La investigación con embriones ya es posible

El Consejo de Ministros aprobó ayer el último decreto que faltaba para llevar a la práctica la investigación con embriones humanos en España. La normativa, que culmina un largo proceso legislativo y que fue aplaudida por la mayoría de la comunidad científica, regula la autorización para el uso de los embriones así como los requisitos que deben cumplir los ensayos con las células madre obtenidas. "Se trata de una investigación necesaria e imprescindible. Lo que no es ético es poner obstáculos a científicos que están trabajando para curar enfermedades", afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, insistió en que este desarrollo normativo se ha hecho de manera "acelerada" y que no es el "óptimo", ya que se supedita a las limitaciones de la ley aprobada en noviembre del 2003 por el PP. Salgado recordó que el Gobierno pretende aprobar el año que viene una Ley de Investigación Biomédica que acaba con estas trabas (por ejemplo, ahora sólo se permite investigar con embriones que lleven más de cinco años congelados). La ministra afirmó que dicha norma podría incluir la llamada clonación terapéutica si es el "sentir de la sociedad".

Las mayores críticas llegaron de la Iglesia católica. "La producción de seres humanos en laboratorio es éticamente inadmisible. Resulta gravemente ilícito e injustificable, incluso por finalidades terapéuticas, utilizar estos embriones para reanimarlos y luego quitarles la vida en la obtención de sus células madre", manifestó la Conferencia Episcopal.

El PP recordó que el decreto aprobado ayer "no aporta ninguna mejora legislativa" e interpretó que "lo único que hace es rebajar el nivel de garantías sobre la utilización de los embriones".

Los principales aspectos del decreto son:

- Consentimiento. Los progenitores, o la mujer en su defecto -cuando el embrión haya sido obtenido con semen de un donante anónimo-, deberán aprobar el uso en investigaciones de sus embriones después de considerar otras opciones, como donarlos a otras parejas o destruirlos. El permiso se dará para un proyecto científico concreto. No podrán recibir ninguna compensación económica por la cesión y pierden los derechos patrimoniales o sobre las patentes que generen los ensayos. El consentimiento debe constar de "manera fehaciente y acreditada".

- Proyectos. Deberán indicar los nombres de todos los investigadores, sus objetivos, medios y técnicas. También tendrá que constar qué embriones se van a usar, y deberán acreditar que no se pueden obtener los mismos resultados con animales de laboratorio.

Las líneas celulares conseguidas deberán registrase en el banco nacional y cederse gratuitamente para otros proyectos. Los proyectos para obtener estos cultivos que pueden reproducirse indefinidamente no pueden tener carácter lucrativo. La idea, según Sanidad, es tratar el uso de embriones como el de otros órganos, tejidos o células en España, que pueden donarse pero no comprarse. A partir de esa fase, cuando el proyecto incluya la investigación de aplicaciones clínicas, ya sí estará permitido su uso comercial. "Este tipo de ensayos clínicos se tratará como los demás, y está sujeto a numerosos controles, muchos de ellos comunes en toda Europa", explicó ayer una portavoz de Sanidad.

- Financiación. La investigación se realizará en red. Cada centro autonómico (Cataluña y Andalucía ya lo han creado, y la Comunidad Valenciana está pendiente de recibir aprobación para el suyo) formará un eslabón. El Instituto de la Salud Carlos III dispondrá de 100 millones durante esta legislatura para firmar acuerdos con los centros autonómicos, a lo que habrá que añadir lo aportado por otras administraciones.

- Aprobaciones. La semana que viene ya estará creada la comisión de seguimiento y control que dependerá del Ministerio de Sanidad.

La presidirá el director del Carlos III (Francisco Gracia en estos momentos). Con ello se garantiza que se apliquen "criterios uniformes y homogéneos" a los ensayos, explicó Salgado. Pero la aprobación por este comité no bastará. Será "la autoridad sanitaria [de cada comunidad autónoma]" la que presentará al Gobierno el proyecto de investigación para su estudio y la que dará el visto bueno final.

- Limitaciones. Sólo se podrá investigar con embriones creados antes de noviembre de 2003 y que este material biológico debe llevar congelado más de cinco años. El número de embriones susceptibles de ser utilizados varía de 80.000 (estimación de las comunidades autónomas) a 200.000 (según la ex ministra de Sanidad del PP, Ana Pastor). Pero de éstos habría que descontar los que resulten inviables al descongelarse y los que no reciban el permiso de los progenitores (una encuesta del Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, dice que sólo un 1% de las parejas estaría dispuesta a donarlos).

- Banco de líneas celulares. El Gobierno mantendrá un banco central de líneas celulares, como dice la ley de 2003, pero entendiéndolo no como un lugar físico, sino como un registro que "garantice la trazabilidad [seguimiento]" del material biológico, desde el momento en que se recibe el consentimiento informado de los progenitores hasta la finalización del proyecto, indicó la ministra de Sanidad.

- Futuro. La ley actual no permite seleccionar embriones para tener niños que puedan servir como donantes a sus hermanos (el diagnóstico preimplantacional). Esta limitación y las restricciones a la disponibilidad de embriones se superarán cuando se apruebe la ley de investigación en biomedicina que Salgado espera que esté lista a mediados de 2005.