tenés al lado mataba muchachitos por la espalda!". "Y no le pegué de entrada. Le di tiempo preguntándole el nombre. Le di la oportunidad que él no le dio a Dagmar Hagelin".

El Tribunal Oral Federal 5 de la capital argentina deberá determinar, probablemente en el segundo semestre de este año, si el procesado participó en la desaparición de la sueca de 17 años Dagmar Hagelin y en el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, por el que fue condenado, en rebeldía, a cadena perpetua en Francia. Implicado en más de 800 violaciones de derechos humanos, también el ex general Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, responderá próximamente ante la justicia. El proceso de Buenos Aires es posible porque el Congreso y el Tribunal Supremo argentinos declararon nulas, entre los años 2003 y 2005, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final decretadas en 1986 y 1987 por el Gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín para pacificar los cuarteles.

En la primera vista, Astiz exhibió el libro Volver a matar, de Juan Bautista Yofre, que fue jefe de inteligencia de Carlos Menem (1989-1999), bajo cuya presidencia se promulgaron los decretos del indulto. El libro aborda la lucha antiguerrillera de los sesenta y setenta, invocada por los acusados como fuerza mayor. Cerca de Astiz, el ex teniente de navío Juan Carlos Rolón se entretuvo con sudokus mientras la fiscalía detallaba los tormentos aplicados en la ESMA.

"¡Treinta mil detenidos-desaparecidos presentes!", gritaron los familiares durante el juicio. "¡Terroristas!", respondió otro. Un total de 280 personas, muchas de ellas sobrevivientes de los centros de detención y torturas, rendirán testimonio. Todos incriminan al ex almirante Eduardo Massera, que se libró del juicio por "insania mental". La locura colectiva instalada en el país suramericano durante el desgobierno de los generales llevaba al oficial de fragata Jorge Tigre Acosta a dejar la picana apoyada en los genitales del detenido Martín Grass y marcharse a tomar un café. A la vuelta, se jactaba de traducir en diagnóstico médico la intensidad de los alaridos del supliciado: "Ese pajarito no va a volar más".

La fiscalía considera probado que Acosta y Astiz dirigían los servicios de información de la ESMA y los grupos que "secuestraron, robaron y saquearon"; coordinaron todo para que "mientras los detenidos eran torturados, otro grupo estuviera listo para salir a secuestrar, según los datos que se obtenían bajo tormento". Todos los prisioneros permanecían engrilletados, y su alojamiento en los calabozos era infrahumano, sin asistencia sanitaria y apenas alimentados, y se les obligaba a escuchar los gritos de dolor por las torturas a sus compañeros. Atadas a camastros metálicos de la ESMA, las monjas francesas fueron martirizadas con descargas eléctricas, vejadas con cachiporras y ferozmente golpeadas en interrogatorios presenciados por Astiz y otros, según el relato fiscal. Finalmente, fueron arrojadas al mar vivas en los denominados vuelos de la muerte.

El juicio de Buenos Aires celebrará este mes dos sesiones con nuevos testimonios sobre el formato y modo de operar de los grupos de tareas de la ESMA, y sobre el cautiverio, asesinato y desaparición de miles de argentinos a tiros, a palos o ahogados en el Río de la Plata. El juicio ventilará, entre otros crímenes, el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh, cuya "carta abierta de un escritor a la Junta Militar", escrita al año del golpe castrense de 1976, que nadie se atrevió a publicar, le condenó a muerte. Argentina vivió el horror más profundo de su historia, acusó el periodista. "Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio".

Argentina hace justicia. Pero no pocos mandos castrenses, prófugos del terrorismo de Estado, lograron emboscarse en España y en otros países europeos, sin haber sido capturados todavía. "Tengo la completa seguridad de que es así", afirma Carlos Slepoy, abogado de las víctimas. "Algunos podrían estar viviendo todavía en los barrios ricos madrileños de La Moraleja o Aravaca, pero se abandonó la investigación". Al menos 59 de las 510 personas sujetas a proceso en Argentina se encuentran huidas, de acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Invocando la justicia universal, años atrás, la persecución del juez Baltasar Garzón permitió la detención de varios oficiales en fuga cuando comenzaron los procesos contra las Juntas Militares; entre ellos, Ricardo Cavallo, extraditado desde España en 2008, y Adolfo Scilingo. La colaboración internacional, fundamentalmente de los tribunales alemanes y franceses, estrechó después el círculo, atrapando recientemente en España a otros dos reos pendientes de extradición: el ex subcomisario Jorge Alberto Soza, de 72 años, reclamado por 18 casos de detención ilegal, secuestro y torturas, y Julio Alberto Poch, de 57 años, el piloto de la aerolínea holandesa Transavia que supuestamente alardeó de haber participado en el asesinato de subversivos arrojándolos al mar.

