Hacienda detectó en 2003 compras de sellos de escaso valor por 60 millones y su venta por 700

El informe de la Agencia Tributaria sobre Afinsa, una de las dos sociedades de comercialización de sellos intervenida judicialmente, destapa que las irregulares ventas de timbres por parte del principal proveedor de esa empresa, Francisco Guijarro, se conocieron a principios de 2003.

Guijarro, según la investigación de la Agencia Tributaria, habría vendido hasta ese año a Afinsa sellos de escaso valor por cerca de 60 millones de euros que, a su vez, Afinsa había colocado a sus clientes por más de 700 millones de euros. La Agencia Tributaria inició sus comprobaciones sobre esta operación el 12 de febrero de 2003 cuando comunicó a Afinsa que Guijarro, su principal proveedor, no acreditaba documentalmente el origen de los sellos que vendía. Cuatro meses después de esa fecha, en junio, Afinsa decide tomar las primeras medidas por supuestos defectos en los sellos comprados a Guijarro y en julio cancela la relación que mantenía con su principal proveedor y le reclama 900.000 euros por "sellos inadecuados".

Los inspectores plantearon que se trataba de un negocio financiero, pese a que la legislación señala que es mercantil

La filatélica contrató a una agencia de detectives para que investigara el origen de los sellos que le vendía su proveedor

"Difícilmente puede considerarse que estemos ante un delito de estafa, ni en grado de tentativa"

El jefe jurídico de la Agencia Tributaria consideró que la actividad de la empresa Afinsa no podía tipificarse como estafa

Las conclusiones de la investigación de la Agencia Tributaria, resumidas en un informe fechado hace 11 meses, fueron la base para la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que concluyó con una querella presentada el 24 de abril de 2006. Dos jueces de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, ordenaron tras esa iniciativa del fiscal la detención de nueve directivos de las dos filatélicas intervenidas, Afinsa y Fórum, y su posterior encarcelamiento hace 10 días. Desde entonces, 350.000 clientes de ambas empresas que habían invertido sus ahorros en sellos con una garantía por escrito de que iban a obtener en torno a un 6% de interés anual temen que no podrán recuperar su dinero.

La investigación de los inspectores fiscales, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, destapó "la existencia de un tráfico de sellos que Afinsa ha calificado de inadecuados para la venta en los contratos de inversión". Afinsa compró esos sellos por 60 millones de euros y se los vendió a sus clientes por más de 700 millones de euros. La Agencia Tributaria descubrió que el proveedor Francisco Guijarro no pudo justificar documentalmente la compra de esos sellos ni el origen de los mismos. Afinsa retiró los timbres inadecuados de los contratos con sus clientes y revisó todo el proceso de compras de sus sellos, la principal materia prima del negocio. Entre 1998 y 2003, Guijarro había sido su principal suministrador de timbres.

La Agencia Tributaria plantea en su informe que pese al engaño de Guijarro en la venta de sellos por valor de 60 millones de euros a Afinsa, la empresa no hizo nada contra su proveedor, lo que resultaría sospechoso. La filatélica explicó al juez que había reclamado la devolución de la mercancía y abrió una investigación, que encargó a una de las agencias de detectives privados más importantes en España, para conocer el origen de los sellos que les había vendido Guijarro. Pero la Agencia Tributaria mantiene en su informe que Afinsa inició por primera vez una actuación por defectos en los sellos en junio de 2003, cuatro meses después de que la inspección fiscal iniciara su trabajo de comprobación. La Agencia Tributaria recuerda en su informe que Afinsa le remitió una nota en octubre de 2004 donde admitía que podían existir "sellos falsos o manipulados".

Además de las relaciones con el supuesto defraudador fiscal Francisco Guijarro, la Agencia Tributaria también analizó en su informe los contratos comerciales que Afinsa suscribía con sus clientes: "Consisten en la captación de ahorro del público realizada por la sociedad mediante unos contratos de venta de sellos de inversión equivalentes a préstamos retribuidos". Esa definición conduce a la Agencia Tributaria a considerar que Afinsa es un negocio de tipo financiero pese a que los legisladores del Gobierno del PP habían excluido a esas empresas de la exigente y rigurosa regulación correspondiente a las empresas que ofrecen productos financieros. El fiscal, en la querella presentada contra Afinsa, sigue la misma pauta: "El negocio debe calificarse de financiero por la certeza de la revalorización pactada, cuya cuantía queda supeditada exclusivamente al tiempo de duración del contrato y a un porcentaje anual sobre el capital, con total independencia de las eventuales oscilaciones de valor de los sellos, contingencia que, en caso de resultar adversa, tendría nulo efecto sobre su cliente".

La visión de la Fiscalía sobre las actividades de las filatélicas contrasta con la que tuvieron los legisladores del PP, que a finales de 2003 regularon la actividad desarrollada por Afinsa y Fórum dejando claro que se excluía a ambas empresas del sector de los negocios financieros.

La inspectora de la Agencia Tributaria encargada de la investigación de la actividad de Afinsa también lleva la contraria a los legisladores del anterior y del actual Gobierno cuando escribe en su informe: "La naturaleza financiera resulta evidente por la cuantía de la revalorización que obtiene el inversor, que consiste siempre en un tanto por ciento anual sobre el capital invertido, percibiendo incluso en forma trimestral y anticipada la futura rentabilidad".

Con ese convencimiento, la investigación de la Agencia Tributaria concluye que el déficit patrimonial de la empresa es de 1.100 millones de euros de acuerdo a los criterios contables que se aplicarían a cualquier negocio financiero y no mercantil.

Los abogados de Afinsa recuerdan que en múltiples actas de la Agencia Tributaria sobre los rendimientos declarados por los clientes de la filatélica, esos beneficios obtenidos por la inversión tienen la consideración de ganancias patrimoniales, que son propias de los negocios mercantiles. Hacienda no considera esos beneficios como rendimientos del capital mobiliario, como lo hace cuando se trata de negocios financieros.

El director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria, en el informe elaborado con fecha 11 de julio de 2005, tiene claro que el proveedor Guijarro incurrió en un delito contra la Hacienda Pública, pero en el caso de Afinsa rechaza que su conducta se pudiera tipificar como estafa y ni siquiera como estafa en grado de tentativa:

"Aunque la sensación de riesgo es elevada, resulta difícil tipificar los hechos descritos como delito de estafa. Para justificar esta afirmación debe admitirse que los hechos sólo serían constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa (no existe consumación). Pero el artículo 16.1 del Código Penal dispone que 'hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado', y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor". "En el caso examinado", continúa el jefe jurídico de la Agencia Tributaria, "sería el propio autor del supuesto delito al que hasta la fecha ha reintegrado las inversiones a sus cuentas o ha encontrado nuevo comprador, por lo que difícilmente puede considerarse que estemos ante un delito de estafa en grado de tentativa".

El jefe jurídico de la Agencia Tributaria reconoce en el informe que es muy difícil tipificar conductas como la de Afinsa, "que quizás se aparta de los principios de prudente administración, evidenciando un riesgo, pero que no se materializan o personifican en un concreto perjudicado". 25 años después de la creación de Afinsa, con 150.000 clientes activos, 2.600 empleados, 150 delegaciones y una facturación anual de 500 millones de euros, no existe ni un solo inversor que haya dejado de cobrar lo establecido por contrato.