La videoconferencia facilita la presencia de los testigos y peritos en los juicios
El presidente de la Audiencia de Valladolid recuerda que, con la videoconferencia, todo es más llevadero en los juicios contra la libertad sexual o en los que intervienen delincuentes peligrosos
Una cámara y una pantalla ocupan el lugar de los testigos en el caso de la línea erótica, el homicidio de Sonia Pereira a manos de su compañero sentimental, Manuel Sánchez Gangoso.Un experto en toxicología declara desde 200 kilómetros de distancia gracias a la videoconferencia. Es el séptimo telejuicio celebrado en Valladolid.
Ante esas cámaras prestan declaración testigos, peritos y acusados, aunque estos últimos tengan que estar obligatoriamente presentes en la sala donde son juzgados, por oden del Fiscal General del Estado.
Todos los demás pueden comparecer con garantías desde cualquier rincón del mundo, lo que ahorra numerosos gastos de desplazamiento y, en ocasiones, evita la casi imposibilidad de comparecer en un juicio. Esto fue lo que sucedió en el caso más famoso de los juzgados en la Audiencia de Valladolid, la primera vez que se permitió declarar por Internet a un testigo que se encontraba en Paraguay.
Esta experiencia cibernética tuvo lugar el pasado 8 de abril, cuando se celebró un juicio por estafa contra cuatro personas para las que el fiscal pedía ocho años de cárcel y una multa de 17.300 euros. Benito Barreda, uno de los testigos, vivía y trabajaba en la capital paraguaya, lo que dificultaba (y encarecía) su presencia en España.
Para resolver el problema, la Audiencia vallisoletana montó una videoconferencia, que se encontraba todavía casi en pruebas. Una vez resueltos los aspectos legales, el testigo tuvo que personarse en un edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay para declarar en la vista, contando con la presencia extraordinaria del embajador de España.
La declaración del testigo se prestó en tiempo real, lo que significa que Barreda Pérez pudo responder de inmediato y desde Paraguay a todas las preguntas que los jueces, el fiscal o los abogados quisieron hacerle desde Valladolid.
El presidente de la Audiencia vallisoletana, Jesús Manuel Sáez Comba, recuerda que se toparon con una dificultad aparentemente insalvable: la incompatibilidad de las líneas telefónicas, digitales en España y analógicas en Paraguay, lo que hacía imposible usar el sistema de videoconferencia del Ministerio de Justicia.
Se recurrió a una simple webcam, que, por poco más de 30 euros, permite ver a la persona con la que se habla. Sáez Comba se empeñó en celebrar este juicio pora través de Internet. "El sistema no solamente es barato, sino que garantiza todos los derechos de los que participan en un juicio, incluyendo el que tienen a que se celebre lo antes posible".
"No se trata solamente de testigos que vivan alejados del lugar donde se celebra la vista", reconoce Sáez Comba. "Muchas veces tenemos que recurrir a peritos altamente especializados que no pueden multiplicarse entre las varias salas y provincias donde son necesarios sus servicios".
El Ministerio de Justicia calcula en unas 700.000 horas al año, prestadas por 800 policías, lo que cuesta el traslado y custodia de presos, aunque parte no se ahorran por la orden de Cardenal de que el acusado comparezca en directo.
No es sólo el ahorro de gastos. El presidente de la Audiencia Sáez Comba recuerda que todo es más llevadero en "los juicios contra la libertad sexual o en los que intervienen delincuentes peligrosos", porque no es un plato de gusto compartir sala con un violador o con el miembro de una banda profesional de atracadores.
Sáez Comba recuerda el juicio a una banda dedicada a la prostitución: uno de los testigos de cargo compareció desde Valladolid, mientras los acusados se encontraban en Ávila. Dada la naturaleza del delito y de los procesados, el citado testigo compareció en calidad de "protegido", por lo que ninguno de los que estaban en la capital abulense le vieron la cara. ¿Y cómo garantizar que el testigo es auténtico?. "Pues con la presencia de un agente judicial, que, además de asegurar que es la persona elegida, garantiza que declara libremente".
'Telejuicios', a petición
Cualquiera puede pedir que un determinado juicio se celebre por videoconferencia: abogados defensores, acusación privada, fiscales, jueces o magistrados tienen la posibilidad de solicitar la utilización de esta tecnología, que hasta el momento no ha sido recurrida por ninguna de las partes. Pero ¿quién garantiza que un hacker no acceda a la Red y pueda manipular el proceso que se sigue?
El presidente de la Audiencia de Valladolid, que ha sido vocal de la Comisión de Informática del Consejo General del Poder Judicial, resuelve la duda: "La confidencialidad está totalmente asegurada desde el momento en que la conexión se realiza por vía telefónica, lo que hace imposible un ataque pirata al sistema", que podría desvirtuar todo el proceso. Además, como dice Sáez Comba, "todo ello sin olvidar un matiz: que el juicio es público, de tal manera que si alguien entrara por Internet y viera que está declarando un testigo, tendría el mismo derecho a mirar que si se personara en la sala".
Sáez Comba confía en que en un futuro el sistema se implante en las cárceles, lo que evitaría numerosos traslados de presos desde esos lugares hasta los juzgados, con los consiguientes gastos de desplazamiento y riesgos de fuga. Esta aspiración hace que quede muy lejos la primera vez que Sáez Comba organizó una videoconferencia para facilitar la presencia de un testigo incapacitado y de edad muy avanzada, en un juicio en Sevilla. "Teníamos tan pocos medios, que tuvimos que pedir a la Universidad de Valladolid su sala de videoconferencia para ahorrarle al testigo un viaje tan largo".
A 30,95 euros por hora
Más de ocho millones de euros ha invertido el Ministerio de Justicia en equipar al medio centenar de audiencias provinciales de toda España de un sistema de videoconferencia para la celebración de juicios orales con la participación de testigos o peritos en sitios diferentes. Este plan de modernización responde a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada en el Congreso, por unanimidad, el 16 de abril de 2002.
En el documento se hace referencia a la necesidad de "establecer y consolidar un sistema de comunicación... que permita dinamizar la Justicia", se recuerda el derecho que tienen los ciudadanos "a que su comparecencia... resulte lo menos gravosa posible", y la posibilidad de "comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos".
Aunque el ahorro económico en dietas y desplazamientos no es la única razón para la inversión económica, en los documentos oficiales del Ministerio se ponen ejemplos prácticos de cuánto cuesta una hora de videoconferencia. Con el lenguaje puntilloso de la Administración en general, se ofrecen datos relacionados con el tipo de conexión (provincial, metropolitana, internacional) realizada a través de Telefónica, la única que ofrece cobertura RDSI. Si la conexión se realiza, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, el coste por hora es 30,95 euros IVA incluido, mientras que si las localidades que hay que unir son Madrid y Bruselas el coste se dispara hasta los 74,41 euros por cada hora de conexión.
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