El proveedor de sellos admitió su delito fiscal

Francisco Guijarro, proveedor de sellos de Afinsa, admitió ante el juez al ser preguntado por los 10 millones de euros que ocultaba en su vivienda que pudo cometer delito fiscal al no declararlos. Cuando la policía le preguntó por qué guardaba esa cantidad en billetes de 500, Guijarro contestó que lo hacía para poder seguir adquiriendo sellos que, a su vez, vendía a empresas filatélicas, según explicaron fuentes próximas al caso.

En el informe de la Agencia Tributaria sobre los proveedores de Guijarro se establece que "las compras de mercancía no han sido justificadas". "No existen facturas de proveedores, ni recibos de éstos por los pagos en metálico, salvo algunas partidas de sellos de colección comprados a comerciantes que se destinan por Afinsa a la venta a coleccionistas o se aportan a otra empresa del grupo".

Los inspectores rastrearon los movimientos de las cuentas de Guijarro y observaron que sacaba en metálico la mayoría del dinero que cobraba en cheques de Afinsa, justificando esos movimientos en pagos a proveedores o nuevas compras de sellos que no aparecían nunca documentados con recibos o facturas.

La Agencia Tributaria sostiene en su informe que las salidas de dinero de las cuentas de Guijarro iban a parar a sus socios o familiares y no a proveedores o compra de nuevos sellos. Tanto en IVA como en Impuesto de Sociedades, Guijarro defraudó al fisco más de cuatro millones de euros.

En su informe, la Agencia Tributaria detalla que desde 1994 el negocio principal de Afinsa consiste en vender a sus clientes sellos "raros, antiguos y muy valiosos". Los inspectores fiscales sostienen que ese tipo de sellos "no debería abundar en el mercado y, sin embargo, el total vendido excede el número de tres millones, aunque no todos ellos corresponden a variedades de alto valor". "Las variedades a las que corresponden los sellos antiguos y valiosos son relativamente pocas, de 200 a 300, pero de ellas ha vendido miles de ejemplares iguales", señala el informe. Como ejemplo de la sospechosa actividad, la Agencia Tributaria señala que de un sello de Chipre, a 900.000 pesetas por unidad (5.409 euros), se vendieron 5.606 ejemplares.