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Suráfrica celebra un juicio decisivo para el abaratamiento de los fármacos en países pobres

Las multinacionales demandan al Gobierno por favorecer la fabricación de genéricos

Las ONG han definido el juicio que hoy comienza como 'el proceso de la vergüenza'. Según estas organizaciones, el proceso puede suponer la ruptura del dominio de las multinacionales sobre la fabricación y distribución de medicamentos, una cuestión capital en un continente como el africano, diezmado por el sida.

Las actuales normas de la OMC son favorables a que las multinacionales sigan disfrutando de la patente comercial de los fármacos durante 20 años. En consecuencia, la ley surafricana -técnicamente llamada Enmienda Legal número 90 de Control de Medicamentos y Sustancias Afines- aún no ha podido entrar en vigor.

Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam (miembro español, Intermón) y una serie de ONG suizas -entre ellas Cáritas- han pedido a las multinacionales querellantes que se retiren del juicio. 'La industria es hipócrita', dice Justin Forsyth, responsable de Oxfam, que como MSF tiene en marcha una campaña por el abaratamiento y por el acceso universal a los medicamentos esenciales. 'Las empresas hablan de querer mejorar el acceso a sus productos, pero sólo según sus propias normas. En cuanto el Gobierno surafricano intentó poner en marcha una legislación al respecto, bloquearon la medida'.

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De cara al juicio, El Gobierno surafricano ha afinado argumentos: dice que aunque las multinacionales bajen sus precios un 80%, el presupuesto de Sanidad no puede asumirlo y que la ley, si entra en vigor, permitiría adquirir genéricos en países como Brasil e India.

Las empresas litigantes alertan del peligro que corren: 'Queremos invalidar una ley que podría proporcionar al ministro de Sanidad un poder total para acabar con los derechos de patente. Esa ley no sirve para mejorar el acceso a una medicina de calidad'.

Si para las multinacionales -englobadas en la Asociación de Fabricantes Farmacéuticos de Suráfrica (PMA, siglas en inglés- y para las ONG la batalla judicial es decisiva por lo que puede tener de precedente, el Gobierno surafricano también se juega mucho. Un fallo favorable a la ley daría un respiro al presidente Thabo Mbeki, muy cuestionado por su negativa a distribuir a las madres seropositivas el fármaco AZT, base del cóctel antisida, aduciendo que la enfermedad, pese a lo que digan los científicos, no lo causa el virus VIH y que el AZT tiene graves efectos secundarios.

Mbeki quiere mejorar su imagen en el extranjero, un tanto deteriorada por las sospechas de que su postura encubre la incapacidad financiera de su Gobierno para mantener con vida 4,2 millones de infectados de sida. Para ello, Mbeki necesita recaudar más impuestos, algo casi imposible un país donde el 40% de la población está en el paro y el resto vive al límite de la pobreza, y recibir más inversión extranjero. Las más duras críticas a la política sanitaria de Mbeki mantienen que el Gobierno ha optado por dejar morir a los hijos de madres infectadas.

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