Detenidos cuatro constructores por explotar a inmigrantes en condiciones de semiesclavitud

Seis personas han sido detenidas en la Comunidad Valenciana por explotar a sin papeles en la construcción y la agricultura. El Cuerpo Nacional de Policía arrestó el miércoles a cuatro constructores en Alicante acusados de un delito contra los trabajadores por emplear en condiciones de semiesclavitud a extranjeros indocumentados. Los arrestados son empresarios locales de firmas "potentes", según fuentes de la investigación. La Comisaría de Alicante eludió precisar el número de víctimas. Otras dos personas fueron detenidas en Cullera (Valencia) por falsificar identidades y emplear a inmigrantes irregulares.

Los cuatro empresarios, de los que no han trascendido su identidad ni la de sus compañías, ejecutaban obras en dos zonas de expansión de la ciudad de Alicante, en claro auge. Las mercantiles empleaban a decenas de extranjeros irregulares -fuentes policiales no precisaron el número concreto de víctimas- sin darles de alta en la Seguridad Social y sin ninguna relación contractual. Fuentes de la investigación informaron de que los patronos obligaban a sus empleados a trabajar de sol a sol -12 horas diarias-, a cambio de salarios irrisorios. Los inmigrantes, según fuentes policiales, eran captados por el boca oreja.

La Comisaría de Alicante precisó ayer que esta intervención se enmarca dentro del operativo activado por el Cuerpo Nacional de Policía junto con la Inspección de Trabajo para combatir la inmigración ilegal y la explotación laboral de extranjeros. Las últimas detenciones elevan a seis los empresarios detenidos en los últimos 15 días en Alicante, una de la ciudades valencianas más dinámicas en la edificación. El 10 de agosto, un empresario y diez de sus trabajadores, entre ellos el encargado de la mercantil, el jefe de obra y ocho operarios, fueron arrestados. Esta firma ofertaba servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento a constructoras y comunidades de vecinos a bajo coste.

Fuentes policiales señalaron que, en la mayoría de estos casos, los empresarios detenidos quedan en libertad tras prestar declaración, mientras que los extranjeros quedan arrestados en aplicación de la Ley de Extranjería.

El director del Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante y autor de múltiples estudios sobre la situación de los extranjeros, Carlos Gómez, advirtió de que la Comunidad Valenciana, con Alicante a la cabeza, presenta los mayores índices de economía sumergida en Europa. "La economía valenciana ha basado su despegue en el apoyo de mano de obra inmigrante en situación extremadamente precaria", lamentó. "Al final quien paga es el inmigrante, toda vez que el procedimiento de expulsión es inmediato. Pero el empresario sale gratis", remachó. Según un informe de la Universidad de Alicante, dirigido por este experto, 233.000 sin papeles trabajan en la economía clandestina de la Comunidad Valenciana, de los que 144.000 están instalados en la provincia de Alicante.

Según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo, el Gobierno multó de enero a junio pasados con 1,92 millones de euros a empresas alicantinas por emplear a indocumentados. Un total de 336 extranjeros fue descubierto mientras trabajaban al margen de la ley.

El presidente de la Federación Provincial de Constructores de Alicante (Fecia) -que representa al 40% de las empresas del sector-, Ramón Jerez, rechazó ayer el empleo de mano de obra indocumentada. Pero rechazó la propuesta socialista de regularizar a los indocumentados que acrediten una relación laboral al considerar que "la situación se convertiría en un problema gordo si se produjese una reducción del trabajo".

A esas cuatro detenciones se suman dos practicadas por la Guardia Civil también el miércoles en Cullera, al sur de Valencia. A. C. C., de 39 años y natural de Jaén, y G. A., de 19 años y de origen georgiano, están acusado de un delito contra los trabajadores y otro de falsificación de documentación. La denuncia de uno de sus empleados puso sobre la pista a los agentes del instituto armado tras descubrir, al pedir la memoria laboral ante la Seguridad Social, que nunca habían cotizado por él. Los detenidos supuestamente falsificaban permisos de trabajo y de residencia de personas que están legalmente en España y con ello simulaban una relación laboral con inmigrantes, sobre todo de la Europa del Este y magrebíes, que realizaban tareas agrícolas con jornadas de hasta 14 horas durante seis días a la semana y sueldos "miserables", según fuentes de la investigación.