La muerte ronda los archivos de Bulgaria

Diecisiete años después de la caída del comunismo, Bulgaria es uno de los últimos países del este de Europa que sigue resistiéndose a airear la mugre del antiguo régimen. Una ley aprobada por el Parlamento, tras infinidad de presiones, permitirá finalmente a los ciudadanos acceder a los archivos de la temida policía secreta y conocer a sus informantes. Una parte de la población, sin embargo, considera que "ya no vale la pena abrirlos" porque los documentos más interesantes y los que afectan a los poderosos política, económica o judicialmente hace tiempo que desaparecieron. El suicidio en noviembre pasado de Bozhidar Doychev, director de los Archivos del Servicio Nacional de Inteligencia, esconde la clave de los papeles perdidos.

Los intentos frustrados para abrir los archivos aumentaron el mercado negro de documentos

El suicidio del director de los archivos secretos levantó sospechas de inmediato

Doychev, de 61 años, que llevaba un cuarto de siglo al frente de los archivos de los servicios secretos, fue hallado muerto en su despacho con un tiro de su pistola en la cabeza. Como en los tiempos más oscuros de la guerra fría, el Gobierno búlgaro no informó de su muerte hasta pasadas más de 24 horas. El informe de los forenses dictaminó que había sido "un suicidio".

¿Qué ha desaparecido de los archivos en estos 25 años? ¿Qué información contienen del atentado en 1981 contra el papa polaco Juan Pablo II? ¿Qué y quiénes querían que se perdieran otros cuantos papeles antes de que vieran la luz? ¿De quién era el paraguas que mató en 1978 en un puente de Londres al disidente búlgaro Georgi Harkov? ¿Quién colocó el dedo de Doychev en el gatillo?

"No tengo razones para pensar que no es un suicidio si los expertos así lo han dictaminado", afirma el fiscal general Borís Vélchev. Para Vélchev, la investigación abierta pretende simplemente buscar las causas que condujeron al funcionario a tomar esa decisión. "De momento", añade el fiscal, "no se ha visto una conexión entre su muerte y su trabajo".

Sin embargo, el ex director del Servicio Nacional de Seguridad y hoy diputado en las filas de la oposición, Atanas Atanasov, no duda en decir que los escasos días de separación entre el suicidio de Doychev y el voto en el Parlamento para la apertura de los archivos "levantaron sospechas de inmediato". "Está claro que hay personas preocupadas porque se haga evidente la falta de algunos papeles", sentencia Atanasov.

Muchos búlgaros temen que el binomio desaparición de Doychev-apertura de los archivos deje sueltos a viejos fantasmas de un país cuyos servicios secretos mantenían estrechos lazos con el KGB, el servicio de seguridad soviético, y eran considerados los más eficaces de Europa del Este. Bulgaria es uno de los últimos Estados que, junto a Rumania -que también entra en la UE el 1 de enero-, no ha abierto sus archivos tras el colapso del comunismo y que, pese a estar en los inestables Balcanes, se liberó del régimen sin revoluciones.

En 1989, un golpe interno acabó con el anciano Todor Zhivkov, que estaba en el poder desde 1962; los comunistas se rebautizaron como Partido Socialista de Bulgaria y ganaron las primeras elecciones pluralistas, en 1990. Al parecer, en ese mismo año se destruyeron, tras supuestamente ser microfilmados, la mayor parte de los archivos: los expedientes de unas 45.000 personas. Los gobiernos de derecha que se sucedieron después, incluido el del ex rey Simeón, no hicieron nada para que los búlgaros conocieran el amargo secreto de su reciente pasado, algo inconcebible para quien no tiene nada que ocultar.

Los tres intentos frustrados de abrir los archivos en la pasada década sólo sirvieron para alimentar el chantaje y el soborno del mercado negro de documentos existente entonces. Ahora que, según la ley aprobada el 6 de diciembre, estamos a menos de ocho meses de que se acabe el secreto, el hedor de aquellos años emponzoña de nuevo el país y abre unas heridas que muchos querrían tener ya curadas.

La semana pasada, otro agente del Servicio Nacional de Inteligencia -Iván Harkov, de 49 años- apareció también suicidado. Harkov, dicen los forenses, se pegó un tiro en la tripa. En una nota manuscrita encontrada en un bolsillo, confiesa que se quitó la vida por problemas de salud. Un equipo de grafólogos la está examinando. "Me temo que nunca sabremos nada. Los dos suicidios se sumarán a los más de 150 asesinatos importantes ocurridos en los últimos seis años y por los que no se ha detenido a nadie", afirman expertos de la Unión Europea.

Sobre todo, la desaparición de Doychev es vista por propios y extraños como parte de la "saga de venganzas y arreglos de cuentas" que envuelve los malditos archivos, que todavía guardan los expedientes de unos 30.000 ciudadanos. Los documentos incluyen desde lo que escribían sobre las personas los agentes de la ya extinta Darzhavna Sigurnost, la efectiva policía política búlgara, a quienes eran entonces sus informantes.

Los únicos expedientes y nombres que no se revelarán son los de unos 150 ciudadanos que aún trabajan en los servicios de seguridad del Estado, el Ejército y la diplomacia, que para muchos observadores representa un coladero en la ley. El Parlamento aprobó también la creación de una comisión parlamentaria que supervisará los documentos.

"La apertura de los archivos ya no tiene valor. Entre los que se destruyeron en 1990 y los que se vendieron en el mercado negro, sólo quedan papeles casi personales", afirma Dragomir Draganov, profesor de Historia de la Universidad de Sofía.

Pero, para enredar más la cuestión, el ex ministro de Interior general Atanas Smerdzhiev declaró al canal privado BTV, el mismo día en que se aprobó la nueva ley, que todos los documentos que se creían destruidos en 1990 están "a buen recaudo". Muchos creen que podrían estar en Moscú.

El primer ministro, el socialista Serguéi Stanishev, era partidario de la destrucción total de los archivos como método de limpieza del pasado búlgaro, pero la presión de buena parte de la población, de los historiadores y de la Unión Europea le llevó a cambiar de opinión y colocarse a favor de la apertura total de los expedientes, que serán colgados en Internet una vez que hayan sido notificados a sus dueños.