El PP cree que habrá multitud de demandas

El conflicto con Afer se debatirá hoy por vez primera en las Juntas Generales, casi tres semanas después de que estallasen públicamente las discrepancias entre el grupo empresarial y la Diputación. Hasta ahora nunca se había producido en Euskadi tal ataque de un empresario a una administración vasca, incluyendo la acusación a la Diputación de Vizcaya de cometer un delito por una presunta falsedad del documento de una obra. Y también es inédito que una administración anuncie la rescisión de golpe de cuatro contratos de obra a una empresa, como lo hizo el 29 de abril la Diputación vizcaína. En el fondo del conflicto está el cuestionado proyecto de la fábrica de pisos en serie de Afer, previsto en Alonsotegi, que iba a generar 1.100 empleos y que fue apadrinado por el diputado general, José Luis Bilbao, en diciembre de 2006.

Olazabal pide a Bilbao "informes solventes" del apoyo a la fábrica de pisos

Pero la fábrica sigue en los planos, porque Afer no ha podido disponer del suelo que se comprometió a facilitarle la Diputación. La institución foral justifica los retrasos por la compleja tramitación urbanística de los terrenos.

José Luis Bilbao comparecerá rodeado de cuatro diputados forales: los de Acción Social, Cultura, Urbanismo y Medio Ambiente. Corresponden a las áreas de las obras de Afer cuyos contratos se quiere rescindir, un asunto en el que se centrará la Diputación en sus explicaciones. El PP, el partido que más escéptico se ha mostrado con la fábrica de pisos, advirtió de la multitud de demandas civiles que tendrá la Diputación si se rescinden las adjudicaciones. Su portavoz, Carlos Olazabal. advirtió sobre "los millones de euros que nos estamos jugando" e instó a no romper las relaciones. "Hoy todavía es posible encauzar las cosas".

En contra de la opinión del gobierno foral, abogó por cumplir los convenios sobre la fábrica de pisos, "adaptándolos a la legalidad" -el PP los cuestionó desde el principio-, si el proyecto es "técnica y económicamente viable. "Suponemos que la Diputación y el Gobierno vasco [en diciembre lo incluyó entre los diez proyectos estratégicos hasta 2011] han hecho los estudios que hay que hacer para apoyarlos".

Olazabal, que calificó ayer de "muy graves" la acusaciones de falsedad documental, reclamó al diputado general "informes solventes" que justifiquen el compromiso con el proyecto de Afer, porque "la Diputación se juega una demanda de 250 millones de euros, sólo por la compraventa de los 1.500 pisos". El PSE-EE instó también a que el proyecto de Habidite siga adelante y censuró el oscurantismo sobre este asunto.