Condena ejemplar en Argentina por los crímenes de la dictadura

La Justicia argentina comenzó el miércoles a condenar a los militares y policías que secuestraron, torturaron y mataron en el mayor centro clandestino de detención del Ejército en la última dictadura (1976-1983), el regimiento de Campo de Mayo (26 kilómetros al noroeste de Buenos Aires). El general retirado Santiago Omar Riveros de 86 años, ex comandante de Institutos Militares y antigua máxima autoridad de la Zona IV del Ejército argentino, fue sentenciado a cadena perpetua por la detención ilegal, la tortura y el homicidio de un adolescente de 14 años, Floreal Avellaneda, que militaba en la Federación Juvenil Comunista. Otros cuatro militares y un ex policía recibieron penas de prisión de entre ocho y 25 años por el mismo caso.

Por Campo de Mayo desfilaron durante el régimen militar más de 5.000 detenidos ilegalmente. Allí se los sometía a torturas para que revelaran información sobre los grupos guerrilleros o los movimientos de izquierdas de aquella época. Dada la gran cantidad de denuncias sobre los delitos cometidos allí, se habla de la megacausa judicial de Campo de Mayo. El primer juicio oral y público de esa megacausa abordó el caso de Floreal, cuyo crimen ya se había relatado en el juicio a las juntas militares de 1985, en el que se había condenado también a Riveros. Pero Riveros y los demás condenados fueron indultados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem. Aquellos indultos y las leyes de amnistía para los mandos medios y bajos de las fuerzas de seguridad (las leyes de obediencia debida y punto final) fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, bajo el impulso del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), por lo que los crímenes considerados de lesa humanidad no prescribieron y ahora están siendo juzgados.

Militares disfrazados irrumpieron en la casa de Floreal Edgardo Avellaneda, El Negrito, en la madrugada del 15 de abril de 1976, pocas semanas después del golpe militar. Buscaban a su padre, también llamado Floreal, un obrero comunista que participaba en el comité de empresa de una fábrica textil y que estaba calificado por las fuerzas de seguridad como un "combatiente". Los militares ametrallaron la puerta de la vivienda de Munro, en el norte del Gran Buenos Aires, cortaron el cable del teléfono, robaron los sueldos de los padres de El Negrito, pero no encontraron al buscado. Entonces se llevaron al adolescente y a su madre, Iris Pereyra, también militante del Partido Comunista, a la comisaría policial de Villa Martelli. Allí los separaron para torturarlos con picana, pero Iris, que logró sobrevivir, oía los alaridos de su hijo. "¡Decíles, mami, que papi se escapó!", alcanzó a gritarle El Negrito a su madre desde una habitación a otra. Después fueron trasladados a El Campito, como se conocía al centro de detención de Campo de Mayo.

Como a muchos otros desaparecidos, al joven Floreal le tocó ser arrojado a las aguas del Río de la Plata. Su cuerpo sin vida apareció el 14 de mayo de 1976, el día en que cumplía 15 años, en las costas de Uruguay. Tenía signos de torturas y de que lo habían matado con el método de apalancamiento, que consiste en atravesarle una estaca a lo largo del torso. Su madre fue trasladada a una cárcel común y recuperó la libertad en 1978.

El Tribunal Federal Oral 1 de San Martín, localidad vecina de Munro, condenó el miércoles a Riveros por el crimen de Avellaneda y el secuestro de su madre a prisión perpetua, que deberá cumplir en una cárcel común, al igual que los demás sentenciados. No podrán alojarse en celdas militares, como pretendían. Incluso, Riveros insistió en su alegato final en desconocer la autoridad de los magistrados que lo juzgaban, Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti. "Ustedes son jueces de la democracia, no pueden ser jueces de militares, no nos conocen bien, no saben lo que sufrimos", argumentó.

También fueron condenados el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, el general Fernando Verplaetsen, a 25 años de prisión, aunque por su estado de salud pedirá el arresto domiciliario; el ex jefe de la Escuela de Infantería, otro general, Osvaldo García, a 18 años; el ex policía Alberto Aneto, a 14 años y dos capitanes que participaron del secuestro y el robo, César Fragni y Raúl Harsich, a ocho años. Tras escucharse la sentencia entre aplausos de familiares de Floreal, militantes comunistas e hijos de desaparecidos, los padres del joven coincidieron en que la "lucha sigue": ella irá a Uruguay a buscar el cuerpo de su hijo, robado de un cementerio en 1979, y él abogó por condenar a todos los demás culpables de los crímenes de la dictadura.