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Una veintena de cargos de Vox exigen a Abascal que “rinda cuentas” y piden una “refundación”

Un centenar de afiliados y exmilitantes de la formación ultra dan la cara y denuncian la falta de democracia interna

Disidentes de Vox en el acto del 22 de febrero en un hotel de Barajas.
De izquierda a derecha, el general Antonio Budiño; Idoia Ribas, diputada balear; Sonia Lalanda, concejal de Palencia; Ana Rosa Hernando, procuradora de Burgos; Javier Teira, procurador de Salamanca; Mª Ángeles Guardiola, edil de Rivas Vaciamadrid, y Alejandro Pérez de la Sota, concejal de Salamanca, con la Declaración de Barajas.
Miguel González

Nunca, desde que accedió al poder en Vox, hace más de una década, se había enfrentado Santiago Abascal a un desafío interno tan serio. En los últimos años ha sido constante el reguero de bajas y expulsiones, casi siempre silenciosas, mientras que los críticos, salvo excepciones, se han refugiado en el anonimato por temor a represalias. Este sábado, sin embargo, casi un centenar de afiliados y exmilitantes de Vox de toda España —entre ellos más de una veintena de concejales y cuatro diputados autonómicos— han aprobado la llamada Declaración de Barajas, en la que exigen a Abascal que “rinda cuentas” de su gestión política y económica y piden que se convoque, “a la mayor brevedad, un congreso refundacional” del partido.

Este grupo de críticos de Vox no discrepa de los principios ideológicos de la formación ultra; al contrario, reclaman que se recupere su manifiesto fundacional. Pero denuncian la supresión de cualquier forma de democracia interna y el desvío de los fondos del partido a un “entramado empresarial”. Por todo ello, exigen “que tanto el presidente [Abascal] como el CEN [Comité Ejecutivo Nacional] rindan cuentas de su mala gestión organizativa y su mala praxis económica”.

El manifiesto de estos críticos también denuncia “la pérdida de capital humano” y la “sangría de personas de gran talla […] a quienes se abre expediente, se invita a marchar [del partido] o se ignora su existencia”; en alusión, entre muchos otros, a los exdirigentes de la formación Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Macarena Olona. Ninguno de estos, sin embargo, ha acudido este sábado a la reunión celebrada en un hotel próximo al aeropuerto de Madrid-Barajas. Quien sí ha asistido, aunque no ha llegado a intervenir, ha sido el exdiputado del Congreso Rubén Manso, gurú económico de Vox en la anterior legislatura y destacado miembro del ala ultraliberal del partido, que fue depurada por el aparato al elaborar las últimas candidaturas. A la llegada de Manso, cuando el acto ya se había iniciado, ha sido recibido con una ovación del público en pie.

En total han participado 95 afiliados y exmilitantes de 31 provincias, muchos de ellos excargos orgánicos, incluidos más de una veintena de concejales de Jaén, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Cantabria, Palencia, Salamanca, Toledo, Albacete, Guadalajara, Tarragona o Madrid; así como dos diputados autonómicos de Castilla y León y dos de Baleares. Han tomado la palabra el general retirado Antonio Budiño, candidato al Congreso por Pontevedra en 2019; los concejales Alejandro Pérez de la Sota (Salamanca) y Mari Ángeles Guardiola (Rivas Vaciamadrid), la exdiputada madrileña Alicia Alonso y los diputados autonómicos Idoia Ribas y Javier Teira.

En la declaración final, leída por la concejal de Palencia Sonia Lalanda, se recuerda que, en su documento fundacional, Vox se comprometió a mantener un “funcionamiento democrático” y una “financiación transparente”; así como a “no coartar nunca la libertad de expresión” de los miembros del partido. Frente a ello, denuncian que “la democracia interna es inexistente”; “la libertad de opinión es perseguida”; la “cúpula se ha bunkerizado”; “la dirección estratégica se ha subcontratado” y “existen dudas públicas sobre el origen y destino de los fondos del partido”. El manifiesto critica la ruptura “por sorpresa” de los cinco gobiernos autonómicos con el PP, “destrozando la esperanza de millones de españoles” y el abandono en el Parlamento Europeo del grupo presidido por la primera ministra italiana Giorgia Meloni “para abrazar al grupo de extrema derecha Patriotas por Europa”.

Los disidentes aseguran que remitirán la declaración a la sede nacional de Vox, en la madrileña calle de Bambú. Aunque no han querido aclarar qué harán si Abascal hace oídos sordos a sus demandas, Lalanda ha asegurado que, “una vez que hemos salido de casa, ya no vamos a volver”; mientras Pérez de la Sota ha subrayado que los críticos del partido, que se han reunido a puerta abierta y con presencia de medios de comunicación, han “perdido el miedo”.

El portavoz de Vox en el Consistorio de Salamanca ha urgido además a pasar de las palabras a la acción. “Que sea ya, mañana es tarde”, ha advertido, aunque sin pronunciarse sobre la formación de un nuevo partido, una posibilidad que nadie ha mencionado. El general Budiño ha recurrido a la metáfora del desembarco de Normandía para asegurar que su misión era tomar la cabeza de playa, mientras que a “los generales”, que no ha identificado, les corresponde planear el resto de la operación. De momento, se ha dado por satisfecho: lo que inicialmente iba a ser un comida de amigos en Ávila se acabó convirtiendo en un encuentro en Madrid de los desencantados con Abascal. Un líder al que, en palabras de la concejal Guardiola, “un día creímos y ahora es completamente desconocido para todos nosotros”.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
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