El Gobierno redujo en 2001 en un 33% el acceso a pensiones por sida

Un 74% de los seropositivos evaluados por el Instituto de las Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) antes del 26 de enero de 2002 obtuvo un grado de discapacidad de más del 64%. El porcentaje bajó al 41% entre los que se evaluaron después. La diferencia es importante: tener un 65% de discapacidad permite cobrar una pensión no contributiva, el único ingreso de muchas de estas personas. La causa del descenso está en un real decreto que endurece los criterios de evaluación del Imserso. La norma también ha afectado a unos 900 pensionistas que han perdido la subvención.

Las ONG de atención a seropositivos y enfermos de sida ya habían advertido de que el Real Decreto 1971/1999 podía dejar sin pensión no contributiva a casi la mitad de los beneficiarios. El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo confirma, según los datos facilitados por el director de Programas del organismo, Francisco Margallo, a la Mesa Estatal de Minusvalías.

Donde se ha visto más claro el efecto del decreto ha sido en los casos nuevos. El 74% de los 22.365 enfermos valorados antes de que entrara en vigor obtuvieron una discapacidad del 65% o superior. Desde enero del año pasado hasta marzo de 2002 se han evaluado 2.257 casos, según el Imserso, y sólo el 41% consiguió superar la barrera que da derecho a pensión.

Tampoco los seropositivos que ya tienen una prestación están a salvo. Durante el último año se han revisado 1.587 valoraciones, y unas 900 personas (el 59%) han visto cómo su grado de discapacidad bajaba del 65%, por lo que perdían el derecho a la prestación. Para la mayoría de ellos, quedarse sin la pensión supone el fin de su única fuente de ingresos. Estos 1.587 casos son el 15% de los 10.427 que el Imserso considera como 'revisables', y que se arriesgan a perder la ayuda en el futuro.

Las asociaciones de afectados han protestado varias veces por las nuevas condiciones de valoración. Incluso la anterior subdirectora general para Personas con Discapacidad del IMserso, Encarnación Blanco, se hizo eco del caso, y emitió el 1 de marzo de 2001 unas recomendaciones para aclarar los criterios de evaluación. Pero la circular, de carácter orientativo, no ha frenado el aumento de casos de desamparo, según denuncian las ONG.

Factores psicosociales

El documento de Blanco insiste en que la valoración de las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida se realicen por equipos multidisciplinares. Su objetivo es que se tomen en cuenta los condicionantes psicosociales de los infectados por el VIH.

Un punto importante en que se matiza el decreto está en el requisito de que haya seis ingresos hospitalarios durante un año para tener derecho a la máxima calificación de discapacidad. La recomendación aclara que 'debe atenderse como atención médica hospitalaria cualquier atención médica realizada en servicios relacionados con un hospital de referencia, incluyéndose en ello, por ejemplo, la llevada a cabo en hospital de día, hospitalización a domicilio, servicio de urgencias o unidad de estancia corta'.

La circular también recoge los aspectos psicológicos de la enfermedad, tanto si están relacionados con 'la dependencia de sustancias psicoactivas' como con otras causas. Otros factores que deben ser evaluados son 'la dificultad en los contactos sociales' o los 'problemas de rechazo social'.

Miembros de los equipos de valoración consultados reconocen que los consejos no han llegado a todos, y las asociaciones de seropositivos detectan un 'alarmante' aumento de casos de personas (mayoritariamente ex drogadictos) que no tiene acceso a ningún tipo de subsidio.