El Gobierno español rechaza tramitar la extradición de los ex militares argentinos

El Consejo de Ministros acordó ayer "no continuar" los procedimientos de extradición de los 40 ex militares argentinos reclamados por el juez Baltasar Garzón, para "permitir" que la República Argentina ejerza la competencia que le corresponde para juzgarles. El Gobierno español ha pedido que se le informe de la culminación de los procesos y que hasta entonces se mantenga a los militares a disposición de la justicia. Según fuentes jurídicas, el acuerdo deja aparentemente abierta la puerta a que España reclame la entrega si las autoridades argentinas no sientan en el banquillo a los represores.

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, explicó que la decisión se basa en la "firme convicción" que tiene el Ejecutivo de que los ex militares serán juzgados en Argentina por sus crímenes, tras la reciente anulación por el Congreso y el Senado del país austral de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La petición del Gobierno de que Argentina le mantenga informado de la culminación del "procedimiento administrativo y judicial" contra los ex militares, y que hasta entonces se mantenga la situación de prisión de éstos, fue recibida con sorpresa y sujeta a variadas interpretaciones, desde que España se reservaría pedir las extradiciones en el caso de que los ex militares no fueran juzgados en Argentina, hasta que el Ejecutivo formula una petición que contradice los términos del Tratado de Extradición.

Todo depende de si "mantener la situación" de los ex militares "a disposición efectiva de la Justicia" se interpreta como mantenerlos "en prisión" hasta su enjuiciamiento, tal como se encuentran ahora, o con medidas pertinentes para evitar la fuga, como fianzas o comparecencias regulares ante los jueces.

Los ex militares argentinos fueron detenidos el pasado 24 de julio por el juez Rodolfo Canicoba a petición del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a efectos de extradición. Pero el artículo 24.5 del Tratado de Extradición entre España y Argentina es taxativo: "En todo caso se decretará la libertad, si en el plazo de 40 días desde la detención no se hubiese recibido la solicitud de extradición".

Ese plazo de 40 días vence el próximo 2 de septiembre por lo que, al rechazarse el trámite de extradición, los detenidos tendrán que salir en libertad, tal como reconocía ayer en Buenos Aires el juez Canicoba. El propio vicepresidente Rajoy admitió, además, que la competencia sobre esa cuestión es de las autoridades judiciales argentinas.

Tribunales competentes

En el acuerdo de "no tramitar" la extradiciones, el Gobierno argumenta que el tratado vigente entre España y Argentina prevé en su artículo 11 que podrá denegarse la entrega "cuando fueren competentes los tribunales de la parte requerida, conforme a su propia ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición".

Según el Gobierno, dicho artículo contiene el principio básico y esencial de la extradición, que es "la preferencia de la jurisdicción del Estado en el que se han cometido los hechos por sus propios nacionales, cuando éste cuenta con los instrumentos necesarios para proceder al enjuiciamiento de los hechos".

Después de que el juez Garzón reclamase las extradiciones se produjo "un hecho fundamental". El 21 de agosto concluyó el procedimiento parlamentario de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que hasta ahora impedían el juicio y condena de "los hechos cometidos en Argentina por nacionales argentinos".

"De esta forma", prosigue el escrito, "la República Argentina se encuentra en condiciones de iniciar la fase judicial que permita el enjuiciamiento en su territorio de los hechos que motivan las solicitudes de extradición".

Con el fin de permitir que Argentina "ejerza la competencia que le corresponde", el Gobierno acuerda "no continuar los procedimientos de extradición", solicitando a las autoridades de Buenos Aires "que pongan en conocimiento de esta parte la culminación del procedimiento administrativo y judicial en curso, manteniendo hasta entonces la situación de esta personas a disposición efectiva de la justicia".

La decisión del Congreso argentino de declarar nulas las leyes de impunidad debe ser ahora ratificado por la Corte Suprema de Justicia. La Ley de Punto Final decretó el cese de la acción penal contra los que cometieron delitos vinculados a las formas violentas de acción política, y la de Obediencia Debida exoneró a los militares de menor rango por aplicación de principio de subordinación a sus superiores.

En la lista de 40 represores argentinos reclamados por Garzón destacan el ex presidente Jorge Videla, el general Carlos Suárez Masón y el ex jefe de la Marina Emilio Massera.