Hay miembros de las tres armas, de la policía y del estamento civil implicados en la represión que siguió al derrocamiento de la presidenta Isabel Perón en 1976. Sus edades oscilan hoy entre los cincuenta y pico años y los noventa. "Un puñado está en prisión. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras", según el periodista Diego Martínez, del diario porteño Página/12. Casi todos tienen hijos y nietos, van a misa y pasan desapercibidos. "Sólo ellos y sus íntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vacío".

Diego Martínez lamenta la falta de "una estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes". Pero como el testimonio de Poch probablemente será útil, el Gobierno español aprobó tramitar la extradición solicitada por el juez argentino Sergio Torres. Al igual que Sosa, el aviador se encuentra en prisión a la espera de la eventual aprobación de su entrega. Mientras tanto, otro pez gordo, Reynaldo Bignone, que asumió el mando de las Juntas en el bienio 1982-1983, se sentó recientemente en el banquillo. "Hablan de 30.000 [desaparecidos], pero sólo fueron 8.000", dijo el acusado a la periodista francesa Marie-Monique Robin durante su intervención en el documental Escuadrones de la muerte. La escuela francesa.

La fuga hacia Brasil, México, España u Holanda de militares comprometidos con las barbaridades de la ESMA y de los otros 339 centros clandestinos de detención y tortura comenzó con los juicios civiles de 1984 contra los comandantes de las Juntas, ordenados por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Con la aprobación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, casi a punta de pistola militar, y con los posteriores indultos se ralentizó la fuga de quienes ya se veían entre rejas. La nulidad de las leyes de perdón permitió la reanudación de las vistas. Deberán rendir cuentas no sólo los 19 ex marinos juzgados estos días, sino todas las personas detenidas en establecimientos militares o civiles y, si fueran detenidos, los prófugos. "Estoy seguro de que hay más ex militares en España y Europa", subraya Carlos Slepoy. "Lo que ocurre es que a raíz de la apertura de procedimientos por parte de la Audiencia Nacional, por el juez Garzón, se produce el retorno a Argentina de muchos. Algunos de los que no retornan han sido detenidos".

Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, observa atentamente lo que ocurre en Argentina y, pese a las dificultades, cree que las cosas van muy bien. "En España ya poco podemos hacer", señala. "Ahora mismo, cualquiera de los que están detenidos aquí podría ser enviado allí, porque ya es posible hacer justicia en Argentina". Desde 2003 hasta octubre de 2008 se activaron cerca de 1.000 causas en Argentina, según la Unidad Fiscal de Coordinación de este país.

Son 561 autos de procesamiento contra 510 personas, de las cuales 59 siguen prófugas, y el resto, detenidas. Hasta ahora, 50 de ellas han sido condenadas. Posiblemente Poch y Soza serán extraditados y juzgados pese a las dificultades observadas por Ollé, profesor de Derecho Penal, y por la abogada suizo-peruana Claudia Josi en un informe ante el FIDH tras un año de investigaciones. Los sustanciales avances argentinos en la investigación de los delitos conviven con dificultades que entorpecen el normal desarrollo de los procedimientos judiciales, según el informe, que cita, entre otros, el letargo de las causas y la inseguridad de los operadores jurídicos, víctimas, testigos, peritos e imputados.

"La complejidad y magnitud de las causas, en una de las mayores investigaciones vigentes en el mundo por crímenes contra la humanidad, requieren jueces especializados y dedicados, junto con funcionarios judiciales, en exclusiva", reclaman Ollé y Josi. Carlos Slepoy lamenta que el número de personas que están siendo juzgadas, aún importante, es relativamente ínfimo si se compara con el número de participantes en el terrorismo de Estado de las Juntas. "Y un problema fundamental de los juicios es que la mayoría no están en la cárcel", agrega el abogado. "No están porque han agotado el periodo máximo de prisión preventiva, porque tienen más de 70 años o porque se decide que estén en unidades militares". La lentitud de los juicios o su atomización también irritan. "Hay muchas quejas por parte de las víctimas".