Ponerse a la altura

La Ley de Reproducción Asistida, aprobada ayer por el Gobierno, tiene una parte de rectificación y otra de actualización, ambas necesarias. Rectifica dos anomalías: la limitación a tres óvulos fecundados por cada ciclo de fertilización in vitro y la restricción de la investigación con embriones sobrantes a aquellos que ya habían sido generados antes de 2003. Ambas medidas fueron introducidas por el PP, en el contexto de una reforma legal que abría la puerta a la investigación con células madre, para evitar la acumulación de embriones sobrantes de los tratamientos de fertilidad en los congeladores de las clínicas, y amortiguar así el rechazo de la Iglesia católica a toda posible investigación con esos embriones. Pero eran medidas arbitrarias que obstaculizaban la investigación y, sobre todo, los tratamientos de fertilidad. Ambas quedan suprimidas en la nueva ley.

Entre las técnicas más significativas que quedan legalizadas se encuentra la que permite seleccionar, entre varios embriones obtenidos por fecundación in vitro, aquel cuyos genes son compatibles con los de un hijo anterior de la misma pareja, afectado por una grave enfermedad de la sangre que sólo puede aliviarse mediante un trasplante de células compatibles. Los detractores de esta técnica hablan de "bebés-medicamento", y opinan que es una instrumentalización inaceptable de un ser humano para salvar a otro. Sin embargo, las parejas que recurren a esta posibilidad -entre 50 y 100 viajan cada año desde España a otros países para ello- quieren tener un hijo, y sólo pretenden aumentar la probabilidad de que su cordón umbilical pueda salvar la vida a su hermano. Los casos serán examinados uno a uno por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, algo que permitirá obtener garantías para evitar abusos.

Las técnicas de reproducción asistida avanzan muy deprisa, de ahí que merezca especial aplauso que la ley lleve incorporados los mecanismos para su actualización continua. Los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de esos avances tan pronto como la comunidad médica y científica los considere válidos y seguros. El tiempo debe invertirse en garantizar la seguridad de cada nuevo método, no en demorar su incorporación a la normativa.