Vizcaya exige el embargo de cuentas bancarias de tres empresas de Afer

El enfrentamiento entre la Diputación de Vizcaya y el grupo empresarial Afer sube otro escalón más. La Hacienda foral exigió hace casi dos semanas, según confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales, el embargo de las cuentas bancarias de tres empresas del grupo -Habidite, Habidite Technologies e Iurbentia- por el impago del IVA de una operación urbanística, que un importe de 43 millones de euros. La petición fue recurrida la pasada semana por Afer ante el Tribunal Superior por considerarla "absolutamente ilegal". Pero el embargo es efectivo, ya que desde el pasado día 8 los saldos de una decena de cuentas de las tres empresas se encuentran bloqueados.

En los escritos enviados a los bancos por Hacienda se añade la orden de que, si no reciben en diez días una comunicación en sentido contrario, deben transferir el dinero de las cuentas a la Diputación de Vizcaya. Este plazo se cumple a finales de esta semana. La Hacienda vizcaína ha decretado el embargo como "medida cautelar" ante el riesgo del impago de la deuda, según se recoge en el escrito enviado.

Una decena de cuentas están bloqueadas desde el pasado día 8

La empresa ha pedido al Tribunal Superior que suspenda la medida

La actuación foral se fundamenta en el impago por Afer de una deuda fiscal de 43 millones. Esta cantidad corresponde al IVA generado con la venta de los terrenos del proyecto urbanístico Puerta de Bilbao, en el barrio baracaldés de Lutxana. La irrupción de la crisis puso en dificultades económicas a la empresa Iurbenor, que debía llevarlo a cabo, y se vio obligada a principios de año a salir de la operación, que prevé edificar 2.000 viviendas, 700 de ellas de VPO, y otros edificios de uso terciario. La Caixa y la BBK, dos de las entidades que le habían financiado la compra del solar, pactaron con Iurbenor la condonación de su deuda de 310 millones a cambio de los terrenos.

La compraventa generó un IVA de 42,9 millones de euros, que Iurbenor debía ingresar en la Hacienda foral. Pero el presidente de Afer, Jabyer Fernández utilizó ese dinero para atender problemas de liquidez del grupo y pidió a la Diputación de Vizcaya el aplazamiento de la deuda, un trámite habitual de muchas empresas (sólo el pasado año la institución foral concedió 7.000 aplazamientos de pago). Esta actuación motivó una crisis interna en Iurbenor, con la presentación de una denuncia de siete ex consejeros (entre ellos el presidente del Athletic, Fernando García Macua, hasta hace poco mano derecha de Jabyer Fernández) por apropiación de fondos.

Afer puso como garantías al pedir el aplazamiento de la deuda el proyecto de la fábrica de pisos en serie en Alonsotegi -el fondo del conflicto entre ambas partes-, incluyendo el plan de negocio, que compromete a la Diputación a comprarle 1.500 pisos. Con ello trataba de hacer visible el compromiso foral (firmó con el grupo tres convenios en diciembre de 2006) a un proyecto del que el equipo de José Luis Bilbao se ha ido desmarcando progresivamente. Esta solicitud de aplazamiento se tramitó el 7 de mayo, cuando el plazo expiraba el día 8.

El grupo Afer asegura que se enteró de los embargos el 8 de mayo a través de las entidades bancarias, ya que la comunicación de Hacienda no le llegó hasta el día 11. Según estos datos, la Hacienda foral habría enviado la comunicación de embargo antes de recibir la petición de aplazamiento de la deuda.

El diputado general, José Luis Bilbao, quien la pasada semana se reunió con los grupos de la oposición para explicarles el conflicto con Afer, ya comentó en estos encuentros que la Diputación no aceptaba los convenios como garantía.

La empresa de Jabyer Fernández presentó el pasado martes un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior pidiendo la paralización de los embargos. "Son medidas excepcionales que se toman cuando Hacienda ve que no hay ninguna posibilidad de pago. No lo he visto en 20 años de profesión", señaló ayer el abogado de Afer. El letrado cuestionó, además, que se incluyan a las dos empresas de Habidite (las que gestionan el proyecto de la fábrica de pisos), "que no deben ningún dinero".