La fiscalía argentina ordena la detención de 295 militares y policías

Un fiscal federal argentino ha solicitado que se detenga a 295 personas, entre militares y policías federales, que participaron en la represión y torturas cometidas en el centro de detención ilegal de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar (1976-1983). La petición se realiza tras la anulación constitucional de las Leyes de Perdón y Punto Final que decretó la Corte Suprema argentina el pasado mes de junio.

En un informe de más de 700 folios el fiscal federal Eduardo Taiano hace referencia a 614 casos diferentes de torturas y desapariciones, entre ellos algunos de los más emblemáticos como el de Azucena Villaflor, fundadora del movimiento Madres de Plaza de Mayo que precisamente exigía a los militares el esclarecimiento del destino de los desaparecidos.

En su escrito, el fiscal no deja cabos sueltos y pide una exhaustiva investigación sobre los acusados por "privación ilegal de libertad, torturas, sometimiento a condiciones inhumanas de vida, muerte, robo, apropiación extorsiva y/o fraudulenta de bienes, apropiación de niños e intervención en la decisión de los traslados".

En la lista figuran tanto militares identificados -y algunos en prisión- como Jorge Tigre Acosta, el ex almirante Emilio Massera y el capitán Alfredo Astiz, como otros de los que sólo se conoce el sobrenombre y que han sido citados a partir de los testimonios de las víctimas. Sobre ellos el fiscal ordena medidas para que sean identificados. En el elenco además figuran dos detenidos en España: Ricardo Cavallo y Adolfo Scilingo.

Pero las detenciones son sólo una de las 45 medidas ordenadas por el fiscal, entre las que destacan las peticiones a todos los cuerpos de seguridad y militares de que envíen listados y fotos de todo el personal que trabajó en la ESMA entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 -y también quiénes de ellos fueron condecorados y por qué-, las fichas personales de los militares que cumplían el servicio militar en esas instalaciones, copias de los libros de entrada y salida del personal de la ESMA, copias de los listados de personas no identificadas enterradas en diversos cementerios de Buenos Aires y una inspección ocular en la ESMA con la participación de supervivientes.

El juez Sergio Torres deberá ahora depurar la lista presentada por el fiscal, ya que es precisamente la deficiente identificación de al menos un tercio de los presuntos torturadores lo que impide que la investigación sobre éstos avance. La petición de la fiscalía está elaborada sobre el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparecidos (Conadep), el expediente abierto sobre el caso por el magistrado español Baltasar Garzón y otras declaraciones obtenidas por la misma fiscalía.

En su escrito, el fiscal detalla el funcionamiento del centro de torturas instalado en varias plantas de uno de los edificios que forman el complejo de la ESMA. Dicha estructura fue modificada por los militares antes del fin de la dictadura para tratar de borrar las huellas de lo que sucedió. Por la misma causa judicial, el pasado martes el juez Torres ya ordenó la detención de cuatro personas acusadas de torturas y del secuestro del periodista Rodolfo Walsh. Los cuatro acusados también se encuentran encausados en el informe del fiscal.

En la actualidad está previsto que en el terreno de la ESMA se inaugure un museo en recuerdo de las víctimas de la represión, aunque todavía no hay una fecha concreta y existen diferencias entre grupos de víctimas sobre diversos aspectos del funcionamiento.