Aznar acude a Roma con la intención de mantener el actual reparto de poder

El presidente del Gobierno, José María Aznar, no admite, al inicio de la Conferencia Intergubernamental (CIG) que se abre hoy, otra opción que mantener el reparto de votos en el Consejo Europeo acordado hace tres años en Niza y se muestra seguro de conseguirlo, pese a que sólo Polonia apoya su postura. Cree también que para lograr su objetivo no tendrá necesidad de bloquear nada. "No hay que bloquear, porque el acuerdo de Niza ya rige y, si no hay otro nuevo, se seguirá aplicando", explica Ramón de Miguel, secretario de Estado para Europa del Ministerio de Exteriores.

La polémica sobre quién es responsable de la situación actual, si España y Polonia por haber roto el consenso de la Convención -como sugieren el canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, Jacques Chirac-, o Alemania y Francia, por haber quebrado el consenso de Niza, como indican Aznar y el presidente polaco, Alexander Kwasniewski, queda así servida en torno a esta meta primordial y casi única del Gobierno de Madrid en la CIG. Las otras dos, la mención del cristianismo como raíz cultural europea, que, según ha reconocido el presidente de turno, Silvio Berlusconi, no tiene posibilidades de éxito, y la inclusión de una referencia más clara a la subordinación de la defensa europea a la Alianza Atlántica, se sitúan en segunda fila.

Fuentes gubernamentales españolas recuerdan en efecto que, mientras que el acuerdo de Niza se aprobó por unanimidad, 18 países de los 25 que integrarán a partir del año próximo la Unión Europea ampliada escribieron una carta a Valery Giscard d'Estaign para decirle que, si bien el borrador elaborado por la Convención que presidía se aprobaba globalmente por consenso, no existía esa visión común en el capítulo dedicado a reformar las instituciones comunitarias.

Éste es el pilar jurídico de la posición española. "Vamos a la CIG con la fe puesta en que un consenso ratificado por los parlamentos nacionales en todos los estados de la UE es la base de la estabilidad. El que rompa ese consenso tendrá que justificarlo", asegura De Miguel, parafraseando a Aznar.

En medios diplomáticos se ve con cierto optimismo la perspectiva de que la firmeza franco-alemana se desvanezca pronto debido a algunas consideraciones políticas. La Alemania de la posguerra no ha demostrado nunca vocación de ejercer una supremacía en Europa como la que le concede el sistema de doble mayoría previsto por el borrador de la Convención, recuerdan estas fuentes, que añaden: "Alemania ha preferido siempre compartir el poder y se ha visto impulsada a la reforma del sistema de voto por una Francia preocupada por reforzar el eje París-Berlín". Pero, añaden los mismos observadores, más allá del estilo y las ideas muy personales de Chirac, tampoco puede satisfacer a los franceses un reparto del poder tan ligado al criterio de la población que consagra una superioridad indiscutible de Alemania.

El optimismo español se completa con consideraciones sobre el gran interés de franceses y alemanes por ampliar los apoyos a su proyecto de política de defensa y seguridad común en el marco de una Constitución globalmente aceptable para todos y con la convicción de que el reparto de votos nunca será aprobado por mayoría. Como peor escenario se apunta, en consecuencia, que, antes de llegar a un choque frontal, la Constitución pueda ser aprobada en diciembre sin que este tema quede totalmente cerrado. Tratados anteriores, como el de Maastricht, presentaron lagunas parecidas.

Lo que no gusta en absoluto a los responsables españoles de esta negociación, que será llevada personalmente por la ministra de Exteriores, Ana Palacio, es lo que el propio Aznar ha llamado el "mercadeo de escaños y porcentajes", es decir, la posibilidad de aceptar la base del nuevo sistema de voto mediante un compromiso de aumentar el porcentaje de población necesario para decidir por mayoría cualificada y aumentar, al mismo tiempo, los 50 europarlamentarios atribuidos en Niza a España y a Polonia.

Algún observador diplomático ha asegurado que, para que España tuviera con el nuevo sistema la misma capacidad de bloquear decisiones que con el de Niza, el porcentaje de población a tener en cuenta debería ser elevado hasta el 75%.

Con el sistema actual, España puede bloquear una decisión con los apoyos del Reino Unido, Italia y sólo un país medio-pequeño, como Lituania. Pero con el sistema nuevo, estos mismos países sumarían poco más del 33% de la población, frente al más del 40% necesario para bloquear. Asimismo, España y Polonia, que en Niza suman 54 votos, sólo cuatro menos que Alemania y el Reino Unido, en el sistema de la Convención no representan más que un 16,19% de la población, es decir, menos que Alemania.

Aunque el modelo es muy complejo, porque tiene muchas variables, parece que los sistemas empezarían a equilibrarse cuando el porcentaje de población requerido por la doble mayoría introducida en la Convención llegara al 65%. La posición española se presenta, sin embargo, como de principio y no admite componendas. Insiste en que sólo la fidelidad a Niza garantizará estabilidad y confianza en las instituciones europeas y destaca que el predominio del factor población introduce un cariz federalista en un modelo de construcción europea que, para Aznar y la mayoría de los Quince, debe ser intergubernamental.