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La Corte Suprema chilena permite juzgar a Pinochet por la Operación Cóndor

El ex dictador pierde la inmunidad por los asesinatos de izquierdistas latinoamericanos

La Corte Suprema retiró ayer la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet en un estrecho resultado de nueve votos contra ocho por la presunción fundada de su participación en los crímenes de la Operación Cóndor en los años setenta y ochenta. La decisión da luz verde al juez Juan Guzmán para interrogar, investigar y procesar al general, ahora sin la inmunidad que le otorgaba su condición de ex presidente. En el palacio de tribunales, cerca de medio centenar de familiares de las víctimas y abogados de derechos humanos celebraron la histórica sentencia.

"Se han roto las barreras por las que todos no éramos iguales ante la ley", afirmó ayer la diputada socialista Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende. Para el país, dijo, era "una humillación, una burla", que Pinochet pasara como "demente senil".

La decisión de la Corte Suprema, sin posibilidad de apelación, rechaza el recurso que presentó la defensa de Pinochet al fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le quitó su fuero por 14 votos contra nueve, y se limita a confirmar la sentencia de ese tribunal. Esto implica asumir la presunción de responsabilidad del ex dictador.

Según los abogados querellantes, fueron determinantes en este fallo la naturaleza de los crímenes de la Operación Cóndor. Ésta fue concebida y organizada por el ex jefe de la DINA (la policía política), el ex coronel Manuel Contreras, quien estableció desde 1974 acuerdos y, después, una coordinación entre los servicios de espionaje de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para el intercambio de información y la represión de izquierdistas. Entre las actividades conjuntas, los servicios de espionaje realizaron operaciones en el territorio de los otros socios de la red y recibían apoyo e información para detener, torturar y asesinar a opositores, trasladándolos entre los países

Pero también fue determinante el comportamiento del propio ex dictador, que tras ser liberado del proceso por demencia senil se comportó como una persona normal, e incluso dio una entrevista el año pasado a un canal de televisión norteamericano. Aunque técnicamente no incidió en el fallo, porque se trata de una causa distinta, la investigación y el interrogatorio del juez Sergio Muñoz a Pinochet por las cuentas secretas que tuvo en EE UU, lo mostraron también en condiciones de enfrentar un juicio.

Cuatro de los 17 magistrados que participaron en el pleno recomendaron al juez Guzmán que pida exámenes psiquiátricos a Pinochet en las primeras diligencias que realice. Otros dos jueces fueron más allá, al declararse partidarios de ordenar a Guzmán que decrete practicar exámenes a Pinochet, "antes de cualquier otra diligencia".

"El país amanece hoy un poco más democrático que ayer, porque esta sentencia muestra que no hay intocables", dijo uno de los abogados, Eduardo Contreras, que también participó en el equipo de juristas que logró en 2000 el primer desafuero de Pinochet, por los 75 crímenes de la Caravana de la Muerte.

Entretanto, el portavoz de la familia Pinochet, el general retirado Guillermo Garín, manifestó su "profundo desagrado" con el fallo y lo consideró inconsistente con resoluciones anteriores de la justicia. "Pinochet tiene enfermedades progresivas e irreversibles", señaló.

El Gobierno mantuvo la actitud con la que ha reaccionado ante otros fallos judiciales en el pasado: respetan y acatan las sentencias, pero no las comentan. El ministro del Interior, José Miguel Insulsa, pidió "tranquilidad".

La resolución dejó al juez Guzmán, que estaba dispuesto a retirarse de la carrera judicial este año sin posibilidades de ascender a la Corte Suprema, por segunda vez en la historia con Pinochet en sus manos. Se limitó a decir que acata el fallo de sus superiores.

Manifestantes contra Pinochet frente al Palacio de Justicia de Santiago.
Manifestantes contra Pinochet frente al Palacio de Justicia de Santiago.EFE

La salud será la nueva batalla

El escenario judicial del ex dictador Augusto Pinochet es el más crítico que ha enfrentado desde que estuvo detenido en Londres durante 503 días, por petición del juez Baltasar Garzón. Sin apoyo en la derecha, con un Ejército diferente al que dirigió hasta 1998, bajo investigaciones por corrupción, acosado en procesos por jueces cada día más audaces, está desde ayer además sin inmunidad.

Aunque sólo rige para cada caso y todavía el fuero lo protege frente al resto de las querellas, no pudo apelar a esta coraza cuando hace unos días aceptó ser interrogado por sus cuentas secretas en el banco Riggs. Le dijo entonces al juez Sergio Muñoz que su dinero, entre cuatro y ocho millones de dólares sólo en estas cuentas, "son ahorros de una vida de trabajo".

El factor determinante y la nueva batalla que se aproxima será por la salud de Pinochet. Seis magistrados son partidarios de que el juez Juan Guzmán realice esta diligencia, la misma que en el caso del desafuero anterior, por la caravana de la muerte, los abogados defensores de Pinochet resistieron mientras fue posible, aunque después se aferraron a ella. Serán los nuevos exámenes sobre la salud mental los que marquen el rumbo judicial del proceso por la Operación Cóndor, que Pinochet no puede alegar desconocer.

Refiriéndose a la formación en 1975, en Santiago en plena dictadura, de esta suerte de "internacional del terror", el fallo previo de la Corte de Apelaciones, deduce que "es imposible, de acuerdo con una noción básica de soberanía nacional, que en el país se haya efectuado una reunión con representantes de los organismos de seguridad de naciones latinoamericanas, en la que se adopta acuerdos de cooperación e intercambio de información, sin que quien en esos momentos comanda el Ejército y gobierna el país con el título de presidente de la República, se haya enterado ni dado su aprobación". Además de este antecedente inculpatorio, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, aseguró que sólo recibía órdenes de Pinochet: "Yo no me mandaba solo".

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