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El supuesto fraude a las ayudas de la UE a la producción de cítricos supera los 260 millones

Uno de los investigados por el juez es Carlos Serra, padre del presidente de Asaja Sevilla

Las investigaciones judiciales se centran en las ayudas comunitarias en la campaña 1997-1998 relativas a la retirada y la transformación de cítricos. Las irregularidades encontradas entre los socios y asociados de Cítricos del Sur son variadas, aunque prima la falta de acreditación debida de la producción.

En relación con la retirada de cítricos (indemnizaciones concedidas por la UE cuando el mercado está saturado), según los informes entregados a la Fiscalía y posteriormente ratificados por los técnicos del Junta ante el juez, se considera que la empresa SAT Alconchel no ha justificado su condición de productor de cítricos, sino que intentó hacerse pasar como tal con supuestos contratos de arrendamientos de fincas naranjeras. Los informes técnicos consideran que estos arrendamientos no eran tales, sino que más bien se trataba de compras de la fruta 'a mocho', cuando aún no se ha recolectado de los árboles.

Por ejemplo, esta empresa, según consta en los informes, tan sólo arrendó verbalmente la finca La Juliana, en Bollullos de la Mitación (Sevilla), y no se produjo liquidación alguna y la finca fue explotada por sus propietarios. En dos fincas de Gibraleón (Huelva), la misma empresa usó idéntico sistema.

Otra empresa asociada y vinculada a SAT Alconchel, Comercial Fupal, utilizó una variante del arrendamiento, en la que sí se llegaba a rubricar éste con los productores, pero se rompía apenas pasados unos días. Éstos fueron los casos de explotaciones sevillanas en La Algaba, Utrera, Dos Hermanas y Lora del Río. Además, la producción de estas fincas se vendía a SAT Alconchel.

Otros socios de Cítricos del Sur a los que los técnicos acusan de no haber acreditado suficientemente su condición de productores son Jesús Yelo Molina y Saferma SL. El supuesto fraude en este apartado de las ayudas se calcula que es de 135 millones de pesetas.

En lo que respecta a las ayudas correspondientes a la transformación de cítricos, el principal punto que levantó la sospecha fue el hecho de que Cítricos del Sur no cuenta con instalaciones de almacenaje y en los documentos de la cooperativa figura que las frutas de estos socios se entregaron bastante después de la fecha en la que se comprobó que había finalizado la recolección de las mismas.

Éste es el caso de la sociedad El Sequero, en la que se justificó la tardanza por las lluvias. Los equipos técnicos aseguran que en esas fechas (principios de marzo) no se produjeron en la región precipitaciones. Además, se asegura que el almacenaje de la fruta que posteriormente se dedica a la transformación (zumos, mermeladas...) no es rentable económicamente. Igual sucede con la sociedad Agrios del Guadalquivir, para la que también se pide que se rechacen las ayudas percibidas después de la recolección.

Sociedades implicadas

En este apartado, en el que se calcula un supuesto fraude total de 126 millones de pesetas, vuelven a aparecer las sociedades SAT Alconchel, Comercial Fupal y Jesús Yelo Molina, a las que se les niega de nuevo su condición de productores.

Para otros socios como Agrícola Las Cuartas, Enrique García Durán e Hijos y Francisco Crespo Gálvez, también se pide la retirada de las ayudas por una supuesta falsedad en la cantidad de fruta producida o por haber entregado la misma bastante después de la recolección. Entre los investigados también está Carlos Serra Vázquez, padre del presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, que según la documentación que consta en el juzgado no justificó debidamente la producción de 500 toneladas de naranjas. Un representante de Cítricos del Sur, Jesús Carmona, aseguró ayer que en este caso, se trata de 'un fallo del peritaje, en el que se confundió la palabra recolectado por recolectando'.

El presidente de Asaja Sevilla, quien dijo estar al corriente de los negocios de su padre, indicó que no había recibido ningún requerimiento 'ni de la Consejería ni del juzgado por ningún tipo de irregularidad' y confirmó que Carlos Serra Vázquez abandonó la cooperativa tras las inspecciones.

En su acta administrativa, la Consejería de Agricultura pide a las sociedades y socios investigados que devuelvan, incluidas penalizaciones, alrededor de 700 millones de pesetas.

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