España rechaza que la reforma del sector del vino se centre en el arranque de viñas

La Comisión Europea ha reconocido que la propuesta para la reforma del vino aprobada ayer tendrá inicialmente un impacto económico negativo en el sector. La caída del consumo, y sobre todo la creciente competencia del vino americano y australiano, ha animado a Bruselas a proponer una "profunda reforma del vino" con la que pretende liberalizar el sector y acabar con los ingentes excedentes de producción. El objetivo es destinar 2.400 millones de euros para arrancar 400.000 hectáreas de viñedo en cinco años. En España, el Gobierno y el sector rechazan esta propuesta de reforma.

La reestructuración empezaría a aplicarse a partir de 2008, una vez que sea aprobada por todos los Estados miembros. Otro de los objetivos es poner fin a los subsidios masivos para la destilación de vino de mesa, que acaba transformado en licores o alcoholes industriales.

De los casi 1.200 millones que la UE gasta al año en ayudas al sector, 500 están destinados a la destilación de vino de mesa. "Producir etanol a partir de vino es una manera cara y ridícula de gastar el dinero del contribuyente", sostuvo ayer la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, durante la presentación del texto. "Estoy a favor de una reforma profunda del sector del vino", dijo.

El estudio sobre el impacto económico de la reforma que presentó ayer la comisaria indica que regiones como Castilla-La Mancha sufrirían importantes pérdidas durante los dos primeros años de aplicación de la iniciativa, si los Veinticinco apoyan la opción preferida por la Comisión, conocida como reforma profunda. En este caso, los agricultores manchegos perderían durante el primer año un 7% de sus ingresos y hasta un 11% en el segundo año de aplicación de la reforma, según las proyecciones comunitarias.

Si, en cambio, se aplica otra de las opciones planteadas por Bruselas, por ejemplo, la que contempla el pago único, los productores manchegos incrementarían sus ganancias en los dos primeros años, en los que las ayudas compensarían la bajada de precios, hasta que el mercado se estabilice. La reforma contempla, no obstante, cuantiosos incentivos para aquellos productores que opten por abandonar sus cultivos, en un régimen muy similar al de la reforma del mercado del azúcar aprobado a finales del año pasado. Para ello, Bruselas mantendrá el volumen de ayudas actual, y lo que cambiará serán las actividades subvencionadas.

Los empresarios europeos del vino acogieron ayer con satisfacción la propuesta comunitaria. El Comité Europeo de empresas del vino indicó que la reforma constituye una gran oportunidad para mejorar la competitividad del sector en el mercado internacional.

En España, tanto la Administración como las organizaciones agrarias y los partidos políticos coinciden en rechazar la propuesta fundamentalmente por los arranques. Para el secretario general de Agricultura, José Puxeu, el objetivo de la reforma debe ser lograr un mercado equilibrado entre los intereses de la producción y los de los industriales, cosa que no se contempla en el texto. En la parte positiva se valora el mantenimiento del presupuesto y la posibilidad de lograr un sobre nacional de recursos suficiente para articular políticas de reforma. Según Agricultura, España tiene un potencial productivo que no puede ni debe reducir su objetivo de liderar los mercados mundiales del vino.

Las organizaciones agrarias coinciden. Para el presidente de Asaja, Pedro Barato, lo deseable sería que las ayudas fueran en su integridad para los viticultores tras una distribución justa de las ayudas por países en función de los cobros históricos. El responsable de vinos de COAG y presidente del Comité Consultivo de Vinos de la UE, Manuel Sánchez Brunete, considera que la reforma es negativa porque supone a corto plazo (años 2010 o 2013) una liberalización total que tendrá un impacto negativo para los productores.

Desde la organización agraria se teme que entre los gastos por arranques y pagos posteriores directos o desarrollo rural no haya fondos suficientes para asignar a cada país con vistas a impulsar otras medidas. UPA rechaza igualmente lo que considera es una liberalización total del sector a corto plazo. Los portavoces de Agricultura del PSOE y del PP, Alejandro Alonso y José Madero, han coincido en rechazar la propuesta fundamentalmente por el arranque.

El director general de la Federación del Vino (agrupa a las bodegas privadas), Rafael del Rey, calificó la propuesta de positiva, ya que supone apostar por un sector más competitivo.