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Editorial:

Buen vino

Suele suceder en las reformas agrícolas comunitarias que el mero enunciado de las mismas origina una tormenta de protestas en los países productores. La Comisión Europea acaba de elaborar su propuesta para reformar el mercado del vino, una producción en la que los agricultores españoles tienen mucho que decir al lado de los franceses, italianos y griegos, y ya se aprecian signos de inquietud o amagos de alboroto.

Resulta que la CE pretende actuar sobre el mercado vinícola favoreciendo la comercialización de vinos intermedios de mesa, más baratos que las sofisticadas calidades que acostumbran las denominaciones de origen en España, Francia o Italia, de forma que las nuevas calidades puedan competir con las importaciones de vino barato procedente de Suráfrica, Nueva Zelanda, Argentina o Chile, que están desplazando las botellas propias de los mercados europeos. Para reducir los excedentes, la CE dispone subvenciones por el arranque de cepas -unos 6.000 euros por hectárea- y articula distintas ayudas para mejorar la explotación de los viñedos, con el fin de que sean más competitivos en calidad y variedades. Es un modelo de reconversión agrícola típico, fiel a todas y cada una de las pautas que sigue la comisión, sea en vino, en aceite o en cereales.

Cabe suponer que la propuesta de la Comisión será manoseada y convenientemente pactada con el fin de adecuarla a los plazos que sean más favorables para los agricultores de cada país y no se produzcan pérdidas desproporcionadas de empleo y producción. Se trata de convivir dignamente con algunas contradicciones llamativas como, por ejemplo, que al tiempo que se pretende recortar la producción, la libertad de importación de mostos concentrados extracomunitarios que impone la Organización Mundial de Comercio puede inundar de vino barato los mercados europeos. Pero, en resumen, las disposiciones que pone Bruselas sobre la mesa son las adecuadas para resolver la agobiante presión de las importaciones extracomunitarias. Si no se aplican medidas realistas para corregir el exceso de oferta, la petición de los productores será subvencionar miles de hectáreas de viñedos sin viabilidad real en los mercados.

No es razonable que el 40% del presupuesto de la OCM del vino se entierre en ayudas para transformación de caldo en alcohol, ayudas que ahora ya no se concederán. Por estas razones, la respuesta de los agricultores, cooperativistas y grandes bodegas debería inclinarse por una negociación razonable de plazos y condiciones de detalle para acomodar la propuesta global a las condiciones de cada región. No hay razones económicas para oponerse a la negociación de la propuesta; sí las hay para aceptar la reforma como una vía de conseguir viñas mejores y vino, precios y calidades competitivas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de junio de 2006