El juez obliga a Odyssey a dar a España las coordenadas del tesoro

España ha ganado la primera batalla en la guerra contra Odyssey. Ayer, el juez federal de Estados Unidos Mark Pizzo obligó a la empresa cazatesoros norteamericana a facilitar al Estado español la localización exacta del pecio que halló en mayo en aguas del Atlántico, así como su nombre y el contenido de la carga encontrada. La firma dispone de un plazo de 14 días para entregar todos los datos. "Esperamos con ilusión revisar esa información", dijo ayer a Efe el abogado del Ejecutivo, James Goold.

Las partes tienen que presentarse ante el tribunal el día 5 de marzo

El magistrado que instruye en Tampa (Florida) tres casos que enfrentan al Gobierno español y a Odyssey anunció ayer su decisión, durante la primera vista oral en la que se vieron las caras los representantes legales de las dos partes. Y fijó la fecha del 5 de marzo para que vuelvan a presentarse ante el Tribunal con el fin de comprobar que la información facilitada por la empresa "corresponde a las demandas españolas", según explicó el Ministerio de Cultura.

Los abogados de Odyssey se han negado sistemáticamente a entregar la información que ahora deben desvelar, porque alegan que los análisis realizados por sus investigadores no han podido determinar de forma concluyente la identidad del barco del que extrajeron el tesoro -según el Gobierno fue de Las Mercedes-. Ni, por tanto, dilucidar qué nación o naciones podrían reclamarlo. La empresa cazatesoros no ha dejado de insistir, además, en que esa información es reservada, y que su divulgación pública podría afectar a los trabajos futuros de la compañía. James Goold, el abogado del Gobierno, ha garantizado al tribunal que España respetará esa confidencialidad. "Estamos contentos con que el acuerdo de confidencialidad ahora esté vigente para que podamos compartir la información sobre los pecios. Eso era todo lo que estábamos pidiendo", aseguró Gregg Stemm, el director ejecutivo de Odyssey, tras conocerse la noticia.

El 18 de mayo, Odyssey anunció el descubrimiento de 500.000 monedas de plata y oro, y bautizó el pecio del que las extrajo con el nombre inventado de El Cisne Negro. Pocas horas después, España ordenó a la Guardia Civil investigar el caso ante la sospecha de que la compañía norteamericana podría haber expoliado su patrimonio. El Ministerio de Cultura lo dijo entonces y lo reiteró ayer. No se "ha autorizado actividad arqueológica alguna sobre aguas jurisdiccionales españolas ni sobre pecios españoles".

La guerra acaba, en todo caso, de tomar un nuevo rumbo. El investigador británico, Keith Bray, que facilitó en su día a Odyssey la información para localizar el barco Merchant Royal, se personó el 20 de diciembre en el caso. Alega que la empresa violó un acuerdo existente entre ambos. Siempre según su versión, Odyssey se comprometió a pagarle un 7,5% del valor del tesoro recuperado de este pecio hundido en 1641, si daban con él.

"La información compilada por Bray no solamente era importante para que Odyssey localizara el buque, sino que era fundamental para que abordara una búsqueda expansiva", según el documento obtenido por EL PAÍS.

La empresa norteamericana no contestó ayer a las llamadas de este periódico. Pero sus representantes legales han admitido que Stemm firmó un contracto con Bray y que la empresa acabó pagándole 10.000 libras (13.275 euros) por el archivo del investigador. Lo que negaron es que existieran otro tipo de acuerdos con el británico. Bray alega, sin embargo, que el responsable de Odyssey le dijo en una reunión después que no podía cumplir su acuerdo verbal porque "había alguna razón legal o corporativa" que le prohibía pagarle ese 7,5%. Y denuncia que la firma le engañó sobre el valor del tesoro antes de que el descubrimiento fuera anunciado públicamente por la empresa. Una copia del contrato firmado por ambos entre mayo y abril 2006 fue suministrado al juez Pizzo.