El Gobierno invierte 33 millones de euros en implantar la 'telejusticia' en España

En los presupuestos para 2003 el Gobierno sólo ha previsto la creación de 30 plazas de jueces, con lo que rebaja drásticamente la media de 126 plazas judiciales anuales creadas desde 1989.

A falta de medios humanos, el Ministerio de Justicia dedica parte de sus esfuerzos y dinero -33 millones de euros- a mejorar la infraestructura tecnológica del sistema, "que siempre se ha incorporado tarde a la Administración judicial", explica Alberto Dorrego, director general para la Modernización de la Justicia, un departamento creado en octubre de 2001, a consecuencia del pacto de Estado suscrito por el Gobierno y los socialistas.

Este letrado de Las Cortes, de 38 años, tiene la complicada tarea de cambiar la situación. Desde su despacho de la madrileña calle de San Bernardo, sede del Ministerio, se ha marcado en un plazo de ocho años múltiples tareas, tanto en su vertiente organizativa como de infraestructuras.

La primera de ellas consiste en interconectar tribunales, fiscalías y registros civiles en una estructura común de información. Otra, crear un portal de Justicia donde no sólo los profesionales (vía intranet), sino todos los ciudadanos realicen sus gestiones o accedan a sentencias", a través de Internet. Un proyecto que, asegura Dorrego, "estamos ultimando".

La primera piedra de esta nueva estructura empezó en la dácada de 1990 con la implantación del programa de gestión procesal, Libra, en todos los tribunales españoles, sean penal, civil, contencioso-administrativo o laboral.

"Hoy, el 90% de las actuaciones judiciales ya se tramitan con sus versiones actualizadas, Libra II y Minerva". Minerva ya ha sido implantada en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales, explica Dorrego.

Una tarea compleja, pues hay 436 partidos judiciales repartidos en 700 sedes,

donde trabajan unas 50.000 personas. "La herramienta de gestión procesal es la aplicación troncal de la Administación de Justicia. Es una herramienta flexible y desarrollada a medida por el Ministerio bajo el sistema de código abierto Linux. Sin ella no funciona nada", dice Dorrego.

Lexnet, una red para compartir

No es suficiente. Falta implantar un sistema de comunicación que permita que la información se pueda compartir con eficacia y que "además permita la continuidad electrónica de un expediente".

Lexnet, en proceso de construcción, pretende unir en este proceso telemático bidireccional a los jueces con los abogados y procuradores, "dos colectivos que monopolizan el 85% de las comunicaciones, sean notificaciones o presentaciones de escritos".

Esta red, una aplicación basada en entorno web, es un sistema centralizado contra el que trabajarán todos los órganos judiciales. De momento, Lexnet se ha implantado en versión de pruebas en el Supremo, dos juzgados de León y otros tantos de Palma de Mallorca. Objetivo: dotar a estas sedes con registros electrónicos y formar al personal que lo lleva, lo más complejo. "Vistos los buenos resultados, a finales de año Lexnet estará implantada en todo España", asegura Dorrero.

Cuando eso ocurra, abogados y procuradores podrán acceder a Lexnet mediante el certificado electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), el mismo que sirve para hacer la declaración de la renta por Internet, a la espera de que se implante el DNI digital.

En las fiscalías también habrá cambios porque "sus sistemas de gestión procesal se han quedado obsoletos". Se trata de una herramienta basada en Java evolucionado (J2EE). "Es una arquitectura mucho más moderna que Libra o Minerva que permitirá hacer operaciones remotas".

Los 1.750 fiscales que hay en España y el funcionariado repartido por el territorio también empezarán a ver las innovaciones a partir de este otoño.