El fin de la impunidad

Para Alcira Ríos el martes 14 de junio de 2005 es una fecha que ha entrado a formar parte de su universo personal casi con tanta fuerza como la del 27 de julio de 1978 cuando varios encapuchados irrumpieron en su casa de la provincia de Buenos Aires y se la llevaron a ella y a su marido. El pasado martes la Corte Suprema declaró nulas las dos leyes más polémicas de la democracia reciente argentina. Las leyes 23.492 y 23.521, más conocidas como la Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida, ambas aprobadas bajo la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) paralizaron las investigaciones de cientos de casos como el de Alcira Ríos.

Ríos pasó un calvario en el que a las torturas y las vejaciones se añadió el temor al asesinato. Estuvo técnicamente desaparecida durante cuatro meses hasta que, gracias a una prostituta con quien compartió celda, sus familiares supieron que estaba viva. Juicios, exilio y 20 años dedicada profesionalmente como abogada a la recuperación de los niños secuestrados después de que sus madres dieran a luz y fueran asesinadas, siguieron a aquella fecha. "Es el fin de la impunidad", destaca con esa voz casi ausente de emoción que emplean los letrados al hablar de sus casos. "Ya no se podrán interrumpir los procesos en marcha ni dilatar las condenas". La abogada destaca la claridad y solidez de la sentencia que no deja flecos sueltos susceptibles de interpretaciones.

De los nueve jueces que forman la Corte Suprema argentina, siete votaron a favor

"Los encausados siguen viviendo en las casas de sus víctimas", afirma Jorge Delgado

Una serie de sentencias cuestionó que no se castigaran las violaciones de derechos humanos

De los nueve jueces que forman la Corte Suprema argentina, siete votaron a favor de derogar las leyes del Perdón, uno se abstuvo y otro votó en contra. A nadie se le escapa que cuatro jueces de la mayoría han sido nombrados por la Administración Kirchner, entre ellos juristas de renombre internacional como Eugenio Raúl Zaffaroni, considerado uno de los mejores penalistas del mundo, y Carmen María Argibay, quien perteneció al Tribunal Penal Internacional para los Crímenes en la Antigua Yugoslavia. En un momento en que las reformas de los Tribunales Supremos en Latinoamérica son miradas con lupa -como en el caso de Venezuela, Ecuador o Perú- ante la sospecha de que sirven para afianzar en el poder al Ejecutivo y avalar medidas de dudosa constitucionalidad, la Corte Suprema argentina en un proceso caracterizado por la transparencia, se ha renovado con miembros que -aunque próximos al Gobierno- presentan una trayectoria jurídica fuera de toda sospecha.

El 24 de marzo de 2004 -justo en el 28º aniversario del golpe militar- Kirchner ordenó que el actual jefe del Ejército, Roberto Bendini, retirara de la Escuela Militar personalmente y en su presencia los retratos de los generales Jorge Videla y Reynaldo Bignone, dos de los jefes de las juntas militares que gobernaron en Argentina durante siete años. El acto fue interpretado como una demostración de fuerza -para algunos excesiva- ante un estamento militar que todavía goza de una amplia autonomía en el interior de la sociedad argentina. Hacía pocos meses que Kirchner ya había colocado al penalista Zaffaroni en la Corte Suprema y apenas tres meses después le llegaba el turno, previo examen en el Senado, a Elena Highton de Nolasco, experta en derecho civil y comercial. En diciembre llegaba al alto Tribunal Ricardo Luis Lorenzetti, un abogado profesional y finalmente en febrero de 2005 la jueza Arigabay, con amplia experiencia en asuntos de derechos humanos. Mientras esto ocurría más de 50 jueces federales habían declarado inconstitucionales en sus jurisdicciones las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y dejaban la pelota en el alero de la Corte Suprema.

"A pesar de que una denuncia particular -el caso Poblete- presentada ante un tribunal federal en 2000 es el origen de la resolución del martes, la decisión de la Corte Suprema es la culminación de una serie de sentencias y decisiones políticas extendidas en el tiempo que siempre pusieron en cuestión que las violaciones de los derechos humanos quedaran sin castigo por una decisión legislativa", destaca Víctor Abramovich, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de defensa de los derechos humanos que actúa en Argentina desde los tiempos de la dictadura y es el autor de la denuncia sobre la desaparición en 1976 de José Liborio Poblete, su mujer y su hija.

Ya en 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que las dos leyes y los indultos eran incompatibles precisamente con los Derechos Humanos. En marzo de 1998 el Congreso votó su derogación para que no pudieran ser aplicadas en el futuro, aunque quedaban vigentes para los casos anteriores a ese año. En 2001 el juez federal del caso Poblete, Gabriel Cavallo, decretaba la nulidad de las leyes y siete meses después otro juez federal proclamaba también la nulidad de las leyes y decretaba prisión para el ex almirante Emilio Massera. En agosto de 2003 fue el Senado quien anuló las leyes y en 2004 la Cámara Federal (tribunal de apelaciones) confirmó que las leyes eran anticonstitucionales y ordenó que continuaran adelante las causas en curso.

"No nos engañemos, lo ocurrido sólo es el comienzo de un nuevo proceso", advierte Abramovich. "El trabajo que queda ahora es arduo y duro, se trata de juzgar y para ello hay que encontrar y recuperar las pruebas", añade. En esto coinciden los expertos internacionales. "Investigar estos crímenes ya era difícil en los años ochenta, y hacerlo ya iniciado el siglo XXI lo es todavía más", señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).

Otra complejidad añadida es que se trata de crímenes cometidos con todos los recursos del Estado y cuyo objeto no es sólo la eliminación de las víctimas sino además borrar cualquier tipo de rastro. Y además, en algunos casos jueces y acusados son los mismos. "Hay que fortalecer el trabajo de los fiscales, en algunas provincias como Chaco algunos funcionarios judiciales que tienen que investigar son sospechosos de estar implicados en los crímenes", revela Abramovich. Parecidas situaciones irregulares se producen en otras provincias como Tucumán. "Existen causas abiertas hace años por apropiación de los bienes y casas de los desaparecidos por parte de sus torturadores. Se da el caso de que los encausados siguen viviendo en las casas de sus víctimas y nadie hace nada", asegura Jorge Delgado, periodista de La Voz de Tucumán, quien desde hace años sigue los casos de su provincia.

Un punto en que las personas consultadas coinciden es en que la anulación de las dos leyes puede quedar en papel mojado si no se dota a la Justicia de medios suficientes para afrontar con éxito procesos que exigirán meses de investigación exclusiva y que incluirán la recolección de testimonios de miles de personas así como la búsqueda de pruebas con décadas de antigüedad. "Por ejemplo, en el Pozo de Vargas en Tucumán se descubrieron en 2004 restos humanos. Hay un juez federal que lleva el caso pero la investigación está parada por falta de dinero", denuncia Delgado. HRW se decanta por una solución parecida a la chilena donde haya jueces que se dediquen en exclusiva a investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, mientras que la abogada Alcira Ríos recuerda que no sólo fueron militares quienes cometieron crímenes. "Que quede claro que detrás de la dictadura había un proyecto económico y los Gobiernos democráticos han seguido con ésta línea de los militares. La trama civil de la dictadura ha quedado impune", asegura.