La Constitución divide a la Europa de los 25

Grandes contra pequeños y europeístas de acelerador contra partidarios del freno. Una vez más en Europa, son ésos los dos frentes que hoy se activan en el Eur, el barrio romano construido en la época fascista de Mussolini, donde los líderes y ministros de Exteriores de los 25 países que formarán la UE a partir de mayo próximo inician las hostilidades por otro nuevo reparto del poder con el proyecto de Constitución europea como campo de batalla. El eje franco-alemán rechaza todo cambio sensible en el proyecto porque tiene delante la oportunidad de oro para asentar su supremacía. España y Polonia encabezan la nutrida resistencia. Y Londres ya se ha asegurado el respeto a sus líneas rojas.

"Cada país debe tener un comisario con derecho a voto", dicen los pequeños

El proyecto constitucional es el producto de un pacto de Alemania y Francia

Como el euro en 1999, todo parece indicar que la primera Constitución Europea nacerá con dolor este año, aunque no estará en vigor hasta 2006. Sólo los seis países fundadores de la Unión (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) han dejado claro que únicamente admitirán modificaciones menores en el proyecto constitucional durante la Conferencia Intergubernamental (CIG) que hoy se inaugura. Son menos en número, pero su peso económico y político supera con creces a todos los demás juntos y, descontado el Reino Unido como caso aparte, también reúnen a muchos más habitantes que el gran bloque de los descontentos.

Todos repiten que suscriben "el 90% del proyecto" redactado en junio por la Convención europea, tras año y medio de sesiones, en las que participaron 105 representantes de la actual UE y de los candidatos bajo la presidencia del francés Valery Giscard d'Estaing. En efecto, se han hecho pocas sugerencias al corazón del texto: la propia existencia de una Constitución para Europa, la creación de un ministro europeo de Exteriores, el aumento de competencias de la Eurocámara, la eliminación del derecho al veto en importantes terrenos que no incluyen Exteriores y Defensa, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales, la cláusula de asistencia mutua en caso de ataque terrorista o catástrofe, el impulso a las políticas comunes Exterior y de Defensa o la posibilidad de que un millón de europeos imponga una iniciativa legislativa concreta.

Pero es en el 10% restante donde residen los problemas que, como siempre, se refieren al nuevo reparto de poder recogido en los artículos sobre la organización de las instituciones Son éstos los diferentes bloques y los principales puntos de fricción:

Los grandes ganan. El proyecto constitucional es, sobre todo, el producto de un gran pacto entre Alemania y Francia. A las puertas de la gran ampliación de 15 a 25 Estados, los dos han decidido que los cuatro grandes países de la UE (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) incrementen enormemente su peso frente a los medianos, como España, y los pequeños. Por eso, el proyecto señala que, a partir de noviembre de 2009, las decisiones en el Consejo se tomarán por una doble mayoría de países (la mitad más uno) que representen al menos al 60% de la población. Es decir, que los votos de cada país estarán en relación directa con su población. Los que sumen un 40% podrán bloquear decisiones.

O sea, que Alemania (17% de la población) y dos grandes más (los otros tres tiene cada uno alrededor del 12%) podrán bloquear toda iniciativa legal que les moleste. Es un cambio radical con respecto al Tratado de Niza, aprobado en diciembre de 2000 y vigente desde febrero pasado. Allí se pactó un reparto de votos según el cual los cuatro grandes tendrían 29 votos sobre un total de 345, y la minoría de bloqueo se fijó en 90 votos. Tres grandes juntos no pueden bloquear con el sistema de Niza, y pueden hacerlo con la fórmula del proyecto constitucional por la que, además, los medianos y pequeños necesitarán muchos más aliados para llegar a ese 40% de bloqueo.

De paso, la nueva fórmula rompe ese sagrado principio de la Unión según el cual Francia y Alemania pesarían lo mismo en el Consejo. Con el proyecto constitucional, Alemania, con sus 80 millones de habitantes, se despega en solitario y tendrá más poder que nadie en el Consejo y también en el Parlamento, donde tendrá 99 escaños sobre 736, precisamente cuando la Cámara va a tener mucho mayor poder de decisión si el proyecto constitucional sale adelante.

La fórmula, que entraría en vigor en 2009, es apoyada lógicamente por los cuatro grandes y encuentra una oposición muy moderada en todos los demás, salvo España y Polonia, que la consideran un casus belli. Sólo si el porcentaje del 60% se modificara al alza, hasta el 64% o el 65%, el poder de España y Polonia podría equipararse al de Francia, Reino Unido e Italia a la hora de bloquear (nunca al de Alemania).

El pacto hispano-polaco. España y Polonia son los dos países que más pierden con respecto al peso en el Consejo que les dio el Tratado de Niza y por eso quieren cambiarlo. Allí obtuvieron 27 votos cada uno, sólo dos menos que los grandes, y así les resultaba fácil lograr con otros aliados los 91 votos necesarios para la minoría de bloqueo. Según el proyecto constitucional, y con una extrapolación de la tabla de países a mil votos, Alemania tendría 170; Francia, 123..., mientras que España se quedaría con 82, y Polonia, con 80. Las posibilidades de ambos para bloquear se reducen al mínimo. Su rechazo a la fórmula tiene grandes posibilidades de convertirse en el gran escollo de la CIG, pese a los pocos apoyos que tienen Madrid y Varsovia. "Somos tres: España, Polonia y... la razón", asumió el martes en Madrid el presidente polaco, Aleksander Kwasniewski. "Nada ni nadie limitará nuestro derecho a defender nuestra posición", agrega su ministro de Exteriores, Wlodzimierz Cimoszewicz.

Pequeños y candidatos. Es el grupo más numeroso y variopinto, con intereses cruzados y opuestos, pero tienen un objetivo común: que cada país siga teniendo un comisario. El proyecto constitucional dice que, a partir de noviembre de 2009, sólo habrá 15 comisarios con cartera y derecho a voto. "Cada país tiene que tener un comisario con derecho a voto", insiste Benita Ferrero-Waldner, ministra de Exteriores de Austria, el país que encabeza a los pequeños en esta guerrilla particular. Apoyados también por la Comisión y el Parlamento Europeo, tienen bastantes posibilidades de éxito si aceptan todo lo demás; por ejemplo, el fin de las presidencias semestrales por riguroso turno. Habrá un presidente de la UE elegido por los líderes para un mandato de dos años y medio prorrogable una vez.

El caso de Londres. El primer ministro británico, Tony Blair, quiere dejar claro en el proyecto que la base de la defensa europea seguirá siendo la OTAN. Le apoyan España, Polonia y la mayoría de candidatos. También quiere que se mantenga el derecho al veto en fiscalidad, seguridad social y procedimientos judiciales. París y Berlín se han mostrado comprensivos con Londres una vez que Blair ha aceptado elevar el nivel de autonomía de la Europa de la Defensa.

Las raíces cristianas. Italia, Polonia, España, Irlanda y, en menor medida, Lituania y Eslovaquia desean que en el preámbulo de la Constitución consten las "raíces cristianas" de la herencia europea. El Papa ha presionado para ello y el actual presidente de la Unión, Silvio Berlusconi, le ha prometido que hará todo lo posible. La laica Francia se opone.