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Madrid es la única comunidad que cobrará el impuesto de gasolinas

El tributo se destinará a financiar la sanidad

Llenar el depósito de combustible será más costoso en Madrid a partir del jueves. Ésta es la única comunidad que ha decidido aplicar el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos para financiar su Plan Integral de Calidad Sanitaria. Las gasolineras cobrarán un céntimo de euro (1,6 pesetas) más por cada litro vendido de gasolina o gasóleo hasta el final de este año. El próximo año el gravamen será de 1,7 céntimos por litro, y en 2004, de 2,4. Las demás comunidades que apoyaron esta iniciativa del Gobierno central (todas las del PP y Cataluña) no aplicarán el impuesto, por lo menos este año.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002 creó el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos que entró en vigor el 1 de enero de este año. El impuesto impone a las gasolineras un gravamen de 2,4 céntimos de euro por cada litro de combustible, y permite a las comunidades cobrar un tramo autonómico adicional para financiar la sanidad o determinadas políticas de medio ambiente. Los topes establecidos por la ley son de un céntimo de euro por litro de gasolina o gasóleo vendido hasta final de año, de 1,7 hasta el final de 2003 y, en adelante, de 2,4 céntimos.

Madrid será la primera comunidad que cobrará el tramo autonómico de este impuesto. A pesar de las críticas de los socialistas, la Asamblea decidió el pasado miércoles que el gravamen se haga efectivo a partir del 1 de agosto. Esto supondrá para la comunidad un ingreso de 200 millones de euros de aquí a 2004, que se destinará íntegramente a su Plan Integral de Calidad Sanitaria.

- Comunidades del PP. Aunque fue el Gobierno del PP el que impulsó el proyecto, ninguna otra comunidad gestionada por ese partido cobrará el impuesto a las gasolineras. Argumentan que no necesitan esos recursos o que prefieren 'estudiar' la situación.

El Gobierno de Galicia considera que tiene un 'excelente' modelo de financiación sanitaria; el de Cantabria, que la suya es 'satisfactoria', y el de La Rioja, que sus ingresos son 'suficientes' para cubrir los gastos sanitarios. Con las elecciones autonómicas de 2003 a la vista, los Ejecutivos regionales han decidido darse un margen de espera.

La Generalitat valenciana y Castilla y León se comprometieron a no aplicar el impuesto por lo menos hasta el final de esta legislatura. 'Manifestamos en su momento que nos parecía bien que se regulase el tramo autonómico, pero ya dijimos que no era nuestra intención usar esa potestad normativa', dice el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla. Ésta es la comunidad que tiene menos camas por habitante en España. Si la media estatal está en 4,1 por cada 1.000 habitantes, en esta autonomía el promedio desciende hasta las 3,1 por cada 1.000.

'Todavía no es oportuno', sostiene el director general de Tributos de la Región de Murcia, Miguel Ángel Blanes. 'Estamos plenamente conformes con el espíritu de la ley, pero no podemos cobrar el impuesto hasta que veamos cuáles son nuestras necesidades futuras y conozcamos perfectamente la gestión cotidiana de la sanidad'.

- Comunidades del PSOE. En las comunidades socialistas, la negativa a recaudar por esta vía tiene más tintes políticos que prácticos. 'No estamos de acuerdo con la confección del impuesto', dice Jaime Rabanal García, consejero de Hacienda del Principado de Asturias. Y aduce dos razones: 'Primero, porque cuando se negociaba en julio de 2001 se propuso hacer para este año un estudio previo, pero el Gobierno terminó imponiéndolo. Segundo, porque no estamos de acuerdo con que los servicios públicos esenciales se financien con impuestos indirectos. Es evidente que no lo implantaremos'. El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, se preguntaba a finales de junio: '¿Y si hay un bajón en la economía, se deja de pagar la sanidad porque la gasolina sube y nadie la usa?'.

Pero no todas las negativas son rotundas. 'No se puede ser categórico', dice el consejero de Hacienda de Baleares, Joan Mesquida. 'Lo lógico es evaluar el primer año para ver cómo han funcionado las transferencias. Puede haber circunstancias especiales, pero mi opinión es que no se va a utilizar el tramo autonómico'

- Cataluña. El Gobierno catalán parecía uno de los llamados a ir a la vanguardia en el cobro del impuesto, ya que fue el que más firmemente defendió su creación. Pero la posibilidad queda descartada, por lo menos hasta diciembre de este año. Para el próximo, está por ver, aunque en principio el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, puede resistirse a aparecer como el responsable de un aumento de la presión fiscal en un año en el que hay elecciones. Pujol y su consejero de Economía, Francesc Homs, saben que aplicar el impuesto requerirá una ley del Parlamento catalán a la que previsiblemente se opondría el PSC para así desgastar a CiU.

Pujol ha calificado el recargo de 'inevitable', y fue el propio Homs quien defendió que las autonomías pudieran cobrar una tasa sobre los carburantes para financiar la sanidad. Cataluña, que tiene el 17,7% del consumo nacional de carburantes, sería la comunidad que más ingresos obtendría mediante el cobro del impuesto. El recargo daría unos 60 millones de euros sólo en su primer año de aplicación, y más del doble si se cobrara en su totalidad.

Este artículo ha sido realizado con la colaboración de Cristina Vázquez y Sebastián Tobarra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de julio de 2002