Recorte a las pensiones del sida

Cuando en 1986 a Fernando Dueñas, un madrileño de 37 años, le diagnosticaron sida, comenzó a percibir una pensión no contributiva por minusvalía de 40.000 pesetas. Hace cuatro meses se la quitaron. Sigue padeciendo esta enfermedad incurable, pero según el nuevo baremo del Real Decreto del 23 de diciembre de 1999, ha pasado del 65% de minusvalía al 33% y no tiene derecho a la pensión. Ha llevado su caso a los tribunales. 'Para mi sorpresa, ahora sólo tienen en cuenta la diabetes y la migraña que padezco por el VIH', explica Dueñas. 'Llevo ocho años fuera de las drogas; la pensión me ayudó a salir de ese mundo, con mis limitaciones, porque no daba para mucho. Menos mal que vivo con mi madre', añade.

Se conocen casos de enfermos de sida que dejan la medicación para no perder la pensión

Se desconoce el número exacto de personas enfermas de sida que perciben este tipo de pensiones, pero se estima en unas 11.000 (cifra de octubre de 2000). En los últimos ocho meses el número de beneficiarios de la pensión ha disminuido un 25%, lo que significa que un año y tres meses después de la entrada en vigor del Real Decreto el 35% la ha perdido, según la Mesa. La razón es que se ha endurecido el baremo para determinar que una persona es minusválida.

Empieza a cundir la alarma entre los afectados. Hay enfermos que, según han confirmado tres ONG a este periódico, han llegado al extremo de dejar la medicación para obtener la pensión. Otros han llevado su caso a los tribunales y algunos la han recuperado.

En España se han diagnosticado 60.458 casos de sida desde 1981, de los que ha fallecido el 55%, aunque se calcula que 120.000 personas están infectadas por el virus. 'Cuando comenzó a extenderse la enfermedad, la Administración dio pensiones de forma muy generosa. Pensaban que iban a morirse todos. Ahora, con la nueva medicación, sobreviven pero se quedan sin el ingreso que han tenido durante diez años. No han trabajado en este tiempo y encuentran muchas dificultades para que les den empleo. Están agobiadísimos. Hay gente a la que ni tan siquiera han avisado: va al banco y se encuentran que no hay paga', explica Gloria García Lalinde, miembro de la Mesa.

Si les aplicaran el nuevo baremo a las más de cien personas que reciben pensión y acuden a la consulta de Juan González, médico de VIH del Hospital La Paz y presidente de la ONG Apoyo Positivo, sólo una tendría derecho a ella. 'Para recibir la ayuda, el baremo exige un nivel de defensas que sólo alcanzan los enfermos terminales. También puntúa el número de veces que el enfermo está ingresado en un hospital. Se da la contradicción de que el enfermo toma la medicación en casa y sólo acude al hospital para las revisiones. La baremación la ha hecho un grupo de expertos de la Universidad de Salamanca sin experiencia clínica ni conocimiento de la realidad psicológica y social del mundo del sida', explica González.

Tener VIH no representa ya ninguna ventaja para obtener la pensión. 'No se ha creado una baremación específica. Se evalúan las disfunciones de cada órgano, pero no los riesgos del propio VIH como son los devastadores efectos de la medicación, ni las dificultades laborales y sociales del seropositivo', afirma González.

En la revisión de la pensión que le hicieron en diciembre, José Pego, de 36 años, vecino de Santiago de Compostela y enfermo desde hace 15, su grado de minusvalía pasó del 75% al 24% y por tanto dejó de percibir la pensión que disfrutó durante cuatro años. José padece hepatitis C, ha tenido accesos de pulmón y cólicos al riñón, y toma retrovirales que lo dejan 'hecho polvo'. 'Me han quitado hasta la cartilla de pensionista; los medicamentos, salvo los del VIH, me los pago yo'. Cuando estaba sano, José era marinero. No puede volver a la mar porque 'el cuerpo no aguanta'. Quiere trabajar pero de momento se tiene que conformar con las 10.000 pesetas mensuales que gana en un taller ocupacional. Como Fernando, José ha acudido a los tribunales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está en negociaciones con la Mesa y en un intento de acercarse a las posiciones de los afectados ha enviado a las Comunidades Autónomas unas recomendaciones para la aplicación del decreto que, sin embargo, no son vinculantes. Consecuencia: cada provincia está aplicándolo de una manera distinta, según González, que considera que hay tres posibles soluciones. 'O se busca una compensación alternativa a las pensiones; o se modifica el baremo; o se flexibiliza su aplicación adecuándolo a la realidad del VIH como están haciendo algunas Comunidades Autónomas y ante la duda se le da la ayuda al enfermo'.